Archivo Histórico: desidia provincial

Trabajadores, investigadores y escritores reclaman por estas horas por el estado calamitoso del Archivo Histórico Provincial. Como respuesta del Ejecutivo reciben indiferencia y desidia para con la memoria rionegrina.

25/07/2018
Viedma

 

La crítica situación que atraviesa el Archivo Histórico Provincial se profundizó luego de las lluvias e inundaciones, que desnudaron la falta de recursos y políticas de preservación.

La CTA Zona Atlántica pidió que “el Estado actúe con celeridad ante lo irreversible de una documentación que ha sufrido un sistemático olvido estatal”.

En un documento entregado al Gobernador Alberto Weretilneck, recuerda que “el archivo Histórico de Río Negro es un centro de fuentes históricas (gráfica, audiovisuales, y sonora) y documentación administrativa del pasado de nuestra provincia, conserva el registro de las acciones estatales, de su política, economía, y social de la provincia, el archivo preserva nuestra identidad y cultura como pueblo. El acceso a esta información histórica y su análisis  es vital para desarrollar investigaciones sobre el  territorio y de la Patagonia, actualizando nuestros conocimientos sobre un pasado que explica la realidad actual”.

La CTA cuestionó que “hoy el Archivo Histórico está sujeto a una degradación más de las muchas que a tenido a lo largo de los 46 años de su creación, el recurrente problema edilicio, en este caso las lluvias de los meses de junio y julio que filtran por agujeros en el techo y que mojan los expedientes, diarios y documentación oficial histórica y, por otro lado, el proyecto de  construcción de una pared que pone en riesgo tanto la documentación sino también el trabajo de los archiveros”.

Se trata de “acciones y decisiones políticas de funcionarios, que sin previa consulta a las/los trabajadorxs especializados en archivos, deciden acciones que llevan a dañar la documentación valiosa y única que posee el archivo, y que operan no respetando, ni consultando a los/las trabajadorxs  archiverxs”.

Paralelamente, según repasó Diario Legislativo, desde diciembre de 2011 hay una ley promulgada de creación del Archivo Histórico Digital Provincial (AHDIP) que nunca fue reglamentada y por ende carece de presupuesto, estructura funcional y contenido.

La iniciativa había sido impulsada por la legisladora Beatriz Manzo del desaparecido espacio Frente Democrático y tenía como eje el sistema de protección colectiva de bienes culturales histórico-artísticos contemplado en otras normativas de alcance provincial e incluso nacional.

El texto de la ley haría que con voluntad la reglamentación fuera un trámite sin esfuerzo. Establece que el AHDIP funcione en el ámbito de la secretaría de Cultura y le asigna como objetivo principal “propiciar, supervisar y/o dirigir la ejecución de programas y proyectos que favorezcan, a través de la digitalización, la preservación y difusión del patrimonio resguardado”.

 

En su articulado, la norma implementa un amplio programa de digitalización de fondos histórico-documentales existentes en el Archivo Histórico Provincial, así como en museos y bibliotecas provinciales y municipales, o provistos por personas particulares.

El inciso b del punto 3 es la solución específica de los reclamos actuales: “Selecciona y digitaliza prioritariamente la documentación con riesgo de pérdida por mal estado de conservación y la documentación de gran consulta para evitar su manipuleo constante”.

Tan específico es el articulado que establece la estructura orgánica del ADHIP: un Director, un especialista en digitalización gráfica y audiovisual, un representante del Archivo Histórico Provincial, personal laboral de los museos provinciales o municipales adscrpito al ADHIP y demás personal laboral designado por el Poder Ejecutivo o surgido de convenios con las universidades públicas u otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.

Finalmente, Diario Legislativo recordó que la ley le imponía al Ejecutivo un plazo no mayor a los 180 días para aprobar el decreto reglamentario debiendo incluir prioritariamente las metas, plazos y los convenios con universidades previstos. Como en tantas otras leyes, incluso más urgentes como la de autismo, el Gobernador y sus funcionarios miraron para otro lado.