Cautelar contra la violencia institucional

El Oficio dictado por la Jueza Marcela Pájaro obliga a las fuerzas policiales a estar debidamente identificadas, no exhibir armas ni llevar pasamontañas durante los operativos en cercanía de menores. La medida apunta a detener las arbitrariedades de la Policía contra adolescentes del barrio Virgen Misionera.

24/06/2018
Bariloche

 

 

 

La decisión fue tomada por la Jueza de Familia Marcela Pájaro luego de que la escuela Amuyén, del barrio Virgen Misionera, junto a las organizaciones sociales del Movimiento de Infancia de Bariloche, presentaran ante su juzgado un pedido de habeas corpus para detener la escalada de violencia institucional desatada contra los jóvenes que concurren a ese establecimiento del oeste de la ciudad. 

“Todos los operativos de prevención que se realicen en la zona del barrio Virgen Misionera y más específicamente en las inmediaciones del establecimiento Amuyén y Jaime de Nevares deberán realizarse con personal debidamente identificado con credenciales en lugar visible con cara descubierta y en vehículos con patente correctamente exhibida. Los agentes deberán abstenerse de realizar maniobras intimidatorias o exhibir armas.” Ordena el oficio de Marcela Pájaro. 

La Jueza convocó a las organizaciones luego de la presentación jurídica donde referentes sociales le contaron de primera mano la escalada de violencia institucional por parte de la policía hacia los adolescentes en distintos puntos de la ciudad y principalmente en el barrio Virgen Misionera. 

El Habeas Corpus presentado por las organizaciones llegó luego de que policías rociaran con gas pimienta a adolescentes que se dirigían a realizar educación física durante el horario escolar. Situación que fue denunciada ante Fiscalía.

Luego de este hecho se realizó una sesión específica del Consejo de Niñez donde el responsable de la Regional Tercera Daniel Bertazzo firmó los acuerdos para detener esta ola de amedrentamientos. Sin embargo, algunas semanas más tarde en el marco de “operativos de prevención” como los denominan las fuerzas policiales, los uniformados se apostaron con armas de grueso calibre, rostros tapados por pasamontañas, si identificación a la vista y con vehículos carentes de identificación.

 

Estos hechos precipitaron la presentación hecha por los abogados que acompañan a las organizaciones de infancia a presentar un escrito de pedido de habeas corpus preventivo que cayó en manos del Juzgado de Familia de Marcela Pájaro por tratarse de adolescentes y jóvenes. 

La jueza se decidió por una medida cautelar donde insta a al Ministerio de Seguridad y a la policía a: “abstenerse de detener personas menores de edad a menos que resulte indudable que se ha dado algún supuesto habilitado por ley, en cuyo caso se comunicaran de forma inmediata con el Defensor de Menores e Incapaces en turno y la Fiscalía.”

En otro párrafo dice el escrito: “Los operativos de prevención aludidos deben tener como finalidad la protección de todas las personas que transitan el barrio sin que resulte admisible ´la presunción de peligrosidad´ respecto a ninguna de ellas.” 

La “presunción de peligrosidad” es uno de los términos utilizados por la Policía para llevar adelante detenciones arbitrarias. Lo que popularmente se denomina “portación de cara” es decir que ciertos estereotipos como el origen social, color de piel, forma de vestir o poseer cierto apellido presupone un acto delictivo. 

Esta medida cautelar obliga también a la policía a comunicarse con los establecimientos educativos de la zona para informar si se llevan adelante operativos de seguridad. 

La ola de violencia institucional ha ido en aumento de desde hace 2 años a esta parte, hecho que ha sido denunciado en diferentes ocasiones y ante los mismos responsables de la policía en la ciudad.

Las organizaciones sociales reclaman entre otros puntos, la presencia de un responsable político del área de seguridad en la localidad. Sin embargo el ministro del área, Gastón Pérez Esteban, rechazó todas las convocatorias al diálogo para solucionar esta problemática.

Bariloche no cuenta con ningún funcionario con decisión política sobre la materia. Además de ser la ciudad más poblada de la provincia, es la que lidera las estadísticas en casos de violencia institucional.