Complica a Weretilneck la investigación por el corte de servicio del IPROSS

El titular de la obra social explicó que no pudo pagar a prestadores por la deuda del Gobierno, que en agosto llegó a los 277 millones de pesos. La decisión política en la priorización de asignación de recursos, en el centro del expediente.

30/10/2017
Río Negro

(Foto gentileza Prensa Provincia)

Nota relacionadaFiscalía citó al titular del IPROSS por los cortes en la atención

Avanza en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) el expediente por el corte de servicios de los prestadores médicos a la obra social IPROSS, en agosto pasado. Esa investigación intenta determinar las responsabilidades por la falta de pago a los profesionales médicos fundamentalmente de la Zona Andina, que derivó en un corte del servicio que afectó a miles de afiliados.

El titular de la obra social provincia, Claudio Di Tella, se presentó ante el Fiscal de Investigaciones, Marcelo Ponzone, luego de la citación de ese organismo de control. En ese marco, explicó los mecanismos de financiamiento del IPROSS, y aportó documentación sobre la situación económica de la obra social.

De acuerdo a información a la que accedió En estos días, a principio del mes de agosto la deuda con el IPROSS ascendía a 277 millones de pesos, de los cuales unos 220 millones corresponden a demoras en las transferencias por parte del Ejecutivo que conduce Alberto Weretilneck.

La obra social se financia con el aporte de los empleados públicos rionegrinos, los jubilados de la Provincia, y los trabajadores municipales. La masa más importante de recursos llega, lógicamente,  por los aportes de los empleados estatales provinciales.

Pero el Gobierno demora las transferencias de los descuentos que aplica sobre los haberes, y ese déficit se traduce en un desfinanciamiento de la obra social y la imposibilidad de pagar a los prestadores.

Este medio pudo determinar que al momento del corte de servicios, a principios de agosto pasado, el Gobierno adeudaba aproximadamente 220 millones al IPROSS, mientras que a mediados de ese mes, el pasivo trepaba a 110 millones. Si a esos montos se les suma la deuda de jubilaciones y municipales, el pasivo de la obra social era de 270 y 162 millones respectivamente.

El Ejecutivo que conduce Weretilneck llegó a esa deuda por los sistemáticos incumplimientos en las transferencias de los aportes de los trabajadores.

Esta situación fue advertida por Ponzone, quien requirió al Ministerio de Economía que explique esas demoras, y detalle los recursos disponibles a esa fecha. El organismo que ahora conduce Agustín Domingo deberá especificar cuál era la disponibilidad de recursos al momento de la interrupción en las prestaciones.

Es que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas intenta determinar si el corte en los servicios a los miles de afiliados al IPROSS se debió a la falta efectiva de fondos, o a la priorización de otros destinos, por decisión política.

Específicamente la FIA investiga si existieron irregularidades en el manejo de fondos de la obra social y a determinar si la Provincia sufrió un perjuicio por las multas originadas en los incumplimientos hacia los afiliados.

La investigación fue iniciada de oficio por Ponzone, aunque luego los sindicatos que componen la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), realizaron una denuncia en la sede de Bariloche pidiendo la intervención de la Fiscalía.

Los cortes en las prestaciones ocurrieron en las ciudades de Viedma, San Javier, General Conesa, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Bariloche y Zona Andina.