Comenzó con mal paso la investigación por el asesinato de Rafael

El Juez se basó en un rumor en redes sociales para suspender la inspección ocular en la comunidad. Se tomaron menos muestras de las necesarias para analizar la pólvora en las manos de los miembros del grupo Albatros. Cuáles son las pericias que siguen.

02/12/2017
Bariloche
Santiago Rey

Juez Gustavo Villanueva (foto gentileza)

La investigación para determinar el responsable del asesinato de Rafael Nahuel comenzó con complicaciones: el Juez Gustavo Villanueva suspendió la inspección ocular de la comunidad Lawken Winkul Mapu debido a un rumor circulante en redes sociales; y fueron parciales las muestras tomdas para realizar los barridos electrónicos que determinarán la presencia de pólvora en las manos de los integrantes del Grupo Albatros.

Villanueva tenía previsto concretar el pasado lunes -dos días después del asesinato de Rafael Nahuel- la inspección del territorio, pero “tomó conocimiento por medio de las redes sociales” que “no todos los ocupantes del predio permitiría el ingreso”. Ese rumor extendido a través de las redes fue suficiente para que el magistrado suspendiera el procedimiento clave para determinar en el terreno cuál fue la actuación de los efectivos de seguridad, se rastree la presencia de vainas, se analice el impacto de las balas en los árboles, entre otros puntos.

Así se desprende del documento de aceptación de la querella, al que accedió En estos días.

La inspección ocular había sido solicitada por la querella para mejorar la situación de los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González, imputados en la causa caratulada “NN s/ muerte dudosa”.

Villanueva dio crédito a las versiones de las redes sociales, y merituó además que no contaría con el número de efectivos de las fuerzas federales suficientes, por estar abocados a la seguridad del encuentro del G20, que se desarolla en el Hotel Llao Llao.

“Al día de la fecha aún no se encuentra asegurada -en su totalidad- la integridad física de las personas que deban intervenir en la diligencia, motivos por los cuales no la he encomendado hasta el momento”, dejó por escrito el Juez, desmintiendo las versiones recogidas por algunos medios sobre hechos violentos producidos por parte de la comunidad que habría impedido la inspección ocular.

En tanto, por falta de las cintas de carbono necesarias durante las primeras pericias, se tomaron un número menor de muestras necesarias para los barridos electrónicos de restos nitrados en las manos de los integrantes del grupo Albatros que participaron de la represión.

 

Según pudo saber En estos días, ni la Unidad Regional Tercera de Bariloche de la Policía rionegrina, ni el Ministerio Público Fiscal, ni el Escuadrón 34 de Gendarmería con asiento en la ciudad, contaban con la cantidad necesaria de esos elementos al momento de realizar las primeras pericias.

Desde la Policía Federal de Neuquén llegó el aviso al Juez Gustavo Villanueva de que podían enviarse las cintas necesarias, pero el tiempo de arribo a Bariloche del material traspasaba el límite de seis horas dentro del cual la pericia tiene sentido, ya que, de acuerdo a los especialistas, los rastros comienzan a perderse.

El magistrado optó por tomar un número menor de muestras de cada uno de los integrante del grupo Albatros participante de la operación. Así, de las cinco muestras por persona establecido como número ideal para el estudio, se tomaron finalmente dos por cada prefecto.

Ahora, el Centro Atómico Bariloche deberá realizar un barrido electrónico de restos nitrados sobre las cintas de carbono tomadas en ocasión de las primeras pericias.

Otro dato genera preocupación en el entorno de la familia y la querella de Rafael: los registros de video y fotografías del operativo de Prefectura fueron tomados por personal del Escuadrón 34 de Gendarmería. El Juez Villanueva solicitó al Grupo Criminalística y Estudio Forense de ese Escuadrón que efectúe la desgrabación del material a la mayor brevedad posible. En la oportunidad del avance de los Albatros sobre la comunidad Lafken Winkul Mapu, la Gendarmería realizó la  filmación con una videocámara JVC. Las abogadas que representan a la familia del joven pretenden la obtención lo más rápido posible de ese material, para ver si es posible determinar qué prefectos dispararon y desde dónde.

En las últimas horas, la familia de Rafael Nahuel fue aceptada como querellante en la causa que lleva adelante Villanueva. La querella quedó en cabeza de Alejandro Nahuel, padre de Rafael, quien cuenta con el patrocinio de las abogadas Natalia Araya y Julieta Wallace.

En su presentación ante el Juez, Alejandro Nahuel pidió ser querellante “contra la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Grupo GEO y/o Grupo Albatros, en orden a los delitos de homicidio calificado y abandono de persona”.

Detalló en su presentación que el sábado 25 de noviembre, aproximadamente a las 16 horas, Rafael “se disponía a bajar de la montaña, para acercarse a la vera de la ruta” cuando personal de alguna fuerza de seguridad nacional lo comenzaron a correr “con disparos de balas de armas con balas de plomo”.

Luego de que cayera abatido “el personal que lo hirió no lo auxilió”, denunció el padre de Rafael, por lo que “miembros de la comunidad debieron auxiliarlo”. Las dos personas que lo asistieron, Fauto Jones Huala y Lautaro González fueron detenidos. Al joven asesinado “lo dejaron tirado al costado de la ruta”.

El Juez encomendó al perito balístico Roberto Nigris que realice un “amplio informe acerca de lo relevado en la autopsia”, para determinar lugar del orificio de ingreso de la bala 9 mm, y la trayectoria del proyectil en el cuerpo, con el objetivo de determinar distancia y orientación del disparo.

Además, solicitó comparar el proyectil recuperado en el cuerpo de Rafael con la vaina que Jones Huala llevaba en un bolsillo, y que, según explicó a Villanueva, levantó para presentar como prueba del asesinato de Nahuel.

Esa misma vaina será cotejada con las armas de los prefectos secuestradas.

Atendiendo un pedido de la Prefectura Naval Argentina -y ante la falta de objeción por parte del Ministerio Público Fiscal-, el magistrado dispuso que regresen a la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, los 20 hombres del Grupo Albatros que participaron de la carga contra la comunidad mapuche.

Además, Villanueva abrió la puerta a la posibilidad de citar a declarar en condición de testigo a Pablo Curlo, cuyo testimonio publicó Página/12. Según los dichos del operador turístico que pasaba por la ruta Juan Herman -40 sur- al momento del operativo, observó a un grupo de uniformados “disparando hacia arriba de la montaña”, desde donde llegaban gritos y pedidos de ayuda.