# LA BANDA DE LOS PARCHES

Frenan investigación sobre cobertura de porterías y exigencias sexuales por trabajo

El Juez Campana rechazó periciar los teléfonos de los denunciados, en uno de los más escandalosos casos de abuso de poder. La Banda de los Parches podría recibir sólo sanciones administrativas. Las mujeres denunciantes, desamparadas.

06/11/2017
Bariloche
Santiago Rey

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El aspecto más truculento del sistema de “parches” con el que, de manera irregular, se realizaba la cobertura de cargos de portería en el sistema educativo en Bariloche, va camino a la impunidad: El Juez Bernardo Campana rechazó analizar el cruce de mensajes y llamadas que demostraría que la mano derecha de la ex Delegada de Educación en la ciudad, exigía favores sexuales a cambio de otorgar puestos de trabajo.

La denominada “Banda de los Parches” funcionaba -según las denuncias que oportunamente publicó En estos días- gracias al paraguas político que le daban las más altas autoridades del Gobierno rionegrino, y los representantes de Juntos Somos Río Negro en Bariloche. Los pedidos de trabajo o ayuda que legisladores como Alfredo Martín recibían en su oficina, eran derivados a Educación, donde la ex Delegada, Marta Corvalán había instrumentado un sistema de cobertura de cargos de portería, por día o semana, pagado con fondos en negro. Su colaborador más directo, Rudecindo Navarro era el encargado de instrumentar el esquema: contactaba a las mujeres, les ofrecía el trabajo temporal, las llevaba hasta las escuela, y les pagaba entre 35 y 40 pesos la hora. Pero además, les enviaba mensajes exigiendo favores sexuales a cambio del trabajo. “San Cayetano”, se hacía llamar.

Corvalán, acusada de "abuso de autoridad"

En octubre de 2016, la Defensoría del Pueblo de Bariloche recibió la denuncia de dos mujeres que relataron cómo, ante el pedido de trabajo en Educación, Corvalán y Navarro las ubicaron en cargos de portería en las Escuelas 315 (en la que Navarro, además, era portero), 328 y 374. Eso sucedió a pesar que desde la delegación se les informó que “formalmente” no estaban tomando gente.

Allí se enteraron que al sistema, se le denominada internamente “parches”. Por esa irregularidad, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas analiza de dónde surgieron los fondos para el pago, para determinar si existió algún tipo de perjuicio al erario público. Además, estudia los alcances del sistema y sus irregularidades.

También la Justicia estudia el caso, bajo la figura del presunto delito de “abuso de autoridad”.

En la denuncia original, se detalló que, a poco de iniciada la “relación laboral”, Navarro comenzó a enviarles “mensajes de texto invitándolas a salir”, y a “trabajar en su casa”. Se trataba de “un contenido no apropiado para una relación que comenzó como un intermediario entre el empleador (Eduación) y la vecina, y comenzó a derivarse como la búsqueda de una devolución de favores”.

Según el detalle al que accedió En estos días, “algunos de ellos (por la devolución de favores) eran directos y la invitaban a conceder beneficios sexuales como contraprestación del otorgamiento de una fuente laboral”.

La mujer tuvo que sufrir el acoso durante tres meses, según relató.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y el gremio ATE, acompañaron la presentación de la correspondiente denuncia ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria (UFAP). Otras víctimas del sistema de parches, se sumaron con denuncias similares.

Fiscal Lista impulsa la investigación (foto gentileza)

En algunos casos, las mujeres denunciantes debieron sufrir la amenaza directa, por parte de funcionarios del área de Desarrollo Social -de estrecha relación con “San Cayetano”-, quienes, armados según detallaron las víctimas, las amenazaron para que no se presenten ante la Justicia.

“¿Viste que otras chicas me denunciaron?. Que tontas, no saben que nadie las puede ayudar, ni el gremio ni nadie, porque no están en blanco”, le dijo Navarro a una de las mujeres, según el texto de la denuncia.

Las víctimas de la maniobra eran, en su mayoría, trabajadoras, en un alto porcentaje madres solteras, y con situaciones de vulnerabilidad social.

En aquella primera denuncia, las mujeres pusieron a disposición sus teléfonos para que se comprueben los hostigamientos y exigencias sexuales, así como el vínculo laboral irregular.

Campana rechazó peritar los celulares (foto gentileza)

El tema llegó a la Justicia penal, donde en los últimos días, el Juez Bernardo Campana desestimó el pedido realizado por el Fiscal Guillermo Lista, para analizar el contenido de los mensajes y llamadas de los teléfonos de las víctimas y los imputados. Argumentó en su rechazo que no estaba claramente configurado el supuesto delito que se intenta determinar, en el pedido fiscal de incorporación de esa prueba. Así, se cae una de las principales pruebas que podrían aportar a desentrañar el esquema de trabajo para-estatal y de aprietes sexuales ejercidas por “San Cayetano”, de los cuales tenían conocimiento Corvalán; legisladores y dirigentes de Juntos Somos Río Negro; y hasta el Gobernador Alberto Weretilneck.

El mandatario, oportunamente abordado por En estos días en relación a este tema, reconoció que conocía el caso y las denuncias. A pesar de ello no promovió una investigación y avaló que Corvalán fuera ascendida y trasladada aViedma, donde se desempeña como Subsecretaria de Consejos Escolares.

Rudecindo Navarro, en tanto, fue licenciado de su cargo como portero.