Avance de Weretilneck sobre la Justicia: pide que sancionen a Marigo

El Gobernador reclamó al STJ en diciembre que se analicen los dichos del Juez por supuesta “pérdida de imparcialidad” relacionados con la defensa de los derechos humanos. Ahora, el Auditor del Poder dio impulso al pedido de sanciones. La próxima semana, el Consejo de la Magistratura analizará el caso. Apoyo nacional a Marigo de entidades que nuclean a Jueces, Juezas y la APDH.

31/05/2018
Bariloche
Santiago Rey

Rubén Marigo

No fue sólo un escarceo verbal, al calor de la intervención del Juez como mediador en el conflicto por el asesinato de Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. Ni una disputa por los medios de comunicación luego de las críticas del magistrado a las políticas represivas nacionales y provinciales. El Gobernador Alberto Weretilneck fue mucho más allá y, en diciembre pasado, planteó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se “analice” la situación del Juez Rubén Marigo, requerimiento que derivó, en las últimas semanas, en la elevación del caso al Consejo de la Magistratura.

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Así, gracias al impulso dado a la presentación de Weretilneck por el Auditor Judicial General, Juan Manuel Montoto Guerrero, el Consejo analizará el próximo lunes la supuesta “pérdida de independencia” de Marigo por realizar declaraciones en defensa de los derechos humanos.

Apenas conocida la decisión del organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados -y llegado el caso, aplicar sanciones-, entidades nacionales que reúnen a Jueces y Juezas y la propia Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, se pusieron en alerta y reclamaron que no se tomen medidas contra Marigo. 

En una nota dirigida al Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Rio Negro, Enrique Mansilla, las autoridades de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina (ANJUT) pidieron que “se desestime la denuncia, en aras de la vigencia de los derechos fundamentales que integran el Estado social y democrático de derecho”. En el escrito -al que tuvo acceso En estos días-, el Presidente de la ANJUT, Luis Raffaghelli planteó su “preocupación” por la “denuncia formulada contra Marigo por el Gobernador de la Provincia de Rio Negro Sr. Alberto E. Weretilneck en términos que consideramos cercenatorios de la libertad de expresión de nuestro colega”.

La entidad recordó que el Juez rionegrino “es dirigente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y ostenta desde hace mucho tiempo una conducta consecuente en la defensa irrestricta de los mismos”, y planteó que “el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha forjado una sólida doctrina en materia de libertad de expresión”.

Para la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo “las expresiones del Dr. Rubén Marigo que se buscan acallar, se vinculan con su conocida prédica en defensa de los derechos humanos en la Provincia de Rio Negro y por tanto deben ser tomados en tal contexto, comprendidos en las garantías de la Convención citada, incorporada al texto constitucional por el art.75 inc.22 de nuestra Carta Magna”.

“Preocupado”

Todo este proceso que culminará con el “análisis” de la situación en la próxima reunión del Consejo de la Magistratura, tiene como disparador una nota elevada por Weretilneck al STJ, luego de las declaraciones públicas realizadas por Marigo. El Gobernador acompañó su presentación con copias de los artículos periodísticos correspondientes, que reflejan la preocupación del Juez y la APDH Bariloche que integra, por la escalada represiva.

En esas notas periodísticas queda en claro que la palabra de Marigo se dio en el marco de una conferencia de prensa de la APDH. Por caso, un diario digital reflejó: “La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dio una conferecia de prensa para analizar los dos primeros años del presidente Mauricio Macri (...), además de criticar las medidas del gobierno nacional, cuestionó el rol del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck”.

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En esa conferencia de prensa, Marigo indicó que “existe un retroceso en las conquistas sociales" y sostuvo que mia violencia y la represión de la protesta social son para nosotros dos indices fundamentales de la violación de los derechos humanos”. Y señaló que desde el inicio de su gestión, Macri “ninguneó la política de derechos humanos, levantando la guerra sucia, la teoría de los dos demonios, fomentando la libertad domiciliaria de los genocidas, mientras dejaban en la cárcel a militantes sociales como Milagro Sala, y fundamentalmente culminando con el 2x1 alentado por los dos miembros de la Corte Suprema que había fomentado el gobierno nacional en forma inconstitucional”.

Esos dichos fueron suficientes para que Weretilneck muestre su preocupación ante el STJ y desencadene una posible sanción contra el magistrado.

El contexto de aquella conferencia de prensa fue el asesinato a manos de Prefectura del joven mapuche Rafael Nahuel, y la mediación de Marigo quien -junto entre otros al Obispo de Bariloche, Juan José Chaparro- intervino para evitar nuevos enfrentamientos y represión en el lugar.

El 29 de diciembre, Weretilneck rubricó la nota en la que manifiesta su “preocupación personal e institucional con relación al Dr. Ruben Mango, Juez de Cámara Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial”, y en particular a los dichos en los artículos periodísticos mencionados.

“Más allá de la visión sesgada del letrado -argumentó el Gobernador en la nota a la que accedió este medio-, resulta alarmante que justamente un integrante vuestro poder, asuma expresiones públicas que contienen tinte netamente político partidario, y resultan impropias para quienes integran el Poder Judicial, justamente porque demuestran una pérdida de valores que tanto nuestra Constitución Provincial, la ley Orgánica del Poder Judicial, las ‘Reglas de Bangalore’ y demás reglamentación pretenden resguardar”.

Sin otro argumento que la copia de los artículos periodísticos, Weretilneck repasó que “nuestra Carta Magna sostiene en su artículo 201 que ‘es prohibido a los magistrados y funcionarios judiciales: 1. Realizar actos que comprometan la imparcialidad de sus funciones. 2. Participar en política partidaria’. Sin dudas, con manifestaciones como la de la nota en el diario mencionado, ambos preceptos constitucionales detallados en el párrafo anterior podrían estar siendo conculcados por el magistrado enunciado”.

Para el mandatario provincial “todo esto ha generado un fundado temor a la perdida de independencia del mismo, como así también a dudar objetiva y subjetivamente de su idoneidad para ocupar el cargo que ocupa”.

Esa “preocupación” fue manifestada por Weretilneck el 29 de diciembre pasado, y durante el mes de abril, el Auditor Judicial General, Juan Manuel Montoto Guerrero, interpretó que el caso debía elevarse al Consejo de la Magistratura ya que la supuesta inconducta podría ser penada con una suspensión o destitución -los apercibimientos son privativos del STJ-.

Montoto Guerrero fue designado en junio del año pasado por el mismo Consejo al que ahora remite el caso.

El Auditor -en su nota de elevación a la que tuvo acceso En estos días- no se limitó a la formalidad de la elevación, sino que ingresó en el terreno de la evaluación parcial de los hechos: “De comprobarse que los hechos sucedieron de forma tal como fueron relatados (...) nos encontraríamos ante expresiones públicas de opinión del magistrado vertidas en la escena de una conferencia de prensa, que podrían resultar contrarias a la independencia e imparcialidad valorables en la conducta de un Juez”, dijo.

Y agregó: “Si bien todo Juez, al igual que todo ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y reunión, lo cierto es que el ejercicio de los citados derechos y libertades por los magistrados debe serlo de forma tal que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.

Así, con el apoyo de un sector de la estructura más conservadora del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura se apresta a tratar el tema planteado por Weretilneck.

Dentro del STJ, coexisten diversas miradas y prioridades sobre los límites de los jueces al momento de realizar declaraciones de este tipo. Además, el Presidente actual del Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal llegó desde San Carlos de Bariloche, lugar donde ejerce su cargo Marigo y donde está latente una dura puja ideológica puertas adentro del Poder Judicial.

Apoyo

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Además de la mencionada nota de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a nivel nacional, también se expidió.

En una nota dirigida a Mansilla, la entidad informó que el 21 de mayo pasado se reunió la Mesa Directiva Nacional y resolvió manifestar su “total solidaridad” a Marigo, a quien “conocemos acabadamente y sabemos de su respeto y compromiso con los derechos humanos”.

Además, la organización repasó que “la naturaleza y motivación de la acusación formulada en su contra por el Gobernador Weretilneck importa la vulneración de la libertad de expresión del denunciado, lo que contraría las disposiciones vigentes sobre la materia”.

Con la firma de su Presidenta, María Elena Naddeo, la APDH peticionó que “se rechace la denuncia” contra el Juez barilochense.