Después de las amenazas de Mi Bus, la justicia rechazó el amparo por el boleto

La Multisectorial por el Transporte Público acudirá al STJ. Afirmaron que en Bariloche fueron “permeables a las presiones de la empresa”. Críticas del oficialismo y la oposición a la firma sanjuanina.

31/05/2018
Bariloche

 

 

“La justicia protege los intereses de Mi Bus”, afirmó este jueves la Multisectorial en un comunicado, denunciando que les ordenaron requerir en Viedma, ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), “la información pública del expediente que la Municipalidad nos oculta, donde deberían constar los números de la Empresa Mi Bus que justificarían el exorbitante valor del boleto”. El fallo del juez Emilio Riat, desestimó el planteo por considerar que no es la vía idónea.

La organización lamentó que, para la justicia, la situación merece “un largo juicio contencioso-administrativo, de esos que duran años, por lo que sería imposible retrotraer la tarifa del boleto al valor anterior”. Y responsabilizó al fuero local de haber sido “permeable a las presiones de la empresa monopólica Mi Bus, que de manera pública extorsionó a todos los poderes, amenazando con la reducción del servicio y el despido de sus trabajadores”.

Ángel Vainstein, Multisectorial por el Transporte Público

 

En el comunicado, rechazó también el intento de la empresa de responsabilizar a los estudiantes por el costo del boleto de colectivo, y fijó que el valor de la tarifa (la más cara del país) está vinculada a “la avidez de la Empresa por seguir teniendo ganancias extraordinarias”.

La amenaza de despidos, desafectación de colectivos y recortes de recorridos lanzada por Mi Bus cosechó en las últimas horas rechazos desde el Gobierno y la oposición. El propio intendente, calificó de “irresponsable” el accionar del grupo Amancay, acusándola de llevar “intranquilidad” a la población, en una muestra de “total falta de consideración” para con el servicio y las familias que dependen de él.

El concejal del Frente para la Victoria, Daniel Natapof, fue aún más tajante, y definió que se trató de una “carta extorsiva e irracional, para provocar temor y presionar a los trabajadores para que la transmitan al poder político”. Evaluó, además, que “no corresponde que una empresa concesionaria de un servicio que le delga el Estado, se maneje con métodos coactivos y amenazantes”. 

 

Ver además: "La Justicia protege los intereses de Mi Bus"