Mujeres de la comarca piden la renuncia de Laura Azanza

Duras críticas a la titular del Consejo Provincial de la Mujer. La actuación del organismo en el caso de la desaparición de Vázquez Colque, en el centro de la polémica.

14/09/2017
Viedma

Laura Azanza (foto gentileza)

No es la primera vez que las feministas de la región Viedma-Patagones interpelan a la titular del Consejo Provincial de la Mujer por sus actuaciones u omisiones a cargo de ese organismo, aunque sí es la primera vez que exigen su renuncia de forma categórica y abierta.

Son muchos los reclamos que le hacen a la funcionaria oficialista (hija además de la legisladora circuital por Juntos Somos Río Negro, Graciela Valedevenito), pero en especial le reclaman no haber intervenido en el caso de Silvia Vázquez Colque, la mujer boliviana desaparecida hace tres meses. En enero pasado Colque fue atacada por su pareja y un juez ordenó al Consejo realizar un plan de abordaje.

“Nos debe una explicación”, afirmaron las mujeres organizadas en un comunicado de prensa. “Queremos saber por qué motivo (la mujer desaparecida) no tenía guardia policial en su domicilio. Queremos saber por qué no difunden su búsqueda, los motivos por los cuales profesionales de la institución que preside desconocen quien es Silvia”, plantearon desde la organización.

La Colectiva feminista viene reclamando por Colque desde el momento en que se conoció la noticia. El sábado último organizaron una movilización en Viedma que partió del barrio de Silvia Vázquez Colque, y culminó en la Feria Municipal.

Otra de las críticas que se le hace a Azanza tiene que ver con dichos de la funcionaria, en los que niega que exista un crecimiento en las denuncias por violencia familiar, bajo la ley 3040 que es además la norma que regula el funcionamiento de el Consejo. Las Mujeres Organizadas aseguran que ella “desconoce el propio marco normativo sobre el cual debería trabajar la institución que preside”.

En una entrevista radial, la funcionaria habría declarado que el Ministerio de Desarrollo Social (de quien depende el Consejo) simplemente es responsable de hacer el “seguimiento económico” de los casos sobre violencia familiar, deslindándose así de cualquier responsabilidad sobre asistencia social y psicológica.