Uno a uno, los argumentos del rechazo judicial al acuerdo Gennuso-CAPSA

La Resolución firmada por Gennuso viola una larga lista de normativa vigente (comenzando por la Constitución) en materia administrativa y medioambiental, según cuestionó la Justicia. Así se desprende de la medida cautelar dictada este miércoles que puso freno al acuerdo con CAPSA prohibiéndole a la Municipalidad avanzar con una nueva concesión.

19/04/2018
Bariloche
Martín Medero

(foto Alejandra Bartoliche - Patagonia Fotopress)

El fallo por mayoría de la Cámara de Apelaciones en lo Civil , Comercial y de Minería, integrada por los jueces Emilio Riat, Carlos Cuéllar y Edgardo Camperi admitió la acción interpuesta por legisladores y concejales del Frente Para la Victoria para detener el avance del acuerdo Gennuso-CAPSA, que prorrogaría la concesión para la explotación de los servicios en el cerro Catedral por casi 40 años, más la habilitación para el desarrollo inmobiliario sobre 70 hectáreas aledañas al centro de esquí.

La decisión judicial detalla que la renovación contractual no siguió los pasos administrativos exigidos en la legislación vigente y señala que hay un conflicto judicial no resuelto, en el que CAPSA cuestiona la autoridad concedente del municipio.

El fallo da por tierra además con los argumentos empleados por el intendente Gennuso sobre la urgencia de prorrogar el contrato, y abunda en normativa que demuestra un sinnúmero de transgresiones a normas ambientales y procedimientos que obligan a convocar a una licitación pública.

De una lectura completa del fallo emergen también consideraciones colaterales de los magistrados que, aunque abocados al hecho puntual del contrato de concesión, desnudan el estilo de la gestión municipal que encabeza Gustavo Gennuso.

Además del intento de renovación contractual con CAPSA, los jueces Riat y Camperi analizaron la calidad legal e institucional de la Resolución promulgatoria firmada por Gennuso.

Los fundamentos de ambos votos, proclives a la medida cautelar, describen sin más los argumentos con los que tanto se insistió en contrario del acuerdo durante las jornadas de la audiencia pública convocada en marzo y que forman parte igualmente de la presentación hecha por legisladores y concejales del Frente Para la Victoria.

En la audiencia pública fue masivo el rechazo (foto José Luis Zamora)

Luego de considerar las razones expuestas tanto por el intendente Gustavo Gennuso como por el gobernador Alberto Weretilneck (ambos aludieron a la necesidad de “modernizar” Catedral, bajo condiciones tan imperiosas que obligaban a descartar los tiempos que acarrearía un llamado a licitación), los magistrados opinaron que:

“No parecen causales de justificación suficiente ni parecen constituir un estado de necesidad palmario y relevante para sacrificar principios y garantías constitucionales indisponibles para el poder político, como eludir los protocolos ambientales, o soslayar los procedimientos ordinarios previstos para elegir a los contratantes públicos, o arriesgar el dominio municipal”. 

“Además”, dijeron, “el peligro en la demora es de apreciación especialmente discrecional, y en materia ambiental debe prevalecer el principio precautorio”, desmontando por completo ese argumento.

En otras palabras, hay un reconocimiento judicial de que el acuerdo Gennuso-Capsa (y la ulterior ratificación del acto administrativo en el Concejo Municipal) va, por empezar, vulnerando la Constitución, despreciando el resguardo del medio ambiente, soslayando “procedimientos ordinarios”; esto es, un llamado a licitación, y poniendo en riesgo el patrimonio municipal. Palabras más, palabras menos.

El fallo demuele además la excusa ampliamente publicitada por el gobernador y el intendente, referida a que “la contratación directa se justificaría para concretar nuevas inversiones en el Cerro y perfeccionar la transferencia del poder concedente en favor del Municipio”.

Riat y Camperi entendieron que tampoco en nada se compromete un apuro por renovar el contrato con la meneada cuestión del “poder concedente”.

Dice el fallo: “Ante todo, la sentencia aludida (referida al poder concedente municipal) no dispone que la transferencia del cerro dependa de la conformidad de la concesionaria. (Sino que) Dispone que ´la transferencia del contrato de concesión´ (no del Cerro) requiere esa conformidad para su perfeccionamiento”.

“Con otras palabras”, continúa, “no hay dudas de que el Cerro ha sido transferido al Municipio (Ley 4184 y Decreto 1286/10), como tampoco hay dudas de que éste podrá ejercer su facultad concedente a lo sumo dentro de ocho años cuando venza la concesión actual”.

Especialmente en lo que hace a las 70 hectáreas involucradas en la Resolución del intendente como parte del acuerdo con CAPSA, los jueces observaron que “el Cerro Catedral y sus tierras circundantes pertenecen al patrimonio inalienable de San Carlos de Bariloche (artículo 19 de las Disposiciones Complementarias de la COM), de modo que la negociación jurídica ratificada por la Resolución aludida parece aparentemente incompatible con ello al proyectar ciertos negocios sobre esas tierras en favor de la concesionaria”. 

Esa definición evoca el reproche general de los vecinos durante la Audiencia Pública, quienes denunciaron que detrás de la renovación del contrato se solapaba “el verdadero negocio: la explotación inmobiliaria de las tierras”.

Y lo mismo advirtieron los jueces: “la Resolución cuestionada”, opinaron, “no resulta anodina o insusceptible de causar perjuicios. El Acta de Intención ratificada es justamente 'el puntapié inicial', como la propia resolución predica. Es un acto que por sí mismo pone de manifiesto la voluntad del Ejecutivo Municipal de celebrar una contratación pública en principio irregular, reste o no la autorización del Concejo Municipal”, con claridad meridiana.

Natacha Vázquez, asesora letrada, presentará la apelación

Según trascendió esta mañana el Ejecutivo municipal puso al tope de sus prioridades la apelación al Superior Tribunal de Justicia para que habilite la firma del nuevo contrato con CAPSA, y aunque los términos se mantienen bajo hermético silencio, circuló sin embargo en medios periodísticos que el planteo municipal podría estar vinculado a que la Cámara de Apelaciones resolvió sobre el acta inicialmente firmada entre Gennuso y CAPSA, en todo caso, un hecho no consumado o abstracto.

Por incierta que pudiera resultar la versión, los jueces Riat y Camperi anticipándose al cuestionamiento, fundamentaron su decisión señalando que “en el campo ambiental la precaución y la prevención suelen ser los únicos caminos aptos para evitar posibles lesiones irreparables, de modo que el juez tiene la función primordial de ´prevenir´ el daño ambiental, como parte de la colectividad que goza y usa del ambiente”.

Y agregaron: “Se trata de evitar un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles; por eso el principio precautorio opera ante la incertidumbre”.

“Al fin de cuentas”, recomendaron, “faltan aproximadamente ocho años para la finalización de la concesión actual, así que urge la prudencia en vez de los cambios precipitados y riesgosos”.