Femicidios: las deudas de Río Negro

El pasado 3 de junio se cumplió un nuevo año de la multitudinaria marcha que en 2015 vio nacer el lema “Ni Una Menos” (NUM). En nuestra región, también se cumplió un año de la desaparición de Silvia Vázquez Colque. No estamos todas y eso nos obliga a pensar y reclamar para que se nos garantice una vida libre de violencias. El Estado provincial rionegrino está en deuda. Un artículo de Mariana Rulli, Investigadora del CIEDIS-UNRN.

10/06/2018
Río Negro

(foto Mujeres Organizadas de la Comarca)

“Basta de Femicidios” es el grito colectivo que se escucha desde 2015 en Plaza de Mayo y en todas las plazas del interior del país. No alcanza con estadísticas (insuficientes, incompletas y sesgadas) que señalen que no hubo casos de femicidios según la tipificación penal que ofrecen las carátulas de las causas. Siendo Argentina el país que impulsó en 2006 la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, resulta inconcebible que las mujeres desaparecidas en el país aún no figuren en las estadísticas de femicidios.

Según la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA el femicidio es “la muerte violenta de las mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el estado y sus agentes, por acción u omisión”. Marcela Lagarde, antropóloga y feminista latinomericana, dotando de significado político al concepto, definió como “feminicidio” al acto de asesinar a una mujer, sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, denunciando la inactividad y el incumplimiento de las convenciones internacionales por parte de los Estados. Según Lagarde, el feminicidio implica al conjunto de hechos que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres: el silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes.

En 2016, la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonović, realizó una visita oficial a nuestro país y resaltó que el sistema argentino tiene “deficiencias considerables” para prevenir la violencia contra las mujeres. Señaló que hay mucho trabajo por realizar para que Argentina logre cumplir con sus obligaciones internacionales y pueda desarraigar actitudes patriarcales enraizadas y estereotipos de género que alimentan la violencia de género. También destacó al movimiento argentino NUM por darle protagonismo a la problemática de los femicidios y así lograr atraer la atención internacional.

(foto Mujeres Organizadas de la Comarca)

Está claro que nos urge como sociedad debatir y exigirles a los distintos niveles del Estado avanzar en la implementación articulada de políticas para identificar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y asistir y proteger a sus víctimas.Para garantizar el cumplimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es necesario que el Estado intensifique sus acciones para prevenir y combatir los femicidios así como otras formas de violencias de género. Por ejemplo, a través de la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas y niveles de la gestión pública. Esto implica reconocer la existencia de brechas de desigualdad entre varones y mujeres al momento de asignar recursos en las diferentes carteras de seguridad, producción, economía, medioambiente, educación, salud, previsión social, justicia, trabajo, etc.

Los Estados, por sus compromisos internacionales, tienen dos tipos de obligaciones en materia de derechos humanos. Por un lado, los llamados derechos inderogables (como el derecho a la vida y no sufrir tortura ni otros tratos crueles ni degradantes), que deben ser asegurados en forma inmediata. No hay posible excusa para su incumplimiento o posposición. Por el otro lado, los Estados tienen eldeber de movilizar los máximos recursos disponibles para cumplir progresivamente con los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Eso sí, la obligación de asegurar que esos recursos no son concedidos ni generan o consolidan condiciones socio-económicas que discriminan a las mujeres, es de cumplimiento inmediato.

Por el contrario, en Río Negro se ha observado en los últimos años una alarmante subejecución de los recursos públicos destinados a la lucha contra la violencia de género, la falta de implementación del Observatorio de Violencia contra las Mujerescreado en 2013 en la órbita del Consejo Provincial de la Mujer, la falta de reuniones de la Comisiónde Género de la Legislatura provincial. Estas son solo algunas muestras de las deudas del Estado provincial. El Observatorio, por ejemplo, permitiría recolectar y sistematizar información sobre hechos de violencia hacia las mujeres y colectivos de diversidad sexual en el territorio provincial ampliando las estadísticas del Poder Judicial Nacional que sólo incluye aquellas denuncias que hayan sido caratuladas como femicidios.

Es necesario profundizar el debate desde un enfoque de derechos humanos que ilumine las profundas raíces de las desigualdades de género, ancladas al modelo patriarcal y androcéntrico que impera en nuestra sociedad. Iluminar el origen de las desigualdades implica visibilizarlas y, especialmente, politizarlas, hacerlas parte del debate público. Trascender la idea de que las tareas y tiempos de cuidado, así como la violencia, por ejemplo, son problemas de la esfera privada, de las familias. Porque las desigualdades de género que lasprovocan son de la esfera pública: nos conciernen a todos y todas. Si sos varón te benefician, si sos mujer te perjudican.

Para avanzar en el camino de la protección de derechos dese una perspectiva de género, se requiere voluntad política, compromiso y articulación de múltiples actores y fundamentalmente presupuesto para llevar adelante políticas públicas integrales. ¿Cuántas víctimas más tenemos que esperar para que desde los distintos niveles del Estado se tomen cartas en el asunto e implementen medidas urgentes y a mediano y largo plazo? ¿Cuándo se constituirá, verdaderamente, en un tema prioritario de la agenda pública?