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Acuerdo con el Fondo: el Gobierno quiere recortar hasta la “copa de leche”

La nueva Ley de Presupuesto seguirá al pie de la letra lo acordado con el FMI. El Gobierno busca afectar lo menos posible a los sectores concentrados de la economía, y trasladar el costo del ajuste a los más pobres. Las provincias negocian una a una las partidas para obra pública y políticas sociales, entre ellas el Plan Alimentario y Plan de Madre y Niño.

06/08/2018
Nacional

 

 

El próximo 15 de septiembre el Gobierno Nacional deberá girar al Congreso el nuevo proyecto de Ley de Presupuesto para 2019. Si el Presupuesto 2017 trajo como novedad el divorcio total entre las estimaciones  del gobierno y la realidad (el Ejecutivo había estimado inicialmente una inflación del 10% para este año, por ejemplo), la novedad ahora tiene que ver con el ajuste general de partidas que, abandonando cualquier aspiración de soberanía económica, refleja los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que regirán la vida de los argentinos durante los próximos años.

Las provincias serán indefectiblemente solidarias de ese ajuste. Por eso los gobernadores negocian contrarreloj para amenguar el fuerte impacto que tendrán estas medidas de recorte en sus respectivas jurisdicciones. Estas discusiones se suceden encorsetadas por, cuanto menos, otras dos circunstancias no menores: el ajuste se produce en un marco de pronunciada recesión en la Argentina (inflación, tipo de cambio en alza, caída del consumo, etc), y en la previa de un largo año electoral.

Aun no se conoce la letra fina que con máxima reserva y urgencia la Casa Rosada negocia para que finalmente el Proyecto resulte aprobado por ambas cámaras en el Congreso, pero sí es posible realizar las primeras proyecciones en base a la Carta de Intención firmada entre el FMI y el Gobierno a mediados de junio.

Basado en esas coordenadas, un estudio publicado este lunes por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Sacalabrini Ortiz (CESO), proyecta la hoja de ruta que seguirá la economía nacional y que, por Ley de Administración Financiera, deberá presentarse para su trámite parlamentario antes del 15 de septiembre.

Por los compromisos asumidos ante el FMI el Gobierno tiene que recortar la inversión pública en 1,2% del PBI (Producto Bruto Interno). Todas las señales indican que para poder cumplir con el mandato, la tijera pasará por la inversión en salud, ciencia, educación, ayudas sociales, obras públicas, entre otras grandes partidas.

 

 

En ese rumbo de reducción del déficit fiscal, el Ejecutivo Nacional no analiza del mismo modo ingresos y gastos. Decide eliminar (y el criterio ahonda la distorsión) impuestos a bienes personales (quien más tenía más pagaba), reducir Ganancias del 35% al 30%, bajar contribuciones patronales, bajar las retenciones a la soja y la minería, descontar de ganancias el impuesto al cheque; todas decisiones que tuvieron un fuerte impacto en recaudación de más del 1% del PBI; en otros términos, medidas contrarias a la eliminación del rojo fiscal.

Por contrapartida, el informe del CESO destaca que “Pese a que la Carta de Intención presentada al FMI señalaba que se dispondrían medidas para ´protección de los más vulnerables´ las tijeras del ajuste apuntan directamente a los más débiles: (…) La partida Ayudas Sociales a Personas sufrirá el próximo año un recorte nominal por 1700 millones de pesos lo cual se traduce en un ajuste real de 22% con respecto a 2018”.

Para que no queden dudas de que el ajuste significará una brutal embestida sobre los sectores más vulnerables de la población basta observar la reducción (algunos de estos fondos simplemente se extinguirán) que se aplicará al Plan Alimentario y Plan de Madre y Niño.

Señala el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Sacalabrini Ortiz: “El Plan Alimentario Nacional (Ministerio de Desarrollo Social) y Compra de Leche del Plan de Madre y Niño (Ministerio de Salud) donde hoy se gastan $ 12.890 millones, busca ser reducido nominalmente a $ 4.146 millones en 2019, un recorte del 74% nominal y del 91% en términos reales. Algunas partidas de los programas tienen reducciones pero en lo que respecta a la compra de leche directamente se elimina con el argumento de incluirlo en Transferencias para las Provincias”.

 

¿Qué negocian las provincias?

Otro de los datos centrales que discrimina el informe del Centro Scalabrini Ortiz tiene que ver con la incumbencia de los estados provinciales en  los recortes que finalmente quedarán plasmados en el Presupuesto 2019. En tal sentido la variable de ajuste serán las transferencias del estado nacional que, se prevé, sufrirán una poda del 35% nominal; vale decir, del 50% (por el efecto inflacionario) en términos reales.

 

 

 

Concretamente, detalla el estudio, el “Fondo Nacional de Incentivo Docente, Compensaciones Salariales y Ex Fondo Compensador sufre un recorte del 92%, eliminándose la totalidad de las transferencias a las provincias excepto en lo que hace a universidades (que se reduce nominalmente un 75 por ciento). Las provincias tendrán que hacerse cargo de los aproximadamente 2.420 pesos que cobran por mes los docentes con dos cargos”.

El concepto representa entre el 6 y el 11% del salario de bolsillo de los docentes.

Del mismo modo, se profundizará el recorte en obra pública. Para el próximo año el Gobierno Nacional estima gastar solo un 3% del total (90 mil millones), en gastos de capital; es decir, partidas destinadas a la adquisición de bienes, maquinarias, etc.

“Es decir”, refiere el informe del CESO, “Si se actualiza el gasto de capital presupuestado para este año por el 17 por ciento de inflación previsto oficialmente para 2019, el gasto de capital debería ser de al menos 246.800 millones de pesos solo para mantener dicho nivel, es decir, el ajuste real sobre la obra pública (y otros gastos de capital) ronda los 156.800 millones de pesos”.

Entre otros ítems, el Gobierno también quiere recortar los recursos provenientes del Fondo Sojero. Un fondo que se compone con el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones al complejo soja (poroto, aceite, harina, etc) y las partidas solo pueden ser empleadas para obras de infraestructura.

Resumiendo, el recorte global con el que deberá cumplir la Argentina, restringida a los condicionamientos del Fondo, estará entre los 200 y 300 mil millones de pesos, de los cuales la mitad deberán asumirla las provincias: como mínimo 100 mil millones. En qué porcentajes y sobre qué partidas es algo que hoy se negocia a puertas cerradas.