CAPSA consiguió de la Justicia el elemento de presión para su proyecto inmobiliario

La Cámara de Apelaciones de Viedma interpretó que la transferencia del Cerro Catedral de Provincia a Municipio está incompleto. Y que requiere el aval de CAPSA. Con esa llave, la empresa se sentará a negociar la extensión del contrato y su proyecto de desarrollo inmobiliario.

21/11/2017
Bariloche

(foto gentileza CAPSA)

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La transferencia del poder concedente del Cerro Catedral de la Provincia al Municipio, en 2009, fue celebrado en Bariloche como un acto de autonomía e independencia para el dictado de políticas sobre su principal recurso turístico y promocional. Pocos meses después, la empresa Catedral Alta Patagonia cuestionó judicialmente aquel acuerdo político, argumentando que debía dar su aval explícito al traspaso, en tanto empresa concesionaria del servicio de explotación de los medios de elevación.

Siete años después de aquel reclamo, la Justicia le dio la razón a la firma privada, y puso en riesgo el “perfeccionamiento” del traspaso a manos Municipal.

La resolución judicial dio por válido -por dos votos a uno- el planteo de la empresa, que hizo hincapié en que el acuerdo de transferencia de jurisdicción de las 1920 hectáreas del cerro, suscripto entre Provincia y Municipio en febrero de 2004, incluyó la conformidad de CAPSA por un plazo máximo de dos años. Mientras que el traspaso efectivo se dio en 2009, tres años después de vencidos el “aval” empresarial.

El Presidente de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Viedma, Ariel Gallinger, justificó su voto a favor de la demanda de CAPSA, haciendo hincapié en los términos del acuerdo de 2004 y el necesario aval de la empresa para dar por válido el traspaso. Desoyó en ese sentido las argumentaciones en contrario de la Fiscalía de Estado de la Provincia y la Municipalidad de Bariloche, quienes pidieron el rechazo “en razón de la aceptación irrevocable a la transferencia operada, tal como fuera expresado por CAPSA en el Contrato de Adecuación de Concesión”.

En términos técnicos plantearon como argumento un paralelismo: el inquilino de una vivienda no puede objetar la venta del inmueble, acordada entre el dueño y el comprador.

La Jueza María Luján Ignazi interpretó que los planteos del Estado provincial y municipal eran válidos, y rechazó el pedido de CAPSA. Pero al voto afirmativo de Gallinger le siguió uno no fundamentado y escueto del Juez Guillermo Bustamante, que dio por cerrado el caso.

 

Proyecto

 

Gracias al fallo de la Cámara, CAPSA tiene en sus manos la llave para dar por cierto que su vínculo concedente-concesionario es con el Estado provincial y no con la Municipalidad. Entre otros aspectos, la firma podría comenzar a pagar el canon correspondiente a la Provincia y no a la comuna. Este año, por ese concepto, CAPSA abonó 16,6 millones de pesos.

(foto gentileza CAPSA)

Pero el interés principal de Catedral Alta Patagonia es conseguir la extensión del contrato para la explotación del cerro y la autorización para la puesta en marcha de un polémico desarrollo inmobiliario.

El año pasado, CAPSA intentó conseguir a través de una iniciativa privada el aval del Estado municipal para extender por otros 50 años el contrato de concesión que vence en 2026. Y además, pretendía establecer las bases de un proyecto de desarrollo inmobiliario por 50 millones de dólares, que incluía la construcción de hoteles, viviendas y tiempos compartidos, en unas 70 hectáreas ubicadas en la zona norte de la montaña.

Inicialmente el Gobierno de Gustavo Gennuso avaló el proyecto, lo impulsó y dio la discusión pública con una postura favorable. Pero la mayoría ciudadana, política y de organizaciones vinculadas a las actividades en el Cerro rechazaron la iniciativa, y obligaron al Intendente a dar marcha atrás.

Esa situación enfrentó a CAPSA con la administración municipal. La “pelea de fondo” entre ambos en la Justicia fue siempre la referida a la validez del traspaso del poder concedente.

Ahora, Catedral Alta Patagonia ganó esa batalla y se apresta a ir por la extensión de la concesión y la aprobación del proyecto de desarrollo, bajo la amenaza de hacer caer el traspaso jurisdiccional.