Donaciones, progresismo estúpido y riesgos sanitarios

¿Qué hacer con la comida a punto de vencer?, ¿es posible su donación a Bancos de Alimento a cambio de beneficios impositivos?, y ¿quién ejerce los controles sanitarios? En Viedma se repite un debate nacional.

08/07/2018
Viedma
Carolina González

 

“El progresismo estúpido no sabe lo que son los pobres”, gritó Elisa Carrió, en el recinto de la cámara de Diputados de la Nación en una de sus tan comentadas intervenciones en defensa del Gobierno nacional. Lo dijo precisamente cuando se discutía la responsabilidad penal y civil de las empresas alimentarias, que a través de una Ley que impulsó, “donan” comida en buen estado pero a punto de vencer a comedores comunitarios o familias con carencias, para luego poder deducir el aporte de sus impuestos.

Las donaciones se realizan a Bancos de Alimentos, lo que no resulta en sí misma una idea innovadora, ni originaria de Elisa Carrió. Existen en diferentes países de Europa y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Pero además, en correlato, hay proyectos similares tanto en la provincia de Río Negro como el municipio de Viedma. El primero fue presentado en el año 2016 por el legislador Javier Iud (FpV) y caducó luego de ser revisado en un par de comisiones.

A nivel municipal, en el mes de abril de este año la concejala Silbana Cullumilla presentó una iniciativa que fue analizada por las comisiones y cuya discusión trascendió hasta el Consejo Local de Salud, donde encontró trabas en su potencial ejecución. Más por posibles faltas sanitarias, que por razones ideológicas.

El proyecto de ordenanza pretende crear el Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado, sistema en donde todas las empresas, cadenas comerciales o productivas instaladas en el ejido municipal, que elaboren o vendan alimentos tienen la “obligación” de donar aquellos productos que no puedan ser vendidos (por ejemplo por estar próximos a su fecha de vecimiento) a instituciones de bien público con personería jurídica para que los distribuyan entre “familias o sectores poblacionales necesitados”. Y prevé multas para quienes no lo hagan.

Concejal Silvina Cullumilla

La iniciativa abrió un abanico de objeciones, en cuanto a los controles sanitarios de los alimentos y las posibles consecuencias.

Para José Robacio, director del Hospital Artémides Zatti y miembro del Consejo Local de Salud, “no podemos dividir entre personas que consumen alimentos de primera y de segunda”.

Robacio centra sus críticas sobre el proyecto en la falta de una estructura sanitaria que pueda controlar los alimentos, sus condiciones para ser consumidos, y la forma de manipulación.

“No podemos garantizar la calidad de los alimentos, menos aún aquellos que son perecederos como lácteos, carnes, alimentos congelados y no hay ninguna manera de certificarlos porque habría que crear un instituto y al final saldrían aún más caro que comprarlos”, detalla.

De la incorrecta manipulación o la falta de controles de los alimentos pueden producirse consecuencias fatales: “Una infección bacteriana puede ser grave o hasta letal, y no se puede correr el riesgo”, asegura el Director del Hospital. Y aclara que no esta en desacuerdo con el proyecto “en tanto se pueda controlar bien o se pueda abastecer a comedores. El tema es quién toma la responsabilidad de lo que ocurra después”.

 

En el proyecto se plantea que la autoridad de aplicación será la Municipalidad, que debe garantizar que los alimentos cuenten con estándares bromatológicos que marca el Código alimentario argentino. Una vez que las empresas donan los alimentos a las intituciones, también transfiere la responsabilidad por la calidad y las consecuencias.

Para el Concejal Diego Santos (FpV), que también integra el Consejo Local de Salud y que más tarde o temprano tendrá que votar la ordenanza, el proyecto es inviable en la práctica porque “el Municipio no tiene estructura para hacer controles de este tipo. El área de bromatología no tiene laboratorio propio”, explica.

“En Argentina hay un par de bancos de alimentos funcionando de forma privada, integrados por directivos o CEOS de empresas alimentarias. En Europa cayeron en desuso los Bancos de Alimento y los sacaron de circulación y los principales argumentos era que se usaban para desgrabar impuestos”.

En estos días: ¿Le genera contradicciones ideológicas el proyecto?

Diego Santos: No. Hoy hay entidades intermedias que se dedican a paliar un poco lo que generó la crisis, y vecinos que necesitan. Ideológicamente no tengo problema con esto sino con la instrumentación.

 

Impuestos al descarte

 

La ley Carrió o “Régimen Especial para la Donación de Alimentos – DONAL”, establece que “serán deducibles las donaciones de alimentos para consumo humano que se realicen (...) y tendrán derecho a deducir el 125 por ciento del valor de las donaciones efectuadas durante el año fiscal”.

Si bien la ordenanza no establece eximir a las empresas donadoras del pago de impuestos municipales, según el análisis de Santos les cabrían las generales de la Ley.

Concejal Diego Santos

“Lo que hace el proyecto local es obligar a las empresas expendedoras a entregar los alimentos, y al hacerlo pueden acceder a esos beneficios”, concluye.

Los alimentos para el descarte son los que no cuentan con valor comercial, entonces la opción es dárselo a quienes menos tienen, a través de los Bancos de Alimento. Así lo argumenta el proyecto de ordenanza cuando asegura que “Argentina produce alimentos para alimentar 10 veces a su población. No se trata entonces de un problema de disponibilidad de alimentos sino de falta de acceso a estos por parte de los sectores más vulnerables de la población. El hecho de donar alimentos a los sectores de nuestra sociedad representa la mejor opción”.

El debate local está abierto, y se centra sobre los potenciales controles sanitarios, los beneficios impositivos para las empresas y el rol del Estado, más allá de los gritos de Carrió sobre el progresismo estúpido.