Denuncian que la Policía incumple mandato judicial

La Multisectorial contra la Represión y la Impunidad denunció públicamente este lunes que la medida cautelar dictada por la jueza Marcela Pájaro, que establece pautas para los procedimientos policiales en los que están involucrados menores, no se cumple. Aseguran que las excusas de la policía son “insólitas”.

23/07/2018
Bariloche

Efectivos de la Policía de Río Negro sin identificación visible

La medida judicial dictada por  la jueza de Familia, Marcela Pájaro, exige la identificación visible del personal policial, con nombre y apellido; que los procedimientos se realicen a cara descubierta y en vehículos con patente exhibida, y manda además que los efectivos se abstengan de exhibir armas de fuego en presencia de menores, evitando toda otra actitud intimidatoria.

La decisión que adoptó la magistrada en junio fue consecuencia del pedido de habeas corpus presentado por la escuela Amuyén, del barrio Virgen Misionera, junto a las organizaciones sociales del Movimiento de Infancia de Bariloche, con la intención de detener la escalada de violencia institucional desatada contra los jóvenes que concurren a ese establecimiento del oeste de la ciudad. 

Días antes de la presentación, efectivos de la policía de Río Negro habían interceptado a un grupo de adolescentes que se dirigían a una clase de Educación Física durante el horario escolar, y los rociaron con gas pimienta, en una excesiva demostración de fuerza, sin causa que  la provocara. El hecho fue denunciado ante Fiscalía.

A poco más de un mes de aquellos sucesos la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad denunció ahora públicamente que la disposición judicial no se cumple.

Marcela Cano, referente de la La Multisectorial contra la Represión y la Impunidad

“No es la primera vez que advertimos sobre la violencia institucional que sufren principalmente los adolescentes de las zonas más humildes de la ciudad”, señaló Marcela Cano, referente de la organización social.

“Recibimos permanentemente denuncias sobre menores  que son detenidos o demorados,   y que suelen ser precintados,  esposados  y agredidos  verbal  y físicamente”, aseguró.  “los médicos de la policía además suelen no registrar  las lesiones en los certificados que emiten sobre los detenidos, quienes deben concurrir a la guardia del hospital para que les comprueben los golpes recibidos durante un procedimiento o  en la comisaría”, relató.

Los hechos comprobados dieron lugar a la medida dictada la jueza Pájaro la cual, sin embargo, y  de acuerdo a la denuncia de la Multisectorial, la policía no cumple.

“Presentamos este reclamo en las mismas comisarías, incluso en presencia del fiscal de turno”, recordó Marcela Cano.

La respuesta oficial es insólita: “cuando cuestionamos el hecho en la comisaría, nos dijeron que los efectivos tienen la identificación, pero que está debajo de la campera y  por eso no se ve”, contó la dirigente.

 

“Tenemos reiterados relatos de adolescentes que nos cuentan que cuando les piden a los policías que se identifiquen, reciben insultos, golpes, burlas, o amenazas de parte de los efectivos a cargo del procedimiento;  y salvo que exista alguna filmación o testigo de la situación, la persona agredida no tiene cómo demostrarlo”, dijo Cano.

La medida Cautelar dictada por la jueza insta a al Ministerio de Seguridad y a la policía a “abstenerse de detener personas menores de edad a menos que resulte indudable que se ha dado algún supuesto habilitado por ley, en cuyo caso se comunicaran de forma inmediata con el Defensor de Menores e Incapaces en turno y la Fiscalía.”

En otro párrafo dice el escrito: “Los operativos de prevención aludidos deben tener como finalidad la protección de todas las personas que transitan el barrio sin que resulte admisible ´la presunción de peligrosidad´ respecto a ninguna de ellas.” 

La “presunción de peligrosidad” es uno de los términos utilizados por la Policía para llevar adelante detenciones arbitrarias; aquello que popularmente se conoce como “portación de cara”; es decir, la persecución estereotipada de ciudadanos por su origen social, el color de piel, la forma de vestir o el apellido, que suele implicar para muchos un vínculo delictivo. 

 

“La ola de violencia institucional ha ido en aumento de desde hace 2 años a esta parte”, señalaron desde la Multisectorial, “hecho que ha sido denunciado en diferentes ocasiones y ante los mismos responsables de la policía en la ciudad”.

La organización social reclamó además junto a la APDH, “la presencia de un responsable político del área de Seguridad en Bariloche", sin tener hasta ahora respuesta a este pedido.

“La realidad sobre lo que sucede en las comisarías es muy diferente al discurso oficial”, explicó Marcela Cano, “Somos testigos directos de cómo  en nombre de ´operativos de prevención´, se persigue a jóvenes en sus propios barrios, se los baja de los colectivos alegando diferentes razones, como averiguación de antecedentes, o como la policía ingresa en sus domicilios sin orden de allanamiento, una y otra vez”.

“El accionar policial suele estar viciado de arbitrariedades manifiestas y cotidianas”, resumió Cano, “Muchas de estas situaciones no llegan a la denuncia formal por el temor a la represalia”.

La mayoría de las denuncias, aseguran desde la Multisectorial, recaen sobre la comisaría 42 del barrio 2 de Abril.

Aseguraron que “con la excusa de intervenir en situaciones de conflicto,  personal de la comisaría recurre a la utilización de armas de fuego en forma indiscriminada, sea en plena calle, o inclusive en la plaza del barrio donde juegan niños”, dijeron y alertaron que, “Hemos visto  los casquillos de las armas reglamentarias de la policía tirados después de sus incursiones”.