Un colimba lleva el sobre marrón

Hacía seis años que Héctor Irastorza había desaparecido, pero su madre lo encontraba en el olor de su ropa colgada en el placard, en cartas viejas y en el diploma de veterinario que nunca estrenó.

Los chicos con futuro no se van, pensaba todo el tiempo.

Ella lo había soñado incontables veces en un abrazo y todavía le batían las sienes cuando le tocaban el timbre. Ya había cruzado el país para buscarlo, había rondado la plaza con las madres y se había puesto el pañal de tela blanco de su hijo en la cabeza.

Héctor nació en LGeneral Villegas, Buenos Aires, fue el mejor regalo en la navidad de 1951, apenas tres meses después de que Benjamín Menéndez intentara derrocar a Perón. En la casa de los Irastorza no se hablaba de política, pero ese hijo se comprometería con el contexto social. Estudió veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata, donde militó en la JP. En 1976, el año del golpe aciago, se recibió y casi al mismo tiempo supo que debía presentarse en el Servicio Militar Obligatorio, con destino al Escuadrón de Caballería Blindada Nº 9, en Puerto Deseado, Santa Cruz.

Ese destino tan al sur del país no le desagradaba, al contrario, las quebradas y acantilados de roca que envuelven a la ciudad le parecieron tan bonitas como para decirle a sus padres que fueran a visitarlo.

Manuel Irastorza y Huri Questa esperaron a que su hijo fuese dado de baja y el 27 de febrero de 1977 viajaron a buscarlo. Al llegar les dijeron que Héctor había desertado, que probablemente lo había hecho para correr detrás de alguna mujer.

El jefe del Escuadrón, el mayor Juan José Vargas, fue quien le comunicó al matrimonio que, 17 días antes de terminar la colimba, a Héctor lo habían mandado a llevar un sobre de papel madera al Comando de la Brigada de Infantería IX de Comodoro Rivadavia, y nunca regresó. Que seguramente aprovechó ese viaje para escapar, que por eso le tuvieron que abrir un expediente por deserción. La pareja inmediatamente echó por tierra esa suposición. Héctor había viajado dos veces a visitarlos en el último año.

No tenía sentido.

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Cuando José Luis Rodríguez llegó con el sobre marrón a Capitán Sarmiento, en Chubut, desde el Regimiento de Las Lajas, decidió escapar. Se fue sin documento, ni plata, ni nada.

El conscripto Hernán Claudio González Rigoli hizo lo mismo. Estaba en el Batallón 101 de Arsenales (Villa Martelli) y aprovechó para desertar cuando su jefe, un capitán de apellido Nápoli, le dio el sobre para entregar en otro lado.

Ni que hablar de Atilio César Martínez Lagrava, que cumplía el servicio militar en el Comando de Ejército de La Plata. Lo mandaron de comisión hasta el Regimiento 7 que quedaba por ahí nomás, para que entregara la papeleta y se esfumó.

Peor lo de Norberto Hugo Palermo, en Campo de Mayo, que la última vez que lo vieron fue con un sobre de papel madera en la mano para entregar y apareció muerto en una comisaría. Sus padres reconocieron el cadáver, pero debió tratarse de un error porque al día siguiente los jefes de Norberto les comunicaron que ahí no había ningún muerto, que el chico había desertado.

La cosa es que todos los que resultaban apáticos a servir a la patria eran peronistas y llevaban un sobre marrón, pero, además, nunca volvieron a casa. Muchos años después, informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de un grupo de ex soldados conscriptos denominado “La Voz de los Colimbas” demostraría que fueron víctimas de un método clandestino de represión.

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De vuelta en Buenos Aires y sin su hijo, Huri Questa no podía asimilar que alguien pudiera desaparecer. Una tarde que sus amigas se acercaron a darle consuelo, le comentaron que, en la iglesia frente a Plaza de Mayo, un grupo de mujeres se reunía para reclamar por sus hijos. Que Héctor no era el único, que estaban pasando otras cosas.

“Fui a la misa y en ese momento ya me enteré de todo y de lo que hacían ellas. Era una cosa muy especial para mí estar con todas. Están los que dicen que para qué buscamos, para qué seguimos, y están los que nos siguen”, contó Huri Questa en el año 2020, en un video producido por la Universidad Nacional de La Plata que recopiló testimonios de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Para cuando se unió al grupo, las madres ya usaban telas blancas envolviendo sus cabezas: representaban o a veces eran los pañales que alguna vez usaron sus hijos y que ahora las identificaba, y también para entonces su fundadora, Azucena Villaflor, ya había sido secuestrada y arrojada sobre el Río de La Plata, en un vuelo de la muerte.

La madre de Héctor siguió esperando al cartero o que sonara el teléfono verde oliva que tenía en el aparador lustrado del living durante mucho tiempo. Su marido le suplicaba que ya no buscara, hasta que un día recibió correspondencia de Patricia Pérez Catán, una militante de la juventud peronista que se encontraba exiliada y le contó que conoció a su hijo en el centro clandestino La Cacha, que formaba parte del campo de concentración del circuito Camps, al mando de Miguel Etchecolatz.

“Señora, yo estuve con Héctor, que le decían ‘el Pesca’… Él estaba haciendo el Servicio Militar en el sur cuando lo detuvieron y luego lo llevaron a La Cacha, donde estuvo en los meses de marzo-abril de 1977”, le escribió.

Le contó que dormían en colchones en el suelo, que sus celdas estaban pegadas y que hablaban mucho. “Tiene muy buen carácter, tenía barba y yo le decía que para mí era igual a uno de los Beatles”.

Para 1978, la banda inglesa ya llevaba diez años disuelta y Paul McCartney, cuyo parecido con Héctor es asombroso, integraba su banda, Wings. El conjunto que tenía con John Lennon, Ringo Star y George Harrison ya no era más, pero Paul, que llevaba una barba descuidada, seguía vigente.

En su carta, la mujer mencionó que la última vez que vio al hijo de Huri Questa fue cuando lo subieron a un camión. Probablemente en un simulacro de liberación que terminaba, al igual que todos los demás, en fusilamiento y cuerpos enterrados como NN. La última dictadura cívico militar nos dejó 30 mil desaparecidos.

Huri Questa

Con el regreso de la democracia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe con 68 casos de soldados detenidos desaparecidos. Entendieron que no se trataba de hechos aislados, sino que, incluso de forma previa a la toma del poder, las fuerzas armadas ejercieron una violación sistemática de los derechos humanos de los subordinados con los mismos elementos que a gran escala sacudieron al enemigo político: desaparición forzada, tortura, el ocultamiento de la información, la marginación del poder judicial, la incertidumbre de las familias y la confusión deliberada de la opinión pública.

A partir de 1976, desaparecieron más de cien pibes que cumplían con el servicio militar obligatorio. Todas fueron detenciones ordenadas por sus jefes, en connivencia con servicios de inteligencia que batían el pensamiento ideológico de los conscriptos, o al menos la sospecha. Fue sistemático: a todos les fraguaron sus archivos con documentos que intentaron explicar que habían desertado.

“Los conscriptos detenidos-desaparecidos son ciudadanos que se encontraban sometidos a la disciplina castrense y podían ser sancionados -si hubieran cometido una falta- con el rigor de los códigos y reglamentos militares. Sus padres confiaban en la seguridad -en ocasiones expresada públicamente- que les proporcionaba el hecho de encontrarse bajo bandera. Todo ello aumenta la gravedad de la decisión adoptada por los protagonistas del llamado Proceso de Reorganización Nacional, que eligieron también en este caso, un método clandestino de represión aplicándolo nada menos que a los soldados subordinados al mando militar”, sostuvo el informe del CELS.

En 2015, un grupo de ex soldados conscriptos denominado “La Voz de los Colimbas” le entregó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa un listado de 218 personas que fueron detenidas y desaparecidas mientras hacían el Servicio Militar Obligatorio en dictadura. Ese trabajo se hizo en base a la tarea que comenzó el ex capitán Luis D'Andrea Mohr, en su libro “El batallón perdido”, que en la década del `90 reveló detalles sobre esta práctica en distintos regimientos del país. El libro contiene testimonios y se ocupa de Héctor Irastorza.

“Averiguaron que el 10 de febrero a las ocho y media de la mañana había tomado el ómnibus con destino Comodoro Rivadavia, conducido por un señor Zapata. Hasta el momento del embarque Héctor Manuel estuvo acompañado por un cabo enfermero de apellido Montenegro”, dice El Escuadrón Perdido, que aclara que al conscripto lo bajaron en Caleta Olivia, setenta kilómetros antes de Chubut.

El libro contiene alrededor de sesenta casos y la palabra de personas que entonces vivían exiliadas en el extranjero, tras haber sido torturadas en centros clandestinos de detención. Un dato resulta sorprendente: “…en su exposición, el testigo asevera que, durante su detención, pasaron por ella de quince a veinte conscriptos. Ellos le relataron que desde el regimiento o unidad los enviaban en comisión, llevando un sobre grande de color marrón. Era la contraseña que los precipitaba en el mundo deshumanizado de los chupaderos”.

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En el año 2015 se conoció el veredicto de la causa La Cacha, que tuvo entre sus víctimas al conscripto secuestrado en Puerto Deseado. El fallo del TOF 1 de La Plata determinó perpetuas y penas de 13 años para los responsables.

Centro Clandestino La Cacha

Los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus sentenciaron a Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Claudio Raúl Grande, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Gustavo Adolfo Cacivio, Jorge Héctor Di Pasquale, Raúl Ricardo Espinoza, Héctor Raúl Acuña, Juan Carlos Herzberg, Jaime Lamont Smart, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda, Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Ángel Amigo, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Julio César Garachico y Horacio Elizardo Luján por homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años, cometidos en perjuicio de 147 víctimas. Una de ellas fue Héctor Irastorza.

En La Plata se juzgó lo que pasó con él en el campo de concentración pergeñado por la Junta Militar, pero no fue contra quienes operaron en su secuestro en Santa Cruz. Esa instancia va a darse en esta provincia del sur, con la primera elevación a juicio de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar instaurada en 1976.

El fiscal del caso, Lucas Colla, que además lleva adelante las investigaciones por el hundimiento del submarino Ara San Juan y por el Juicio de la Verdad por los fusilamientos de obreros huelguistas de 1921-1922, tuvo que determinar que los motivos de los superiores de Héctor para sacarlo de Santa Cruz fueron políticos. Se concluyó que egresado de veterinaria tenía libros y publicaciones vinculadas con el peronismo. Es decir que lo secuestraron por su ideología.

En estos años, los coroneles retirados Juan Vargas, Norberto Giordano, y el suboficial Lorenzo Fernández, que fueron jefe, segundo jefe y suboficial principal del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada N°9 de Puerto Deseado, fueron enviados a juicio, pero todavía faltaba dar con la persona que acompañó a Irastorza en su trayecto hasta “Comodoro”, en febrero de 1977.

Se trata de Luis Alberto Montenegro, un enfermero sobre el que pesaba un pedido de captura internacional de Interpol. Apareció en marzo de 2020 en Uruguay, con la pandemia declarada. Tras el procedimiento de extradición, el juzgado que conduce Marta Yañez logró que lo hicieran venir hasta Caleta Olivia, al norte de Santa Cruz, para ser indagado.

Soldados conscriptos

Montenegro no negó haber acompañado a Héctor Irastorza, simplemente dijo que cumplió una orden y que nunca supo que eso era un secuestro. Que nada más le habían pedido que lo acompañe.

En su requerimiento, el fiscal consideró que “el envío en comisión constituyó un embuste para privar a Irastorza de su libertad, que Vargas a sabiendas ordenó, siendo Giordano quien en definitiva dispuso y de algún modo direccionó la instrucción de las actuaciones por deserción a través de la realización de un informe que señala que Héctor Irastorza faltó sin causa, en ocasión de una comisión de servicio". Colla añadió que en las actuaciones "participó el suboficial principal Lorenzo Fernández, sabiendo ambos que en realidad estaban encubriendo la privación ilegítima de la libertad" de la víctima.

Colla expuso que las actuaciones administrativas por deserción simple se labraron a pocos días de la desaparición del conscripto, y apuntó que se trató de "una modalidad utilizada en la ‘lucha contra la subversión’ para maquillar la sustracción de personas que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio, y que fue llevada adelante en el marco del plan criminal implementado por el gobierno de facto de aquel entonces”.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el coronel retirado Vargas (que luego de su paso por Santa Cruz sería edecán de Videla), debía ser enjuiciado como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, y por haber durado más de un mes y agravada por ser la víctima un perseguido político.

El 2 de junio de 2014, los diarios de La Plata publicaron la noticia de la muerte de Huri Questa de Irastorza. Mucho antes había partido su esposo, por eso la causa no tiene querellantes.

Un aviso fúnebre es distinto a un sobre de papel madera, a una muerte que se lleva en las manos.