Piden prisión efectiva para dos ex ministros por el pago de sobresueldos

Se trata de César Berbeito y Francisco González, a quien el Fiscal les endilgó el delito de “peculado”, por el reparto de los fondos utilizados para el pago de sobresueldos durante la administración Saiz. La defensa reclamó la absolución. El 10 de agosto, la sentencia.

04/07/2018
Viedma

Ex funcionarios acusados ante el Tribunal

El Fiscal Hernán Trejo sostuvo las acusaciones contra los 11 ex funcionarios del Gobierno radical de Miguel Saiz, por haber cobrado “de forma discrecional y arbitraria, y por fuera del presupuesto provincial”, sobresueldos o adicionales por un monto aproximado a los 27 millones de pesos.

En ese sentido, argumentó mayor responsabilidad para quienes fueron Ministro de Coordinación y Secretario General de la Gobernación (por tanto los responsables de realizar la distribución de dinero) César Barbeito y Francisco González, para quienes solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva.

En tanto, para los ex Ministros Juan Accatino, Alfredo Pega, Cristina Uría, Omar Contreras, Diego Larreguy y para el ex Tesorero José Ongaro solicitó pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para los ex subsecretarios Sergio Pendas y Aníbal Hernández, pidió dos años en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y finalmente, para el ex Contador General de la provincia, Gustavo Picci, una multa de 12 mil pesos e inhabilitación por un año.

César Barbeito

Los delitos que para el Fiscal quedaron debidamente probados en el juicio oral y público fueron los de “peculado”, “retención indebida de bienes públicos” y “administración infiel”.

 

Argumentaciones de acusación y defensa

 

Al argumentar la acusación por peculado, Trejo explicó que “cada uno de los funcionarios, al momento de cobrar un cheque pasa a ser custodia de esos valores. Es un tipo doloso, el conocimiento de que se trataba de bienes públicos y existía la voluntad de separar de la custodia que ellos tenían”.

“Era una forma de pago que exigía facultades discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. Nunca existió parámetro para determinar los montos que se pagaban, si era por carga horaria, dedicación exclusiva, mayor tarea”, detalló.

Francisco González

Durante los alegatos quedó claro que los sobresueldos se pagaron según lo que estableció el Decreto 2/2004 firmado por el ex Gobernador Miguel Saiz, y que se abonaba a algunos funcionarios y trabajadores del Estado, sin que constara en los recibos de sueldo, sino solo a través de un recibo común. Durante el período que va de 2004 a 2011, se pagaron esos adicionales con cheques del tesoro provincial.

En el caso del ex Contado Picci, el Fiscal aseguró que “era obligación del contador advertir estas cuestiones. Se libraban cheques y no se realizaba ninguna rendición”.

Trejo al concluir afirmó que “no debe haber un gasto fuera del presupuesto, y (los mismos) deben estar discriminados por rubros. Con este sistema (esa premisa) no se cumplió. Los ministros sólo pueden percibir el sueldo que establece la ley”, planteó.

Y concluyó que “la distribución fue un sistema selectivo para los funcionarios y en el 2005 se incluyó a los agentes, lo cual lo hizo más selectivo aún”.

En tanto, la defensa de los acusados intentó probar que el dinero formaba parte de un adicional que recorría los circuitos administrativos correspondientes, avalado por un Decreto firmado por Saiz, y por tanto no existió delito. En ese contexto el abogado defensor de César Barbeito, Damián Torres, pidió la absolución de su defendido, con el mismo argumento que el resto de los abogados lo hicieron con todos los acusados.