Presentan en Bariloche el primer amparo contra el recorte a las asignaciones familiares

Se trata de la primera acción legal de este tipo. Fue impulsada por una organización barrial, con el apoyo del Diputado Doñate y la concejal Marks. La medida de Macri “atenta contra las niñas y niños rinegrinos”, argumentaron. También presentarán una denuncia penal.

30/07/2018
Bariloche

Marks y Doñate impulsan el amparo

A instancias del Diputado Nacional de Río Negro (FpV-PJ), Martín Doñate, y la concejal de Bariloche Ana Marks (FpV), la asociación especializada en temas de niñez y adolescencia “Construyendo Proyectos Barriales” (Con.Pro.Bar) de Bariloche presidida por Adriana Haurie, presentarán un recurso de amparo colectivo y una medida cautelar con el propósito de dejar sin efecto el Decreto presidencial 720/18 que recorta las asignaciones familiares de los trabajadores de la Patagonia y otros puntos del país. “Atenta contra las niñas y niños rionegrinos hijos de trabajadores y significa un ajuste a todas luces ilegal e inaceptable”, sentenciaron Doñate y Marks.

Como se sabe, el decreto en cuestión afecta a unas 70 mil personas en la provincia de Rio Negro que verán recortados sus ingresos por el concepto de Asignación Familiar en los sueldos tanto del sector público como privado y, según todas las estimaciones oficiales, podrían llegar a un universo de 300 mil trabajadores en toda la Patagonia que perderán un promedio de mil quinientos pesos mensuales.

El escrito elaborado por Doñate, será presentado ante la Justicia Federal de Bariloche, y pide la declaración de inconstitucionalidad del decreto firmado por el Presidente Mauricio Macri por ser “una medida violatoria del derecho humano a la seguridad social y contravenir la obligación internacional de progresividad en la protección de los derechos humanos”.

La medida cautelar que acompaña el amparo se orienta a frenar de manera inmediata los efectos del decreto hasta tanto de resuelva el fondo del amparo.

 

Según los fundamentos constitucionales de la medida presentada por ConProBar, a la que adhieren organizaciones dedicadas a la protección de los derechos a la niñez y adolescencia, "existe una obligación y un principio del derecho que impide menoscabar los derechos existentes en materia de seguridad social y que se garantizan en nuestro país por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 75 inciso 22, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Pactos Internacionales a los que está adherida la Argentina".

En relación a la presentación, Doñate expilcó que “claramente estamos ante una medida inconstitucional, este Gobierno no se cansa de quitar derechos y condenar a los que menos tienen. La población comprometida por el Decreto que modifica los montos de las asignaciones familiares en las cuatro zonas suman una población afectada de 449.409 casos en todo el país. Casi medio millón de argentinos que verán disminuidos sus ingresos en el marco de una economía en recesión”.

La acción cuenta también con el acompañamiento de los ediles de la misma fuerza política, Ramón Chocconi y Daniel Natapof, y plantea, entre otros argumentos, que el Decreto Presidencial implica un recorte formidable sobre las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia que se concreta de dos maneras. Por un lado, bajando el ingreso familiar máximo para poder acceder al beneficio, llevándolo de 94.786 pesos a 83.917 pesos. Por otro lado, por medio de la eliminación de los regímenes diferenciados en las asignaciones familiares por zona geográfica. Ambas situaciones vulneran el derecho a la seguridad social de un conjunto de personas a las cuales el Poder Ejecutivo quita asignaciones, o sea, disminuye sus ingresos mensuales, sin más justificativos que la mera medida dictada. Algo prohibido por la Constitución Nacional.

Por último, el diputado rionegrino y la concejal Marks coincidieron que "evidentemente existe un ensañamiento de Macri contra los patagónicos y los rionegrinos", y argumentaron que "ya les bajaron las jubilaciones a nuestros abuelos, le sacan las pensiones a los discapacitados, nos sacan los reembolsos de nuestros puertos patagónicos, anulan los contratos con el INVAP, nos aumentan las tarifas, nos meten manzanas de chile y ahora les bajan las asignaciones a los hijos de los trabajadores patagónicos". Adelantaron, en ese sentido que “vamos a defender en todos los ámbitos los derechos de los trabajadores y de la Patagonia y vamos a agotar todas las instancias para decir basta a las políticas de ajuste de un gobierno insensible, que sólo se dedica a beneficiar y proteger el patrimonio de unos pocos sectores amigos del presidente ligados a la timba financiera”.

 

Denuncia penal

 

Paralelamente, la diputada nacional María Emilia Soria anunció que presentará una denuncia penal por abuso de la autoridad contra los firmantes del decreto de recorte de asignaciones familiares, es decir la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Marcos Peña y ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge Triaca.

La parlamentaria expuso que la denuncia se realizará “en función de la violación al principio de progresividad de los derechos de la seguridad social”.

Diputada María Emilia Soria

Para Soria el recorte a las asignaciones familiares “no sólo es un robo a los trabajadores que perderán ingresos genuinos de su salario” sino que además “es una estafa a las pymes que seguirán pagando cargas impositivas de conceptos que ya no van a llegar a los trabajadores”, consignó Diario Legislativo.

“El desprecio por la Patagonia y el interior del país que tiene este gobierno parece no tener límite. La eliminación del beneficio que alcanza a más de 100 mil chicos de la Patagonia y del norte argentino que viven en condiciones desfavorables no puede ser interpretado de otra forma”, expresó la legisladora nacional.