Llevarán a la justicia la operación financiera del Gobierno Provincial con los fondos del Plan Castello

La decisión de ir a los tribunales ya está tomada. Los legisladores del Frente Para la Victoria entienden que el caso de la compra de la Letra del Tesoro que el Gobierno Provincial realizó con fondos destinados al Plan Castello podría enmarcarse en el delito de “administración fraudulenta”. Presentarían además un amparo a favor de los municipios.

04/02/2018
Río Negro

Tal como lo adelantó a En Estos Días Claudio Scaletta, coordinador del Área de economía y desarrollo regional del Centro de Estudios Patagonia, la “impericia” demostrada por el Gobierno Provincial en su intento por poner a resguardo el “Bono Castello”, llevó a la pérdida de 100 millones de pesos del patrimonio rionegrino.

El monto total del préstamo que recibió la provincia para la ejecución del Plan fue de 300 millones de dólares.

Con la excusa de poner ese dinero a “resguardo financiero”, el Gobierno de Río Negro invirtió, en principio, en la Letra del Tesoro por 200 millones de dólares, y  el tercio restante en Letras del Banco Central. Hasta ese punto, señaló Scaletta, “parecerían decisiones financieras normales”.

“La sorpresa llegó”, relató el economista, “con la publicación en el Boletín oficial de la resolución 250-E/2017 del pasado 7 de diciembre por la que la provincia le prestó los 200 millones de dólares a Nación por seis meses a un valor nominal de 202.771.891dólares. Es decir, obteniendo un rendimiento de 2,772 millones de dólares (redondeando)”.

Según estimó Scaletta, “El detalle es que por esos seis meses de plazo, la provincia ya paga la tasa de interés conseguida de 7,75 por ciento anual, es decir u$s 200 millones x 0,0775/2 igual a 7,75 millones de dólares. La cuenta que queda es sencilla: sumar los intereses conseguidos y restar los interés pagados: 2,772 – 7,75 = -4,978 millones de dólares.  En pocas palabras, por una simple decisión financiera la provincia pierde 5 millones de dólares, aproximadamente 100 millones de pesos de los rionegrinos. Una forma de resguardo por lo menos curiosa que, en tanto favorece a un tercero, el gobierno nacional, podría enmarcarse en el delito de administración fraudulenta o infiel, según norma el artículo 173, inciso 7, del código penal”.

Ver nota completa: Weretilneck y el Plan Castello: Como perder 100 millones

Similar consideración realizó el Bloque del Frente Para la Victoria en la Legislatura provincial, desde donde se adelantó la decisión de llevar el tema a la justicia bajo la probable figura de “administración fraudulenta”, basándose en la información publicada por En Estos Días.

El legislador Alejo Ramos Mejía confirmó a este medio que será uno de los firmantes, junto a sus pares de Bloque, que llevará la presentación a la justicia "tan pronto como terminemos de redactarla. Estimamos que en el transcurso de esta semana estaremos formalizando la denuncia", aseguró.

Aparición del bono rionegrino en el mercado financiero internacional (foto gentileza Prensa Provincia)

La estrategia judicial incluiría además un recurso de amparo, ya que los legisladores consideran que el tramo coparticipable a los municipios de los fondos para el Plan Castello no está plenamente garantizado porque depende de la aprobación unilateral de los planes de obras oportunamente presentados; vale decir, que podrían ser objetados más tarde por “cuestiones técnicas”.

De acuerdo al estudio realizado por Santiago Conti, investigador de la Universidad de Río Negro, el denominado Plan Castello no configura un plan de desarrollo para Río Negro, sino un simple listado de obras públicas.

Según Conti, (en declaraciones ofrecidas a Al Margen) “para hablar de un plan de desarrollo hay un par de características que no pueden faltar: un diagnóstico inicial, una caracterización de cómo está la provincia hoy, cuáles son los actores que vienen funcionando bien, cuáles están más o menos, cuales hay que apoyar o cuáles se quieren desarrollar. Eso sería central de un plan de desarrollo. Al mismo tiempo, por empezar tendría que haber reconocimiento de actividades y de actores. ¿A quiénes necesita reconocer e impulsar la Provincia para que esto se lleve adelante?”

El investigador entiende que “en el Plan Castello del año 60 había un documento que era la fundamentación que tenía cuarenta páginas donde básicamente había un diagnóstico de la situación, un objetivo, un modelo deseado de economía para la provincia, toda una fundamentación”. El Plan actual que se presentó en la Legislatura se fundamenta solo en tres páginas.

Actualmente está corriendo el plazo de 128 días, término de la “inversión a resguardo” que realizó el gobierno de Alberto Weretilneck, tras el cual esos fondos volverán a estar disponibles para su empleo en el listado de obras. Eso será recién el 7 de junio.

Los legisladores de la oposición estiman que la presentación será acompañada por los diputados nacionales María Emilia Soria y Martín Doñate. Este último considera además que existe una presión del Gobierno de Cambiemos hacia las provincias para la toma de deuda en dólares y su inmediato préstamo a Nación a una tasa favorable, en perjuicio evidente de los estados provinciales. A su juicio, tanto la legalidad como la legitimidad del endeudamiento, deberían ser analizadas, y no descartó acudir también por este tema a la justicia.