Breve historia de un juez militante

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, quien la semana pasada resolvió devolver a la cárcel a los jóvenes mapuche Lautaro González y Fausto Jones Huala, tiene un largo historial de fallos contrarios a las minorías. Magistrado de la última dictadura militar, cuenta hoy con el apoyo del gobierno de la alianza Cambiemos.

20/05/2018
Nacional

Juez Eduardo Rafael Riggi, presidente de la Cámara de Casación Penal

“No tengo el honor de ser del Opus Dei”, fue la notable respuesta del juez Eduardo Rafael Riggi cuando se le recordó su pertenencia a la ya casi centenaria secta de Josemaría Escrivá de Balaguer. Una respuesta demasiado parecida a un lamento que no a la indignación.

La carrera judicial del hoy presidente de la Cámara de Casación Penal tuvo altos y bajos en su historia, siempre vinculados a los avatares políticos del país, pero muy especialmente a los gobiernos de facto, tiempos que le resultaron propicios para escalar posiciones y ganar impulso hasta llegar a la magistratura.

Esta semana el juez Riggi emitió sentencia revocando la excarcelación de los jóvenes mapuches Lautaro González y Fausto Jones Huala, compañeros de Rafael Nahuel, quienes lo recogieron ya herido de muerte en la montaña cuando la represión a la Pu Lof en Mascardi del 25 de noviembre.

Ambos habían sido puestos en libertad por orden de la Cámara de Apelaciones de General Roca tras pasar cinco días detenidos en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, decisión que el juez Riggi revirtió sin exhibir “prueba alguna”, y con una “parcialidad manifiesta” , tal como lo expresó la abogada defensora de los dos jóvenes, Sonia Ivanoff.

Riggi basó su sentencia en hechos delictivos que González y Huala quizá cometan en el futuro “invirtiendo la carga de la prueba”, sostuvo Ivanoff, “hechos por los que mal podría mi defendido defenderse si  nunca fue imputado por los mismos”.

Palabras más o menos, para el juez Riggi los mapuche son una banda armada dispuesta a alzarse contra la Constitución; hecho que se demuestra por haber “atacado”, según su visión, “al personal de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba realizando recorridas de rigor”.

Eduardo Rafael Riggi y Liliana Elena Catucci

Eduardo Rafael Riggi Fue nombrado en 1978 Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº4 de la Capital Federal, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Antes, en 1971, había tenido actividad en tribunales con un cargo en la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”.

Recordada por sus víctimas como  "La Cámara del Terror" y en el cotidiano argentino como "El Camarón", fue conformada en 1971 y entre otros muchos hechos de su acervo judicial, se le reconoce el haber rechazado los hábeas corpus de los presos fugados de la cárcel de Rawson que se entregaron en el aeropuerto de Trelew y que, luego de comprobados los fusilamientos en la base naval de esa localidad, absolvió a los marinos implicados en la masacre.

En 1973 Riggi fue cesanteado y relegado al último puesto del escalafón, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia y disolvió el “Camarón”. Sin embargo iba a recuperar posiciones rápidamente en los años previos al golpe de Estado. En 1975 fue designado secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que luego fue confirmado por la Corte designada por las Fuerzas Armadas.

Su ascenso meteórico durante la Dictadura Militar tuvo su corolario cuando Carlos Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación, lo cual provocó la renuncia del entonces ministro de Justicia León Arslanian, quien dijo al alejarse que no avalaría a “ningún Frankenstein”. El pliego de su ascenso fue aprobado en la sesión de la Cámara de Senadores del 16 de diciembre de 1992.

Entre otros de los destacados fallos de Riggi figura el dictado contra Ana María Fernández en la causa Cromañón. La mujer había solicitado el régimen de prisión domiciliaria en razón de ser madre de un niño de diez meses, pero el hoy presidente de la Cámara Federal de Casación Penal votó a favor del encierro del bebé y de su madre, argumentando que la cárcel no generaba un riesgo para ellos, y señalando además que Fernández se había casado con otra mujer “lo que garantizaría la presencia de dos madres en el hogar”, faltando una de ellas. Para Riggi no fueron objeciones que en la cárcel no hubiera guardia pediátrica, que el niño estuviera en etapa de lactancia o que la prisión no fuera el lugar más adecuado para un niño en sus primeros meses de vida.

En años más recientes Riggi fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el Consejo de la Magistratura, y afrontó un proceso por mal desempeño luego de que salieran a la luz escuchas telefónicas donde se pactaban coimas para favorecer la situación procesal de los imputados (el ex titular de la Unión Ferroviaria José Luis Pedraza; los entonces vicepresidente y directora suplente de Belgrano Cargas S.A. Angel Stafforini y Susana Rita Planas, respectivamente; el abogado y ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid; el ex funcionario judicial Luis Ameguino Escobar, y el  ex agente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Juan José Riquelme), por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, en octubre de 2010.

Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, Eduardo Rafael Riggi recibió otro gran espaldarazo cuando la Cámara que él mismo integra resolvió eximirlo de responsabilidad en el caso Ferreyra, y cerró toda posibilidad de continuar investigándolo por el presunto soborno. Pero además el juez, coincidente con el discurso político del Gobierno (Riggi fue quien rechazó la excarcelación de Luis D´Elía, en la causa del inexistente acuerdo con Irán, quien revocó los procesamientos contra el empresario Carlos Pedro Blaquier por supuesta complicidad en delitos de lesa humanidad, y quien le otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, entre otros fallos del mismo sesgo), logró asumir como presidente del tribunal a fines del año pasado.

“Mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”, fue otra de las frases célebres de Riggi, cuando se le cuestionaron sus vínculos con la corporación militar.

Esta semana, en otro fallo propio de su pluma, Eduardo Rafael Riggi, votó por regresar a la cárcel a Lautaro González y Facundo Jones Huala entendiendo que en Mascardi hubo un enfrentamiento “de manera armada y con suma violencia”, lo cual a su juicio fue lo que “conllevó -incluso- a la muerte de un individuo”.

Para el juez resulta además un agravante la relación de los jóvenes con el Movimiento Mapuche Autónomo, cuestión que configura, al decir de la abogada defensora Sonia Ivanoff, “un claro sesgo de discriminación por pertenencia étnica”.

La sentencia será apelada. Mientras tanto habrá de verse si a Riggi le cabe el reproche de "juez militante" de parte del gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Gustavo Gennuso o algún abogado del receloso foro local.

 

Ver además: Rechazo al fallo que revocó la excarcelación de González y Huala