# QUIÉN MATÓ A RAFAEL NAHUEL

El delito de ser mapuche

La Cámara de Casación revocó la excarcelación de Fausto Jones Huala y Lautaro González, los jóvenes que bajaron a la ruta 40 el cuerpo de Rafael Nahuel. La “peligrosidad” de los mapuches es el único argumento esgrimido por los jueces. En pocos días se conocerá el nombre del Prefecto responsable del asesinato.

16/05/2018
Bariloche
Santiago Rey

Momento de la liberación de los jóvenes mapuches

Sin ningún tipo de aporte de pruebas ni nuevos datos que justifiquen la decisión, la Sala III de Casación, compuesta por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, resolvió este martes revocar la excarcelación otorgada a Fausto Jones Huala y Lautaro González, en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel.

De la lectura de las dos sentencias -a las que accedió este medio- se desprende que la pertenencia de los jóvenes al Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu es el único argumento esgrimido por los jueces para solicitar la detención de quienes bajaron el cuerpo de Rafael desde el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu hasta la ruta 40, el pasado 25 de noviembre de 2017.

Nota relacionadaLiberaron a los dos jóvenes mientras el Juez define su situación

Tras el asesinato del joven en la comunidad, Fausto Jones Huala y Lautaro González fueron detenidos, y luego de tres días excarcelados por el Juez Gustavo Villanueva. Esa decisión fue cuestionada por el Fiscal Mario Sabas Herrera. La Cámara Federal de General Roca rechazó ese recurso, que recayó finalmente en la Cámara de Casación, cuyo fallo se conoció en las últimas horas: Catucci y Riggi votaron por revocar la excarcelación, con el voto en disidencia de Mahiques.

La medida fue adoptada a pocos días de que la principal pericia de la causa por el asesinato termine de develar quién fue el integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina realizó el disparo mortal que acabó con la vida de Rafael.

¿Argumentos?

Los jueces que pidieron la detención de los dos jóvenes, asociaron la existencia de grupos de autodefensa del pueblo mapuche con el atentado contra el orden democrático, y consideraron que el simple hecho de pertenecer al Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu es motivo suficiente para privarlos de su libertad.

“Es un grupo de personas que resiste la autoridad de manera armada, con violencia”, planteó Riggi y sin tener en cuenta los resultados de todas las investigaciones, testimonios y pericias existentes en el expediente, arriesgó que los mapuches “atacaron” a los miembros de la Prefectura Naval que ingresaron al territorio.

El camarista hizo suytas las expresiones del Fiscal Sabas Herrera y planteó que “el imputado en indagatoria denota indicadores de riesgo procesal por cuanto demuestra que aun cuando el predio se encontraba bajo custodia policial -producto del desalojo de ocupantes ilegales que allí se encontraban- ingresó igualmente al lugar, violando la directiva impartida, permaneciendo oculto y repeliendo de manera violenta el accionar de las fuerzas de prevención”.

Y recordó que “a Jones Huala se le secuestró un cuchillo en su poder minutos después de haberse producido un enfrentamiento con las fuerzas federales”.

Nada dice que a Rafael Nahuel lo mataron por la espalda con un disparo de una bala 9 milímetros, compatible con los dos tipos de armas que utilizaron los Albatros.

“No puede descartarse que el accionar del encausado (Jones Huala) se encamina a entorpecer, interferir y obstruir el curso normal de la instrucción llevada a cabo contra otros miembros de su comunidad y en la que él mismo es imputado”, planteó el juez.

El magistrado recordó “las propias manifestaciones expuestas por el imputado al prestar declaración indagatoria” que, según Riggi, “demuestran que no se trata de un hecho aislado sino que, por el contrario, los sucesos investigados son el resultado y forman parte de una lucha constante que vienen llevando a cabo individuos de algunas de las comunidades que allí habitan, las cuales constituyen un movimiento y que a todas luces revelan la intencionalidad de los mismos de no acatar las directivas impartidas por el órgano judicial”.

Nada dijo el Juez de los 114 disparos efectuados por Prefectura; ni de la inexistencia de armas en poder de los jóvenes mapuches; de la ausencia de testimonios que acrediten la versión del Gobierno nacional a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrcih sobre la existencia de un “enfrentamiento”; ni del resultado de las pericias y la inspección ocular que apuntan a consolidar la idea de que se produjo una verdadera cacería en el lugar.

“El pensamiento del encartado (Jones Huala) y su consecuente proceder confesado en relación a su participación en el denominado Movimiento Mapuche Autónomo -MAP-, revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas, que nos impone remarcar ciertos criterios propios, exigibles y necesarios de la convivencia democrática y que derivan del respeto del orden Constitucional y legal de la Nación”, adujo el magistrado, emparentando la situación del pueblo mapuche con la de grupos insurreccionales. Es decir, la teoría Bullrich plasmada en un fallo.

La resolución contra Lautaro González es de similar tenor.

Ahora, la resolución será apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.