Permiten a movimiento antinuclear conocer datos de expediente judicial

A pesar de no ser parte, un fallo del STJ autorizó a la organización a acceder al expediente iniciado por el Intendente de Sierra Grande para derogar la ley antinuclear.

07/05/2018
Viedma

(foto archivo Patagonia Fotopress)

El juez Sergio Barotto, en su carácter de presidente subrogante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), aplicó de manera amplia la doctrina de acceso a la información y permitió a un grupo de vecinos del movimiento antinuclear tener vista de parte del expediente que inició el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N°5227, que prohíbe la instalación de centrales nucleares en el territorio rionegrino.

Inicialmente, ante la presentación del jefe comunal de Sierra Grande, el STJ corrió traslado al Gobierno de la Provincia de Río Negro, que contestó a través de la Fiscalía de Estado. Dos vecinos del movimiento antinuclear pidieron al STJ que se les permita conocer dicha respuesta.

Según se informó desde el Poder Judicial, en términos formales, los solicitantes no son parte en el expediente. En este punto radica lo novedoso de la decisión: una interpretación restrictiva de la norma indicaría la imposibilidad de acceder al contenido peticionado. Sin embargo, el juez Barotto, fundando su decisión en frondosa jurisprudencia y tratados con rango constitucional, permitió el acceso a la información.

 

Interpretación amplia

 

El juez también se apoya en la Ley B N° 1829, que estableció el libre acceso a las fuentes de información pública. Dicho derecho “puede ejercerlo toda persona física o jurídica sin distinción de nacionalidad radicada en la Provincia, no siendo necesario indicar las razones que lo motivan”.

 

En este punto, debido a que el decreto reglamentario de esta ley no ha establecido las excepciones a la publicidad de los actos de gobierno, por analogía el juez Barotto aplica la Ley Nacional Nº 27275, de Acceso a la Información Pública, donde si se enumeran las excepciones. Tras analizarlos, no encuentra ninguno que limite el acceso a la información para este caso en particular.

El magistrado destaca que “el trámite judicial del rubro no ha sido sometido judicialmente a reserva o secreto”, tomando como regla que “las actuaciones judiciales son, en principio, públicas, como todo obrar general del Estado, salvo que existan restricciones legales para acceder al contenido de las mismas, limitaciones que, por otra parte, deben ser interpretadas con criterio restrictivo”.