Catini dio marcha atrás con la compra de la camioneta de MiBus y zafó del juicio

Luego que En estos días revelara que había hecho un negocio personal por la empresa que debía controlar, el Director de Tránsito y Transporte municipal devolvió la tarjeta Azul que lo autorizaba a conducir la camioneta de la firma ligada a MiBus, y desistió de la compra. La Justicia no avanzó en la causa por “dádiva”. Una integrante del Tribunal de Contralor se presentó a título personal para pedir que continúe la investigación.

14/05/2018
Bariloche
Santiago Rey

Carlos Catini, titular de Tránsito y Transporte (foto gentileza)

Con la Justicia de su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Carlos Catini zafó del juicio por “dádiva”. Eso sí, tuvo que dar marcha atrás con la compra de la camioneta a una empresa ligada a la firma MiBus, concesionaria del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad -es decir, la empresa que debe controlar-.

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El 15 de noviembre del año pasado, En estos días reveló que el funcionario de la administración Gennuso había accedido a la tarjeta Azul -de autorización para conducir- de una camioneta Toyota Land Cruiser, perteneciente a la firma sanjuanina Balcán S.R.L. Este medio pudo determinar que esa firma mantiene una relación estrecha con la empresa MiBus, concesionaria del transporte público en Bariloche.

Así, Catini aparecía beneficiado -junto a su mujer- con la entrega de esa autorización para conducir una camioneta perteneciente a la empresa por cuyo desempeño en la ciudad debía velar.

La relación entre esa camioneta y MiBus quedaba en claro porque otro de los beneficiarios con la tarjeta Azul era Pedro Ponte, titular de la empresa.

En estos días detalló que la camioneta Toyota pertenece a Balcán S.R.L., entre cuyos socios figuran José Leonel Cano y José Cano, quien a su vez forma parte de la Cámara de Transporte de Pasajeros para la Actividad Minera. José Leonel Cano integra la Transportadora Cuyana.

Boletín Oficial de San Juan que demuestra el vínculo entre Balcán y MiBus

De acuerdo al Boletín Oficial de San Juan, en diciembre de 2015 poseía 19.200 de 43.530 cuotas sociales de esta firma, socia de Empresa Mayo S.R.L. Estas empresas se asociaron con SEMISA -grupo dueño de Mi Bus- en Uniones Transitorias de Empresas, por ejemplo, para licitar el transporte de mineros en Pascua – Lama.

Luego de la publicación fue el propio Catini quien confirmó los vínculos: dijo que recibió la tarjeta Azul porque había comprado la camioneta, con una primera cuota de de 200 mil pesos, y que "con el aguinaldo" de diciembre pagaría la segunda cuota, por un monto similar. En declaraciones públicas blanqueó que la compra se la efectuó a Pablo Cano.

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Luego de la publicación de este medio -y que el propio Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, le pidiera explicaciones públicas-, Catini no tuvo más remedio que dar marcha atrás con la compra de la camioneta.

Y fue precisamente ese argumento -el no cumplimiento de todo el proceso de transacción- del que se valió el Fiscal Adjunto, César Lanfranchi, para desestimar la investigación por presunta “dádiva”, requerida por el Tribunal de Contralor.

Ponte y Gennuso, en la presentación de micros de MiBus (foto Municipalidad)

Según documentación judicial a la que accedió En estos días, el pasado 26 de abril Lanfranchi desestimó la denuncia. Entre otros hechos valoró que en el mes de diciembre -unos 20 días después de la primera publicación de este medio-, Catini y su esposa devolvieron las tarjetas Azul que los autorizaban a conducir la Toyota 4x4.

En su particular interpretación, el Fiscal valoró que Catini no pagó la “segundo cuota”, y que la “dádiva” hubiese sido probada si hubiera acontecido “la entrega total de la camioneta o un descuento fuera de los valores de mercado en su precio final”.

“Es innegable que el negocio no se completó -planteó el Fiscal-, por lo que entiendo que el eventual delito no llegó a configurarse.

Cesión de la tarjeta Azul a nombre de Catini, su mujer, y Ponte

En la resolución de Lanfranchi quedan, sin embargo, algunos datos importantes: José Leonel Cano confirmó que la camioneta formaba parte del patrimonio de la empresa Balcán -socia de MiBus-, y que se había puesto en marcha el proceso administrativo para la transferencia a favor de Catini. Es decir que está demostrado el vínculo personal entre el funcionario y los empresarios, más allá de lo exigido por el ejercicio de la función pública.

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La determinación del Fiscal no dejó conforme a la Presidenta del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace, quien el 8 de mayo pasado requirió a Lanfranchi la elevación de la causa “en consulta” al Fiscal Jefe -en virtud de lo establecido por el artículo 129 del Código Procesal Penal-, ya que “podríamos encontrarnos ante la presencia de un delito de acción pública”.

Wallace se presentó “en nombre propio” como vocal del Tribunal de Contralor, ya que interpretó que tiene el “deber como funcionaria pública de agotar la instancia judicial”.

La titular del organismo de control refirió que “el sistema proceso penal brinda la posibilidad de revisar la decisión adoptada”, teniendo en cuenta que “el objeto jurídico protegido es el funcionamiento normal, ordenado y legal de la administración pública municipal”.