# BAHÍA BLANCA

Penas ejemplificadoras revelan accionar represivo en Río Negro

Prisión perpetua deberán cumplir 21 responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Efectivos rionegrinos también fueron condenados. La Nueva Provincia deberá publicar un derecho a réplica por sus notas a favor de la represión.

09/10/2017

Juicio en Bahía Blanca (Foto gentileza)

Asesinatos, desapariciones y apropiación de niños, entre otros delitos aberrantes, constató el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que este 4 de octubre  condenó a 21 de los 31 imputados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército de esa ciudad,  contra 105 víctimas.

Deberán cumplir perpetua en penales comunes los integrantes del Ejército Argentino Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Wartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Julio Guillermo González Chipont; Carlos Alberto Ferreyra, Pedro Angel Cáceres y Jorge Horacio Granada. También a Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, José Enrique del Pino, Víctor Raúl Aguirre, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Alejandro Lawless, Raúl Artemio Domínguez, Arsenio Lavayén, Desiderio Andrés González, Gabriel Cañicul y José María Martínez. 

Por la misma pena fueron condenados los ex policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas. Además, el Tribunal condenó a los integrantes del Ejército Oscar Lorenzo Reinhold, a la pena de 14 años; a Jorge Horacio Rojas, Miguel Angel Nilos y Miguel Angel Chiesa, a la pena de 9 años de prisión, mientras que por la misma fuerza fue absuelto por principio de duda Alberto Magno Nieva, para quien se dispuso la libertad. 

Otras penas recayeron para el ex jefe de la policía de Neuquén Osvaldo Antonio Laurella Crippa, a 9 años; el ex policía federal que se desempeñó en Viedma Osvaldo Vicente Floridia, a 10 años de prisión, mientras que el ex comisario de Cipoletti Antonio Camarelli fue condenado a 3 años. También el Tribunal condenó a la pena de 6 años de prisión al ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense Héctor Luis Selaya, y otros 3 años a Andrés Reynaldo Miraglia, de la misma fuerza. 

El Tribunal ordenó al diario La Nueva Provincia,  además aceptó el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que el diario La Nueva Provincia que “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”. 

Entre los hechos investigados, se incluyeron los casos de 82 personas secuestradas en el centro clandestino de detención "La Escuelita", 42 casos de homicidio (en 13 de los cuales la víctima permanece desaparecida), y la apropiación de los niños de María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, nacidos durante el cautiverio de sus madres.

El legislador por el Frente para la Victoria, Marcelo Mango, presentó un proyecto para comunicar beneplácito por el fallo, comprendiendo que “dio cuenta del accionar represivo durante la última dictadura cívico-militar en la región patagónica y particularmente en las ciudades de Viedma y Cipolletti de nuestra provincia”. Subrayó, además, que también “reconoce la colaboración civil con la dictadura al imponerle a un medio de comunicación cómplice de la represión ilegal, como es el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, la rectificación de las malintencionadas notas que publicaba en esa época para cubrir la tortura y asesinatos de cientos de personas”.