“El derecho a la propiedad privada no puede estar por encima de los derechos humanos”

Juez y presidente de la APDH seccional Bariloche, Rubén Marigo, ha sido uno de los blancos preferidos del gobernador Weretilneck desde noviembre, cuando intervino en el conflicto Mapuche en Mascardi y logró una salida negociada, evitando una nueva irrupción de las fuerzas federales tras la muerte de Rafael Nahuel.

30/04/2018
Bariloche
Martín Medero

Rubén Marigo, Juez y presidente de la APDH seccional Bariloche

Criticado por “tomar partido” a favor de los vulnerables, Rubén Marigo señala que la persecución no es personal, “persiguen a una ideología: quieren acabar con los Derechos Humanos como política de Estado”, dice.

Piensa que es necesario avanzar en la construcción de una justicia más amplia y democrática, que garantice el acceso a los sectores sociales más castigados y a los trabajadores.

Cuando en 2012 fue nombrado Juez de Cámara Laboral por el Consejo de la Magistratura, el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, elogió su trayectoria como militante y defensor de los Derechos Humanos, pero a partir de entonces los ataques se renuevan con cada fallo. No solo por su mirada sobre la problemática de los pueblos originarios y el derecho a la tierra. Su participación como presidente de la APDH en temas de alta sensibilidad social (como la concesión irrestricta del cerro Catedral a la empresa CAPSA), y su defensa de los trabajadores, lo mantienen en constante tensión con el Poder.

Marigo analiza que “hay un sector de la Justicia que entiende la aplicación de los Derechos Humanos como parte esencial de una política de Estado. Y entiende que la única forma de hacerlo es a través de una sentencia. Querer separar los Derechos Humanos del ejercicio judicial es atentar contra la democracia dentro de la Justicia”.

En diciembre, cuando la escalada violenta contra las comunidades Mapuche aún estaba en ciernes, Rubén Marigo y otros representantes de la APDH, sostuvieron que Santiago Maldonado y Rafael Nahuel habían sido “asesinados”, y dijeron que el Gobierno de Río Negro le daba una respuesta política al tema, pero no lo hacía, en cambio “en el caso de (Sergio) Cárdenas y (Nicolás) Carrasco (asesinados por la policía en junio de 2010), o en el caso de (Lucas) Muñoz (efectivo policial secuestrado y asesinado en 2016)”.

En aquel momento el Gobierno Nacional promovía la existencia –nunca comprobada- de un grupo Mapuche armado llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que caracterizaba como “terrorista” y al cual, se supone, habrían pertenecido los jóvenes muertos como consecuencia del actuar represivo. Esa hipótesis forzada y caída tras la evidencia abrumadora presente en la causa de Rafael Nahuel -pero que se aplicó sin embargo para justificar el despliegue de efectivos en la zona-, encontró en el gobernador Weretilneck un firme defensor.

Defensa que lo llevó a respaldar lo actuado por las fuerzas de Seguridad, a criminalizar al pueblo Mapuche, y a descalificar a quienes -organismos de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones civiles- denunciaron la violación de los derechos de las comunidades originarias.

“El juez ha perdido su imparcialidad y su objetividad, y yo no creo que el Poder Judicial tenga que tolerar jueces que hagan cuestiones partidarias, políticas, en vez de apegarse a la ley y al derecho”, opinó el gobernador.

El derecho a la tierra

“La constitución nacional”, retoma Rubén Marigo, “les garantiza a los pueblos originarios el derecho a acceder a la tierra, para habitarla y trabajarla. A partir de esa definición se dictó la Ley 26.660 que obliga a hacer un relevamiento nacional de tierras, que hasta aquí está en deuda. No se ha completado”.

“Y los convenios internacionales”, explica, “como el 169 de la OIT, que señala que no hay que penalizar estos temas, que lo que hay que intentar hecer es encontrar una solución, preservando la integridad cultural de los pueblos originarios”.

El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, estipula:

“Art. 5, inc. C: deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.

Y en el mismo sentido:

“Art. 14, inc. 1: Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

“Hoy nuevamente se abre una brecha”, explica Marigo, “entre dos modelos históricos de Nación: por un lado tenemos la llamada Conquista del Desierto, con una formidable expropiación de 32 millones de hectáreas para ponerlas en las manos de los Braun, los Blanchard o los Menéndez Behety, y del otro lado una política que piensa en devolverles sus tierras a los pueblos originarios”.

Mauricio Braun, fundador de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia

El asturiano José María Menéndez y Menéndez,  fue el fundador,  a comienzos del siglo pasado, de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. 

Menéndez se había casado con la montevideana María Behety Chapital, matrimonio del cual provinieron nueve hijos. Una de las hijas, Josefina, se casó a su vez con el principal competidor comercial de su padre en la Patagonia, Mauricio Braun, con quien Menéndez, junto a Juan Blanchard, integró aquella sociedad (desde 1908 La Anónima, a secas) a donde confluyeron los intereses de ambas familias.

Josefina Menéndez y Mauricio Braun tuvieron diez hijos. Uno de ellos, Eduardo Braun Menéndez, se casó con María Teresa “Maté” Cantilo Achával. De ese matrimonio nacieron nueve hijos, entre ellos, Clara Braun Cantilo, madre del Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña Braun. Su primo, Miguel Braun, es el actual Secretario de Comercio, nieto de Mauricio Braun.

Estancia Behety en Río Grande

Menéndez fue llamado “El rey de la Patagonia”. A través de La Anónima llegó a poseer casi la mitad del territorio (1.376.160 hectáreas) donde se criaban 1.250.000 cabezas de lanares que producían 5.000 millones de kilos de lana; además de 700.000 de cuero y 2.500.000 de carne.

“La política aplicada a generar un enemigo interno genera a su vez represión”, dice Rubén Marigo, “La invención de la RAM y los protocolos que se firmaron para su persecución, son los mismos que antaño se aplicaron para la persecución del gaucho y por supuesto de los propios pueblos originarios: la política de Sarmiento y Julio Argentino Roca, una política de exclusión y expropiación, ayer y hoy, hacia  el pueblo mapuche”.

Marcos Peña Braun, Jefe de Gabinete de Mauricio Macri

El imperio de Braun y Menéndez no se apropió pacíficamente de la Patagonia. La población indígena originaria fue perseguida y asesinada por grupos armados de estancieros de la empresa. La etnia selk’nam u Ona, se extinguió, víctima de aquel genocidio.

Del mismo modo La Anónima apagó la huelga de 1921, con el fusilamiento de 1.800 peones rurales durante el episodio conocido como La Patagonia Rebelde.

“Los nombres cambian”, dice Rubén Marigo, “pero no el intento de imponer un modelo de país. El derecho a la propiedad privada no puede estar nunca por encima de los derechos humanos. La justicia no es ajena a estas tensiones históricas, y tiene la obligación –todos la tenemos- de defender los Derechos Humanos”.

Las Huaytecas

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó por unanimidad días atrás los cuestionamientos de los abogados José Luis Martínez Pérez y Ana María Trianes dirigidos contra un fallo del Juez Rubén Marigo, quien integró la Cámara de Apelaciones, a raíz de la causa por usurpación seguida contra la comunidad Mapuche de Las Huaytekas, radicada a 30 kilómetros de El Bolsón, en la que el magistrado les dio la razón a los pobladores originarios. Martínez Pérez y Trianes habían acusado a Marigo de ser parcial y apoyar a los Mapuche.

Al momento de intentar apropiarse de las tierras, Martínez Pérez era entonces el titular de la Empresa Forestal Rionegrina S.A. (EMFORSA), la que a su vez había adquirido las tierras tradicionalmente ocupadas por la comunidad Mapuche Las Huaytekas, nombre que evoca al milenario bosque Cipresal de Las Huaytekas, donde habitualmente el grupo ancestral realiza sus ceremonias sagradas.

Ceremonia ancestral mapuche en Las Huaytecas

La justificación de esa operación inmobiliaria fue explicada por Martínez Pérez argumentando que EMFORSA, a partir de 1994, entró en un "proceso de déficit financiero, ya que su actividad no era capaz de generar ingresos que permitieran cubrir los gastos de funcionamiento". A continuación la empresa rionegrina comenzó a desprenderse de varios de sus activos, entre ellos las 300 hectáreas fiscales parte del territorio Mapuche, a las que les fijó un precio de 45.000 pesos (a dólares uno a uno).

En total, el abogado José Luis Martínez Pérez resolvió que la empresa forestal rionegrina debía vender, fijó el precio de la tierra y la adquirió para sí.

“En el caso de las Huaytekas, nosotros planteamos una línea de cómo se debe analizar o juzgar el tema de los pueblos originarios, no solamente en ese caso sino en todos. Por el contrario, vemos en cambio la interpretación que suele tener el Estado en casos como el de Rafael Nahuel”, señala Marigo.

Mascardi

Durante el brutal intento de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, en noviembre pasado, Rubén Marigo integró, como presidente de la APDH,  junto al obispo de Bariloche, Juan José Chamorro, la abogada de la comunidad Mapuche, Natalia Araya, y el concejal Ramón Chiocconi, entre otros, la comisión que intermedió y generó un espacio de diálogo entre los Mapuche y el juez Federal, Gustavo Villanueva, procurando garantizar una salida pacífica al conflicto, durante el cual ya había sido asesinado por la espalda Rafael Nahuel.

Rubén Marigo en diálogo con integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi

“No hay en la causa por la muerte de Rafael Nahuel ninguna constancia de influencia externa a la propia comunidad mapuche que ocupó las tierras”, explica Marigo, “sí en cambio se ve que Rafael no tenía pólvora en las manos, que eso descarta la hipótesis de un enfrentamiento, y que todas las cápsulas servidas que se encontraron en el lugar, pertenecen a las armas de las fuerzas de Seguridad”.

Sin embargo un coro de voces se alzó contra ese criterio. Además del gobernador Weretilneck, el intendente Gustavo Gennuso y el abogado Diego Breide -que presentó una denuncia ante el Colegio local- para quien la gestión de Marigo en nombre de la APDH sería incompatible “con el cargo (Juez de la Cámara Laboral) y con la función que detenta, evidenciando un total desapego por la imparcialidad que todo magistrado debe respetar en el desempeño de su función” opinó.

Rubén Marigo janto al concejal Ramón Chiocconi durante el conflicto en Villa Mascardi

Democratizar la Justicia

En su análisis Rubén Marigo entiende que “la gran transformación llegará cuando amplios sectores sociales postergados tengan verdaderamente garantizado el acceso a la educación y a la justicia; al ejercicio de la Educación y de la Justicia. Cuanto más proviene uno de una educación de privilegio, más probable resulta que tenga una ideología alejada de aquellos sectores vulnerables”.

Y añade, “yo digo que hasta que los trabajadores lleguen a ocupar su lugar en la Justicia, la Justicia estará incompleta”.

¿Qué se juzga hoy sino primordialmente delitos contra la propiedad?, ¿quiénes son los que van presos?, ¿de dónde provienen?, ¿es posible juzgar igual a una persona que nunca tuvo oportunidades, que no tuvo educación ni vivienda ni trabajo, frente a otra que las tuvo todas?, ¿permite la Justicia evaluar ese contexto? Hay quienes entienden que no, rotundamente, según propia interpretación sin beneficio de inventario: “No sacar los pies del plato”.

“Por ejemplo”, aclara Rubén Marigo, “hoy estamos bastante retrasados en la aplicación del juicio por jurados, que va a terminar implementándose en la provincia de Río Negro. Cuando esto ocurra, el cambio va a ser fundamental y vamos a poder ver cómo es que la gente tiene tanto sentido común como lo tiene un juez. No hay que tenerle miedo a esto. Quiero decir que cuanto más común sea el sentido, más amplio, mejor; mucho mejor que estar encerrado entre cuatro paredes”.

Y dice: “Yo soy hijo de laburantes. Pude llegar y llegué a ser juez. Vengo con esa ideología a aplicar el Derecho. Tal vez cuando esos otros sectores sociales, siempre postergados, puedan acceder a la Justicia, lo hagan con esa ideología para aplicarla al Derecho”.

“Esto tiene que ver con la democracia dentro de la Justicia”, afirma Marigo. Según su forma de ver,  “si el sistema comprende al Juez como una instancia aislada, ajena al mundo, vamos a tener una Justicia opuesta, por ejemplo, a los juicios por jurados o en contra de la elección popular de los jueces, que sería una forma de hacer que la Justicia se acerque a la gente. Es mi forma de entender la democratización de la justicia, y con eso, a los Derechos Humanos dentro del Sistema Judicial”.

María Nahuel, detenida por la Policía Federal en Bariloche

En 2013 Cristina Kirchner abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y presentó su proyecto para “democratizar” la Justicia y construir lo que llamó una “justicia legítima”.

"Se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada; a la Justicia no la incendian, incendian al Poder Ejecutivo y al Parlamento", dijo la Presidenta, y agregó: "Se echaron gobernadores, se encarcelaron gobernadores y presidentes y a la Justicia nunca la tocaron".

Y anunció el envío de varios proyectos de ley para "hacer una profunda democratización". "Quiero en serio una justicia democrática", afirmó entonces. La iniciativa no alcanzó para torcer el robusto brazo corporativo.

“Por eso, cuando se refieren a mi forma de actuar como Juez, yo no siento que me persigan a mí”, dice Rubén Marigo, “yo soy así de chiquito, una partecita. Lo que verdaderamente creo es que persiguen a una ideología, que lo que quieren es acabar con los Derechos Humanos como política de Estado”.