# CERRO CATEDRAL

Acuden al Superior Tribunal de Justicia para frenar el acuerdo con CAPSA

Para el abogado y dirigente vecinal, Rodolfo Rodrigo, el acuerdo con CAPSA es “totalmente ilegal por donde se lo mire”. Además este lunes presentó ante el STJ un recurso de "prohibimus", para  que frene la prórroga con la concesionaria.  Se trata de la judicialización de un tema que ya suma un Recurso de Amparo y una denuncia Penal.

09/04/2018
Bariloche

 

Rodolfo Rodrigo (Foto: Alejandra Bartoliche PatagoniaFotopress)

 

La figura del prohibimus está consagrada en la constitución provincial en su artículo 45, “es una acción de afán práctico”, explicó Rodrigo, “para que se prohíba a un poder público hacer algo que está por hacer, en virtud de la preservación de las normas”.

La presentación del vecinalista, presidente de “Todos por Bariloche”, apunta a que el Superior Tribunal rionegrino impida que el intendente Gennuso promulgue la ordenanza sancionada por el Concejo Municipal el pasado viernes, que habilita la prórroga de la concesión por 30 años a la empresa CAPSA y anticipa (en caso de que la resolución judicial llegase tarde) el requerimiento de prohibición de la firma definitiva del nuevo contrato con la empresa.

“Por más que lo disfracen como una readecuación de contrato, por los plazos y las demás características que conlleva, se trata de la concesión de una obra pública que inevitablemente debe hacerse a través de una licitación”, aseguró Rodrigo, “tal como lo establecen la Constitución Provincial en el artículo 89, y  la Carta Orgánica Municipal en su artículo 130”.

Para el letrado, estas son normativas profilácticas tendientes a evitar que decisiones de tal envergadura se hagan en forma privada, sin el debido consenso público, vale decir, una licitación.

En Estos Días: El tema Catedral es evidentemente uno de los más politizados que se recuerde en Bariloche. En ese contexto, ¿piensa que el Superior Tribunal de Justicia le dará curso a su requerimiento?

Rodolfo Rodrigo: Con todos los errores de apreciación que podamos haber cometido, pienso que nuestra presentación es demasiado clara y no tiene fisuras. A pesar de que sabemos que en estos temas hay muchas cosas en el medio, yo creo en la independencia de los poderes. No puedo saber si en este caso esa independencia está asegurada. Desconozco qué intereses se mueven detrás de una cuestión de esta naturaleza, pero desde el punto de vista jurídico no hay otra forma de detener ese acto porque las normas constitucionales son muy claras: se tiene que llamar al concurso público de oferentes.

En Estos Días: Se ha hablado mucho de las fuertes presiones ejercidas por el presidente de la Nación para que se firme este contrato.

Rodolfo Rodrigo: Sé que el presidente de la nación ha bajado línea. Eso es de una prepotencia inadmisible; si realmente le dijo a un concejal que “se ponga las pilas y resuelva la cuestión del catedral”, entonces se metió en una cancha en donde no tiene nada que hacer, porque una cosa es ser el presidente de la nación y otra el dictador de la Patria o el tirano. Si ésa orden es el motivo para hacer esto, es una barbaridad, pero además, una barbaridad que es totalmente ilegal.

Rodrigo evitó adentrarse en mayores presunciones políticas e insistió en que la presentación es solo una iniciativa de orden judicial, “en defensa de la municipalidad y de la gente de Bariloche”, porque, advirtió que “si siguen adelante y firman el contrato, por la concesión de una obra pública a 30 años, y alguien plantea una acción de inconstitucionalidad, digamos dentro de dos años, con un cambio de gobierno, y se anula ese contrato, va a haber un concedente con derechos adquiridos y los perjuicios para la Municipalidad van a ser tremendos”, aseguró.

E insistió en que “lo que cuestionamos es la ilegalidad. No opinamos sobre la conveniencia de esta o aquella empresa o si el canon es más o menos alto o bajo, cuestionamos el acuerdo, la ordenanza y el futuro contrato, porque así como está es totalmente ilegal y no puede hacerse”.

 

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