Rechazan someter a audiencias pública el precio del pase en Catedral

Fue un pedido del Frente Grande (FG). Para el EAMCEC, no es un servicio público esencial y pide respetar fielmente el contrato “heredado” con CAPSA, por ser preexistente a la Carta Orgánica.

01/08/2018
Bariloche

Julio Accavallo, referente local del FG, había solicitado que se implementen Audiencias Públicas para considerar el régimen tarifario de los medios de elevación en el Cerro Catedral, sustentado en la misma Ordenanza (hoy judicializada) que otorgó la prórroga de la concesión a CAPSA hasta 2056, sin licitación y con un millonario negocio inmobiliario anexo en una zona ambientalmente vulnerable.

Allí, se especifica que “los servicios que se prestan en el Centro invernal se encuentran inobjetablemente comprendidos dentro de aquellos denominados como Servicios Públicos de acuerdo a los artículos 127 y 128 de la Carta Orgánica Municipal”. Y, en función de que la carta magna prevé que “toda concesión o régimen tarifario, debe ser aprobado con la convocatoria previa a una Audiencia Pública”, se requirió que se convoque a esta instancia de participación ciudadana.

Sin embargo, el asesor letrado del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral, Ricardo Medrano, rechazó la procedencia, afirmando que para el servicio de transporte que brinda el Cerro “ha sido desde siempre la autoridad de aplicación quien ostenta la atribución y el deber de evaluar y autorizar tarifas, conforme a pautas y criterios establecidos contractualmente”.

Aseveró que así lo establece el contrato firmado entre la empresa y la Provincia antes de la municipalización del centro invernal. “El espíritu y las condiciones del vínculo existente entre las partes en relación al Cerro Catedral ha sido heredado por la Municipalidad y deben respetarse fielmente”, rubricó.

Alegó que por la preexistencia del contrato (se firmó en 1992 y la Carta Orgánica en 2007), “no le resultan aplicables las previsiones”, y ratificó la “mayor jerarquía jurídica de las normas provinciales que aprueban las condiciones del vínculo concesional, por encima de las normas locales que establecen un procedimiento especial para la aprobación de tarifas relacionadas con servicios públicos”.

El Ente de control, que durante el proceso de discusión del proyecto de prórroga de CAPSA se comportó como un promotor de la firma, ahora evaluó que no se trata de un servicio público esencial y básico de la ciudad, estimando inconveniente “supeditar la aprobación de los cuadros tarifarios –dinámicos y cambiantes según el escenario económico imperante y las políticas y estrategias de comercialización de otros centros de esquí del país-  a la realización previa de una audiencia pública”, por la anticipación que se requiere para la comercialización.