A pesar de la prohibición judicial continúan las obras en El Redil

La empresa  Urban Land  (desarrolladora del country) desconoce el mandato del Superior Tribunal y avanza con nuevas obras sobre áreas protegidas. Los ambientalistas estudian una presentación judicial a partir de las imágenes captadas con un dron.

10/01/2018
Bariloche

Pese a la prohibición del STJ, avanzan las obras en El Redil

El club de campo El Redil, es un emprendimiento inmobiliario de 27 hectáreas, ubicado a orillas del lago Moreno Este, a la altura del kilómetro 13 de la avenida Bustillo, que prevé la urbanización de 88 parcelas, para uso turístico y residencial, y un complejo hotelero.

Los cuestionamientos sobre el desarrollo son de larga data, y constituyen un caso testigo de las posibilidades de los negocios inmobiliarios en la zona, con el consabido riesgo medioambiental que implica la afectación de áreas prístinas y protegidas.

Hace casi dos décadas la empresa Urban Land S.A. adquirió las tierras con costa del lago para la construcción del barrio cerrado, que incluyen un promontorio boscoso y zonas de mallín consideradas reservorios naturales.

A poco de iniciar las obras se desataron los cuestionamientos de los vecinos debido a la falta de un estudio de impacto ambiental y una planta depuradora de efluentes cloacales que protegiera la contaminación de las napas y el lago.

Tras la denuncia de la ONG Árbol de Pie en 2009 el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que detuviera las obras en El Redil hasta tanto fueran presentados los estudios ambientales.

Juan José Paternó, referente de la ONG Árbol de Pie

La preocupación recayó sobre la denominada “tercera etapa” del desarrollo que, según explicó Juan José Paternó, referente de Árbol de Pie y vecino del barrio 2 de Agosto, “está afectando áreas críticas, que son dos mallines, parte de una cuenca de vertientes y ojos de agua que abarca varios kilómetros y que son resguardo de flora y fauna autóctonas protegidas por las leyes medioambientales”.

La otra zona, denominada “el morro”, es un promontorio cercano a la costa del lago Moreno, donde, de acuerdo al relato de los propios desarrolladores, existe la intención de construir un hotel que sería ofrecido a capitales privados.

Ahora ambientalistas y vecinos, advertidos por el movimiento de camiones y personal, resolvieron realizar un relevamiento aéreo con un dron  bajo la sospecha de que las obras continuaban a pesar de la prohibición vigente.

“También estamos viendo que se ofrecen nuevos lotes a través de distintas inmobiliarias y páginas web”, señaló Paternó, “lo cual nos da la pauta de que siguen avanzando como si nada”.

El Redil, muelle sobre el lago Moreno

A comienzos de 2010 el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería 5, Emilio Riat, fijó una multa diaria contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche por no cumplir con el fallo del Superior Tribunal de Justicia que mandaba culminar con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Club de Campo El Redil y convocar a una Audiencia Pública en un plazo de 90 días.

Riat además, para asegurar el cumplimiento de la suspensión dispuesta en la sentencia del Superior Tribunal, intimó a la empresa Urban Land S.A. (desarrolladora de El Redil) para que “se abstenga de realizar todo tipo de trabajo en todo el predio”.

“ Que, por lo pronto”, señaló el juez entre otras deficiencias, “no se ha acreditado que el cúmulo de piezas tomadas como estudio de impacto ambiental (EIA) fueran redactadas y firmadas por una persona debidamente habilitada al efecto por la autoridad de aplicación provincial, cual es exclusivamente el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA)”.

En 2011, con la gestión del ex intendente Marcelo Cascón, la municipalidad convocó, luego de un año, a dos audiencias públicas y presentó apresuradamente un estudio de impacto ambiental, aunque nunca remitió las actuaciones debidamente conformadas al juzgado, y dio unilateralmente por cerrado el tema.

La Resolución de la secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente de la Municipalidad, Fabiela Orlandi, dando vía libre al emprendimiento, fue en aquel momento motivo de disputas internas en el Gabinete de Cascón, incluso dentro de la misma cartera.

 

El Redil

Pablo De Brito, subsecretario del área, realizó un estudio parcial de la urbanización proyectada, sobre las cuatro hectáreas que bordean el lago Moreno, dictaminando que el sector no era apto para la construcción de un hotel, un club house, y cabañas, debido a su “fragilidad ambiental”.

La advertencia fue ignorada por el intendente Marcelo Cascón, e incluso el estudio “desapareció” del expediente.

Por esta causa Fabiela Orlandi  ya había sido citada a Indagatoria por la Justicia "a partir de la posible comisión del delito de desobediencia ante el incumplimiento de lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia en el caso referido al emprendimiento El Redil”.

“No enviaron la documentación al juzgado para que, a la vez, nos informara a nosotros, ni tampoco cumplieron verdaderamente con lo que se les pedía: hicieron una fantochada”, resume Paternó. “Presentaron el mismo estudio de impacto ambiental que antes; hicieron un refrito de todo aquello que el juez Riat ya les había rechazado”.

 “Nosotros nunca nos opusimos al desarrollo del barrio privado”, aseguró el referente de Árbol de pie, “lo que sí pretendemos es un Estudio de Impacto Ambiental serio, y que se frenen los trabajos sobre la zona de los mallines para que estos se puedan recuperar”.

Imagen satelital

Lo cierto es que el desarrollo de El Redil se ha convertido en el ejemplo más conflictivo de la delicada coyuntura entre naturaleza y negocios, y una muestra clara de las profundas deficiencias del Estado a la hora de aplicar las normativas que el mismo Estado se impone. Sesgos interpretativos por los que se cuelan intereses privados y la propia incompetencia soslayan la afectación del patrimonio natural común en nombre del desarrollo.

En 2016 la Corte Penal Internacional (CPI) elevó a la categoría de “lesa humanidad” los delitos cometidos contra el medio ambiente.

Con las imágenes obtenidas por un dron (y que ilustran esta nota) que demuestran la continuidad de las obras dentro del barrio privado y que claramente violarían el mandato judicial, los ambientalistas realizarán ahora una nueva presentación a la justicia.

Será otro capítulo en la larga puja que hoy incluye un nuevo dato “de color”: uno de los profesionales contratados en forma privada por la empresa Urban Land s.a. para la elaboración del informe de impacto ambiental sobre El Redil, fue el técnico Claudio Romero, quien defendió públicamente el desarrollo y aseguró “que buena parte del área señalada como mallín no es tal porque sería una inundación”.

Tal como se ha mencionado, la Justicia desestimó ese estudio por no cumplir con los parámetros impuestos por la Ley provincial 3266 de impacto ambiental, y mandó a detener por completo las obras.

Hoy Claudio Romero es el nuevo subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad.