# DEFENSORA DEL PUEBLO

Sumario comprobó irregularidades cometidas por Beatriz Oñate

La Instructora Sumariante del Tribunal de Contralor culminó el dictamen sobre presuntas irregularidades cometidas por la Defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, con la designación de parientes y trabajo en negro dentro de la Defensoría. El organismo de control deberá decidir ahora si va a juicio o procede al archivo de las actuaciones.

02/05/2018
Bariloche

Oñate podría ser reprendida por el Tribunal de Contralor

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El expediente, aún bajo reserva, deberá ser analizado por los vocales del organismo de contralor para definir el camino a seguir. De ser comprobadas las faltas a Oñate podría caberle un Juicio de Responsabilidad y la imposición de una multa por sus actuaciones.

El Juicio de Responsabilidad es un proceso administrativo que, precedido de una etapa de sumario, realiza el Tribunal de Contralor con el objeto de determinar el presunto daño al erario público y la responsabilidad de los agentes y funcionarios que lo hayan causado. El juicio culmina con el dictado de la sentencia definitiva, que puede ser absolutoria o condenatoria, debiendo en este caso fijarse la suma de dinero a reintegrar por el responsable. 

Este medio denunció en diciembre que la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, intentó primero contratar a su cuñado, y que meses más tarde designó a su cuñada Gabriela Barría –la mujer de su hermano- en la Defensoría, para desempeñarse como colaboradora en el área administrativa contable. Todos hechos reñidos con la normativa vigente.

Cuñada contratada...

Cuñada dada de baja...

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Luego de la renuncia de la Asesora Letrada de la Defensoría, Ingrid Küster, denunciando irregularidades con el personal y la presencia de una trabajadora en negro -entre otros argumentos-, el Tribunal de Contralor inició un sumario verificando las declaraciones juradas presentadas por las personas que tienen vínculo contractual con el organismo, evidenciándose “la presencia de presuntas irregularidades que deben ser transparentadas y eventualmente corregidas”. Todo lo cual llevó a la instrucción de pruebas que ahora deberán ser analizadas.

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El Tribunal de Contralor se reunirá la próxima semana y según estimó su presidenta, Julieta Wallace, “hay dos opciones posibles: un Juicio de Responsabilidad o la desestimación de las actuaciones”.

Cuando llegue el momento de decidir, el oficialismo contará con dos votos de tres sobre la oposición, con lo cual no sería extraño que por mayoría se decida eximir a Oñate de cualquier sanción, teniendo en cuenta la ausencia de la Defensora en temas tan sensibles como el acuerdo de extensión del contrato de concesión con CAPSA en el cerro Catedral.

Wallace recordó que “ya hay antecedentes de decisiones similares del Tribunal cuando se trata de funcionarios del oficialismo involucrados”.

No obstante, en este caso, las pruebas recogidas contra Beatriz Oñate serían tan evidentes que, de resultar exceptuada de responsabilidades el Tribunal quedaría expuesto en un claro “manejo político” del expediente.

Oñate y una gran familia en la Defensoría

“Las cuestiones que deben esclarecerse”, explicó Julieta Wallace, “son contrataciones presuntamente irregulares; contrataciones de familiares en la Defensoría, y la obligación impuesta a los empleados de firmar un acuerdo de confidencialidad que en principio no correspondería”.

“En el caso de que la Instructora Sumariante haya logrado reunir prueba suficiente”, adelantó Wallace, “el Tribunal deberá iniciar un Juicio de Responsabilidad y eventualmente decidir cuál es la sanción que podría caberle a la Defensora. Si, por el contrario, se resolviera que los hechos no están probados, entonces se desestimará todo lo actuado”.

Si la responsabilidad de Oñate fuese observada a la luz de la Ordenanza de Ética Pública, las sanciones podrían ser mayores.

Oñate, Gennuso y Benítez (foto archivo Eugenia Neme)

“De acuerdo a la Ordenanza del Tribunal de Contralor”, señaló Wallace, “de avanzar en un juicio y si se determinase que la Defensora es responsable, las sanciones previstas tienen que ver con una multa -que se descuenta automáticamente de su salario- un apercibimiento o un antecedente en su legajo. Por supuesto que el Tribunal puede girar, si lo considera, sus actuaciones al Concejo Municipal para que allí se decida si cabe tomar alguna otra medida, tal como la remoción del Defensor del Pueblo, cuestión que alguna vez ya sucedió”.

Según pudo averiguar este medio las pruebas recogidas por la Instructora Sumariante serían suficientes para promover un Juicio de Responsabilidad contra Beatriz Oñate, sin embargo ha habido otros casos de funcionarios de la administración del intendente Gustavo Gennuso, en los que la recomendación de iniciar un juicio –aún con pruebas fehacientes- fue desestimada por la mayoría automática del Tribunal de Contralor.

En el caso de Oñate los miembros oficialistas podrían encontrarse en serias dificultades para emitir un voto que exculpe a la Defensora, evitando a la vez quedar expuestos con una decisión “política”, alejada de la normativa.