“Ahora es fácil pegarles, pero en aquel momento los corruptos tenían todo el poder”

Este lunes se inician las audiencias para juzgar la responsabilidad de empresarios y funcionarios del radicalismo en la causa Flavor, casi diez años después. La denunciante de la causa, Ana Piccinini, habló con En estos días.

06/11/2017
Viedma
Carolina González

Ana Piccinini (foto gentileza)

Nota relacionadaLa suciedad de Flavor llega a juicio oral

Los niños rionegrinos y sus familias carenciadas comieron alimentos que les proveía el Estado provincial, con excremento de ratas, tierra y gorgojos. En el año 2008, Ana Piccinini, por entonces Defensora del Pueblo fue quien destapó el escándalo y casi una década después descree del Poder Judicial y reclama que sea llamado al banquillo de los acusados Miguel Saiz, por entonces Gobernador y máxime responsable del Poder Ejecutivo.

“Jueces cobardes tuvieron el expediente dando vueltas por años, cuando tenían pruebas para dictar las prisiones preventivas ni bien lo presentamos”, dijo a En estos días. Con su característico estilo, Piccinini arremete contra la degradación de las instituciones.

 

Nueve años después de la denuncia inicial, la causa llega a juicio oral y público. Este lunes comienzan las audiencias.

 

Responsabilidades

 

En la cadena de responsabilidades, la ex Defensora del Pueblo recuerda además un eslabón fundamental en la causa por estafas: el fallecido Pablo FedericoVerani, por entonces Ministro de Economía de la Provincia, quien tenía un vínculo estrecho con la familia Mattas, oriunda de Mendoza, dueños de la firma Flavor. Esa empresa se alzó en dos oportunidades con las licitaciones -por un total de 100 millones de pesos-, a pesar de no contar con las certificaciones y títulos necesarios que el Estado exigía para ser proveedores.

Piccinini, durante su cargo en la Defensoría (foto archivo)

Según Piccinini, los mismos operarios de la planta que Flavor tenía en General Conesa fueron quienes filmaron el estado deplorable de la comida que envasaban y luego se distribuía a los comedores escolares y las familias en situación de vulnerabilidad de Río Negro. Se trataba de alimentos procesados deshidratados, contaminados con gorgojos, heces de ratas, pelos y tierra.

Sobre la base de esa información, la ex Defensora del Pueblo basó su denuncia, a la que luego se sumaron docentes, personal no docente de las escuelas rionegrinas y los mismos gremios que los nucleaban. Muchos de ellos declararán como testigos en la causa que, finalmente llega a juicio oral y público.

 

Cadena de irregularidades

 

Todos los alimentos en el país circulan con una numeración determinada que está registrada y permite saber dónde se elaboró, según las leyes nacionales y provinciales. “Los números que Flavor utilizaba en las etiquetas de los alimentos que repartían para que los chiquitos nuestros coman, eran truchos.”, asegura la también ex legisladora Provincial, y explica que “eran números que habían sido dados de baja por Masili (que envasaban caldos), que en algún momento lo sacó del mercado”.

Adriana Gutiérrez

Piccinini detalla que Flavor “envasaba este polvo y le ponía esos números. Hay resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia que aprueban esos alimentos”. Por esas resoluciones estarán sentadas entre los acusados las dos ex Ministras de esa cartera, Adriana Gutiérrez y Cristina Uría.

Alfredo Pega, por entonces Ministro de Familia (hoy Desarrollo Social) será juzgado como responsable de la distribución del alimento en el programa Comer en Familia, destinado a personas carenciadas.

Alfredo Pega (foto archivo Patagonia Fotopress)

Por otro lado, Daniel Fernandez, Máximo Vicchi, gerentes o presta nombres de la empresa, y Javier Mattas, deberán responder por las múltiples irregularidades en los contratos con el Estado.

Según Piccinini el mecanismo de corrupción funcionaba, apañado por los funcionarios de turno, en tanto la empresa Flavor ni siquiera tenía cuenta corriente a donde el Ministerio de Hacienda pudiera depositarle el dinero correspondiente a los pagos, ya que la firma estaban en quiebra. “Cuando tenían una certificación de entrega determinada de alimentos durante el mes, iban a las mesas de dinero y vendían esos certificados, por ejemplo a Factory Nación. Éstos le daba el dinero en efectivo que se llevaban los Matta, que compartirían con algunos dirigentes de Masili”. Para la ex Defensora, además se repartían “el cash” entre los funcionarios.

Cristina Uría

“¿Por qué el Gobernador (Saiz) es el principal responsable?”, se pregunta Piccinini, “porque es el jefe de gobierno y los ministros sus delegados, el que refrenda los asuntos de gobierno para que sean válidos siempre es el Gobernador”, responde.

Además, alerta que nunca se hicieron estudios de muestreo para determinar cuáles fueron o son las consecuencias en la salud de quienes consumieron esos alimentos, ya que cuando lo solicitó, la Justicia respondió que “no lo podían hacer porque ninguna madre denunció y era costoso hacer ese estudio”.

“Cuando nosotros hicimos la embestida contra el gobierno de Río Negro, ellos tenían todos los dientes. Ahora es fácil pegarles, pero en aquel momento los corruptos tenían todo el poder”, concluye.