# CERRO CATEDRAL

Y lo entregaron nomás...

A pesar de las 3354 firmas pidiendo un referendo y las irregularidades en el proyecto, la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche (JSB) y el PRO aprobó la extensión por 38 años sin licitación del contrato de concesión a favor de CAPSA. Jóvenes traídos desde otras ciudades coparon el Concejo Municipal con carteles a favor de la iniciativa. Vecinos movilizados prometieron juntar las casi 10 mil firmas para obligar a Gennuso -que está en Brasil- a convocar a una consulta popular. Video del momento de la votación.

06/04/2018
Bariloche

Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Viviana Gelain (todos ellos de Juntos Somos Bariloche), y Daniel González (del PRO) aprobaron este viernes el proyecto de extensión contractual por 38 años a favor de la empresa CAPSA en el cerro Catedral.

Previamente rechazaron tratar la iniciativa popular presentada junto a 3354 firmas que plantea la convocatoria a un referendo para definir el futuro del cerro.

La sesión se desarrolló en un clima de tensión: mientras vecinos que juntaron las firmas convocaron a realizar un “abrazo” del edificio del Concejo, la empresa Vía Bariloche-CAPSA llevó trabajadores, afiliados a la Asociación Empleados de Comercio (AEC) y jóvenes de otras localidades para llenar los pocos espacios disponibles dentro de la sala de sesiones. Con carteles impresos que rezaban “Sí al trabajo” y “Sí a la inversión” los jóvenes cerraron en varias oportunidades las ventanas del recinto para evitar que se escuchen los gritos y cánticos de los vecinos movilizados.

Entre los ediles también se multiplicaron los cruces. Los concejales del Frente para la Victoria (FpV), Ana Marks, Ramón Chiocconi, y Daniel Natapof, insistieron en la ilegalidad del proyecto que establece la extensión de la concesión a favor de CAPSA, “a sólo 8 años de que venza” el contrato vigente. Enumeraron, en ese sentido, las violaciones a la Carta Orgánica en relación a las prohibiciones de realizar loteos en la zona oeste de la ciudad; así como lo determinado por el contrato de concesión de 1992 y la renegociación de 2004 que plantea un llamado a licitación internacional durante el año 2023.

Hicieron hincapié en la falta de capacidad y decisión del oficialismo de “escuchar a la ciudadanía” que se organizó para reunir las firmas necesarias para exigir un llamado a referendo, y, en boca de Natapof, anunciaron que “ésto no se termina hoy”. En ese sentido, se preguntaron qué hara el Gobierno cuando se reúnan las firmas necesarias para obligar al llamado a la consulta popular vinculante. 

“El Intendente, los funcionarios y los concejales que están a punto de aprobar, saben que hay un proceso de iniciativa popular en marcha, que habrá un referendum”, planteó Natapof, y explicó que si esa consulta determina la caída del proyecto de Gennuso y CAPSA “se puede generar un perjuicio al erario publico derechos adquiridos” porque la empresa “va a demandar al municipio por cifras multimillonarias. Avanzan a sabiendas de las concecuencias perjuidiciales al erario publico”, agregó.

Se preguntó además “por qué el apuro, por qué no pueden esperar la finalización del proceso de participación ciudadana y después venir y levantar la mano”.

“La actual iniciativa debería avergonzar al cuerpo legislativo”, concluyó.

Chiocconi, por su parte, cuestionó la interpretación que Juntos Somos Bariloche “hace del concepto de democracia”, y pidió que el Municipio “negocie” buscando un beneficio para el Estado y no para la empresa.

Explicó además que CAPSA “hoy puede invertir si quiere”, y recordó que, según el contrato del ‘92, la mitad de los medios -medido en la capacidad de transporte de personas- debiera tener menos de 20 años de antigüedad. “Hoy se ofrecen (en la propuesta aprobada) tres medios de elevación. Eso no alcanza ni al 20 por ciento de la inversión que deberían hacer”.

En tanto, la edil Marks cuestionó “qué hay detrás de este apuro”, y se respondió: “Como mínimo hay un Municipio que se somete a las presiones de esta empresa”.

Criticío la “falta de rigor técnico” del Ejecutivo, a los que calificó como “informes poco serios, hasta ridículos”. Enumeró, en ese sentido un “informe de Hacienda de sólo dos hojas de una de las concesiones más importantes que tenemos en la ciudad”, y aseguró que esa cartera “no pidió los estados contables completos”.

“El rol del Estado no es cumplir con las formalidades sino garantizar el bien público”, indicó.

Al momento de responder, los ediles del oficialismo priorizaron contestar las críticas de la oposición por sobre la defensa del proyecto. Mientras la concejal Cristina Painefil rememoró la extensión contractual de las tragamonedas firmada por Néstor Kirchner a favor de Cristóbal López; Gerardo Ávila cargó contra la “intromisión” del Intendente de General Roca, Martín Soria, quien criticó la extensión contractual para CAPSA. “Por qué no se va a Roca y se encarga de los problemas que tiene ahí”, dijo. En una misma línea, planteo que el FpV no tiene en cuenta la situación laboral de la actualidad. “Es fácil esperar cuando se tiene el trabajo asegurado o alguna promesa de cargo desde Roca”, indicó.

Más enfática -a los gritos- la edil Julia Fernández señaló que “rechazamos los conceptos del FpV y que estemos en un tratamiento irregular”, y planteó: “Hoy necesitamos modernizar el cerro, hoy necesitamos inversiones, hoy necesitamos generar empleo”.

También a favor del proyecto y brevemente se expresaron Martínez Infante y el edil del PRO, Daniel González.

Finalmente, en medio de gritos de los vecinos que se oponen a la entrega del cerro, y los aplausos de las personas movilizadas por CAPSA y la AEC, se llevó a cabo la votación, que concluyó con la aprobación por ocho votos a tres.