Oñate, salvada por el oficialismo

La inspectora sumariante del Tribunal de Contralor confirmó que la Defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, designó a su cuñada, tuvo personal sin registrar e hizo firmar convenios de confidencialidad a los trabajadores. Pero el oficialismo impuso su mayoría para impedir el juicio de responsabilidad.

08/06/2018
Bariloche

 

Beatriz Oñate, Defensora del Pueblo

 

La carta de renuncia de la Asesora Letrada de la Defensoría del Pueblo el 16 de diciembre de 2017 generó la intervención del Tribunal de Contralor por el “posible incumplimiento de la ordenanza de Ética Pública”. La abogada, fundamentó su alejamiento con la detección de irregulares en la cartera que conduce Beatriz Oñate.

Después de más de 6 meses de análisis, el Tribunal liberó de responsabilidad a la Defensora del Pueblo, a través de una Resolución en la que consta que la Instructora Sumariante, Andrea Leiva, se expresó a favor de avanzar con un juicio de responsabilidad contra Oñate, ante la comprobación de las anomalías. Esta postura fue acompañada por la Presidenta del Contralor, Julieta Wallace, pero desechada por los vocales oficialistas del órgano, que impusieron su mayoría para proteger a la funcionaria.

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“Surge a todas luces que el hecho concreto de tener personas trabajando de manera irregular (trabajo no registrado), constituye una falta grave que es responsabilidad -en principio- de la persona a cargo del organismo público involucrado”, advirtió Wallace, añadiendo que “no es menos grave” que haya hecho firmar convenios de confidencialidad al personal, entendiéndolos como un “método de coacción”.

Sin embargo, los vocales Maia Thieck y Damián Fuentes, en oposición a la inspectora sumariante y la Presidenta, afirmaron que, como Gabriela Barría no está legalmente casada con el hermano de la Defensora, “no hay infracción”, porque la norma “se refiere estrictamente a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado". Barría, es la madre de los sobrinos de Oñate.

Oñate y una gran familia en la Defensoría

 

Sobre la falta de Alta temprana en la AFIP de otra trabajadora, evaluaron que no fue un incumplimiento sino un “cumplimiento tardío”, porque si bien “hubo efectivamente cierto retraso en el alta de la empleada designada”, ante la intimación de la AFIP fue regularizada, por lo que evaluaron la situación como un “hecho de escasa entidad”.

Por la presencia de una colaboradora trabajando sin designación, los oficialistas interpretaron que Oñate nunca la contrató, y que el hecho de que tuviera correo electrónico propio en la Defensoría y se presentara en las redes como asesora, no refleja trabajo no registrado sino que evidencia que la Defensora iba a contratarla pero “cambió de opinión al respecto”. 

El forzado argumento se amplió con la siguiente apreciación: “El paso de esta persona por las oficinas públicas por el escaso tiempo en que la Defensora evaluó la posibilidad de contratarla, su presencia en el lugar y las eventuales intervenciones que pudieron caberle en presencia de la Defensora y, por tanto, con su consentimiento; sin que hubiera firmado o ejecutado en forma autónoma decisión alguna, restan importancia y entidad a este hecho”.

También quitaron relevancia a los convenios de confidencialidad impuestos por la Oñate al personal: “Aunque esto hubiera efectivamente ocurrido, no vemos que se haya transgredido norma alguna. Ese deber de confidencialidad y reserva, ya existe como obligación general para todos quienes trabajan en la Defensoría”.

Oñate ya había sido advertida por contratar a su cuñado en el área de Comunicación. Pese a este antecedente, y al igual que con todas las investigaciones iniciadas por posibles irregularidades de los funcionarios de la actual gestión de gobierno, la mayoría oficialista evitó el avance de un juicio de responsabilidad.

 

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