# ¿QUIÉN MATÓ A RAFAEL NAHUEL?

Villanueva, el lento

Hace casi un mes le tomó declaración al Cabo Primero Francisco Javier Pintos y aún no resolvió su situación procesal, a pesar de todas las pruebas que lo incriminan en el asesinato de Rafael Nahuel. Tampoco llamó a declarar a los otros Albatros que dispararon el 25 de noviembre. Y mantiene en suspenso la resolución sobre la situación de dos jóvenes mapuche, sobre los que pesa una orden de detención.

31/07/2018
Bariloche

Juez Gustavo Villanueva

Se cumplieron ya más de ocho meses desde que un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina mató a Rafael Nahuel, en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

A pesar del cúmulo de pruebas, testimonios y pericias que ya reúne el expediente, el Juez Federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, demora algunas definiciones claves. Por ejemplo, resolver la situación procesal del principal imputado en la causa, el Cabo Primero Francisco Javier Pintos, de cuyo subfusil MP5 salió el disparo mortal.

Pintos declaró hace casi un mes -el 5 de julio pasado-, y se cumplieron largamente los diez días hábiles que el magistrado tenía originalmente para resolver su situación procesal.

Del testimonio se desprende que el uniformado no supo explicar porqué faltaban proyectiles de los cargadores de su subfusil si, como dijo, no lo disparó.

Reclamo en el Juzgado que conduce Villanueva

Sin embargo, a pericia balística demostró que la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel se corresponde con el subfusil MP5 del Cabo Primero Pintos, de acuerdo al dibujo de estrías que pudo compararse con los proyectiles testigo. El arma estaba rotulada con el código 05-C335508, coincidente con el subfusil 335508 correspondiente a Pintos.

Durante la indagatoria, y a instancias de la Fiscal Sylvia Little, Pintos fue interrogado para que diga cómo explica el faltante de al menos 50 municiones de su subfusil MP5. “Refiere que pudo haberlos descartado en su descenso -señala el acta de la indagatoria, a la que tuvo acceso En estos días-, debido a la desesperación del momento. Añade que por el peso que tenía encima, pudo haber sacado las municiones y tirarlas; es decir, para no arrojar el cargador, pudo haber retirado las municiones y arrojarlas, aunque no está seguro de haberlo hecho”.

El Juez Gustavo Villnueva, entonces, le preguntó si “ocurrió o no ese descarte de municiones”, y Pintos contestó que “no lo puede asegurar”.

En ese contexto, el Cabo Primero responsabilizó tangencialmente a otro de los Albatros que participaron de la represión en la comunidad mapuche. Aseguró ante el Juez que el único que “subió” al territorio con un arma MP5 fue Juan Ramón Obregón.

Sin embargo pasado casi un mes, Villanueva aún no citó a declarar al prefecto señalado.

El propio magistrado recorrió el lugar de los hechos el 7 de diciembre pasado, en una inspección ocular durante la cual no se encontraron armas en poder de la comunidad mapuche, ni señales de enfrentamiento alguno.

Villanueva en la inspección ocular

La situación de Pintos es tan frágil que hasta el abogado puesto por el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, Fernando Soto, renunció una semana después de la indagatoria. La representación legal del Albatro quedó exclusivamente desde entonces en manos de la abogada de Prefectura, Anabella Schmidt, quien con todo este tiempo a favor puede preparar una estrategia conjunta de todos los uniformados que participaron del operativo.

La demora de Villanueva es mayor aún en el caso de la resolución de la situación procesal de los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González. El 25 de noviembre, ambos bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel desde la montaña hasta la ruta 40, y fueron inmediatamente detenidos por los mismos Albatros que les habían disparado minutos antes.

 

Estuvieron cuatro días detenidos, y luego el magistrado les otorgó la excarcelación, aunque la causa aún sigue caratulada “Jones Huala sobre muerte dudosa”. La Fiscal Little apeló la excarcelación, y finalmente el 16 de mayo pasado la Sala III de la Cámara de Casación revocó ese beneficio. Desde entonces -y pese al cúmulo de pruebas existentes en el expediente- pesa sobre Jones Huala y González una orden de detención.

Villanueva les tomó indagatoria dos días después de los hechos trágicos en Villa Mascardi, y desde entonces debe resolver si procesa, dicta la falta de mérito o sobresee a los dos jóvenes. Pero el manejo de los tiempos no es su fuerte.