Sin disimulo: Sebastián Trappa quiere avanzar sobre la Ley de Bosques

Fue un pedido expreso del empresario al presidente Macri. Reducción de impuestos, quita de aranceles a la importación de insumos destinados a los centros de esquí; que el Estado se ocupe de mejorar el transporte; que cesen los controles estrictos para la preservación del Medio Ambiente y se habiliten los desarrollos inmobiliarios. La propuesta de la familia Trappa: quedarse con todo.

17/08/2018
Bariloche

 

 

En tanto la desocupación creciente, la depreciación del salario y la escalada inflacionaria golpean a los más vulnerables y amenazan a la clase media, el Gobierno Nacional está empeñado en beneficiar a los amigos privilegiados de una economía argentina cada vez más concentrada.

Esta semana el diario La Nación, bajo el título “La nueva obsesión de Macri: desarrollar el esquí” dio una noticia más en ese sentido. Se trata de una iniciativa propia del presidente que busca con una serie de medidas favorecer a las empresas que prestan servicios para la práctica de deportes invernales en el país. La primera entre ellas es CAPSA.

Según detalla el matutino, entre las medidas que benefician directamente a la familia Trappa, están la extinción de aranceles para la importación de aerosillas, de insumos para la producción de nieve artificial y la reducción del IVA del 21 al 10,5% para los usuarios de los medios de transporte público (teleférico, telesilla, etc) en alta montaña, además de una revisión del monto por Ingresos Brutos.

Este jueves hubo una segunda reunión ampliada por este tema en Buenos Aires (la primera había sido el mes pasado), que incluyó a los ministros de transporte, Guillermo Dietrich (quien coincidentemente este viernes llegó a Bariloche para anunciar obras de ampliación del aeropuerto), Gustavo Santos (Turismo) y Sergio Bergman (Medio Ambiente), junto a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, Neuquén, Omar Gutiérrez y Río Negro, Alberto Weretilneck, representantes de las provincias patagónicas donde se radican los principales centros de esquí del país.

 

 

Según las estimaciones de la Casa Rosada, unas 600 mil personas llegan al país por año para practicar deportes invernales, de las cuales, una cuarta parte, son extranjeros. La idea de Macri es ampliar ese mercado.

Otro de los convidados al encuentro fue la administración de Parques Nacionales, autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, que ya recibió la instrucción explícita de reducir las restricciones para la protección del Medio Ambiente, una frontera de afectación de derechos humanos y sociales que los empresarios del sector se esfuerzan en perforar.

"Planteamos que, en vez de prohibir todo, se revisen ciertos temas referidos al impacto ambiental", dijo a La Nación Sebastián Trappa, uno de los personajes ya largamente beneficiados por el lobby presidencial. Por supuesto no faltó en la reunión la apelación al visto bueno para los desarrollos inmobiliarios aledaños a los centros de esquí, que constituye el principal (aunque hasta hoy la intención todavía se pronunciaba con cierto disimulo) negocio para los empresarios del sector.

Sebastián Trappa

 

La idea es poseer pequeños principados para un segmento turístico exclusivo y de alto poder adquisitivo que derrame euros y dólares solo dentro de los límites del propio coto comercial.

 El Estado, depositario, protector y administrador inexcusable de los recursos naturales queda una vez más marginado. Excepto para financiar la provisión de servicios públicos (provincias y municipios), rutas de acceso o transporte requeridos (ministerio de Transporte), y adelgazar la normativa (Medio Ambiente) donde fuera necesario.

Del otro lado de las fronteras del pequeño principado, ciudades como Bariloche no participan del negocio. Deberán buscar en otra parte los recursos (uno de ellos era el Fondo Sojero ya liquidado por Decreto) para sostener su  obsoleta infraestructura urbana.

 

La seguridad, “esa te la debo”

Pero subsiste otro aspecto central, que no fue abarcado en la reunión, y del cual poco se habla: no existe en la Argentina una normativa unificada que reglamente los controles técnicos de los medios de elevación.

Actualmente las operadoras de medios de elevación tercerizan los controles técnicos en empresas privadas reconocidas por el  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (el INTI es uno de los organismos del Estado más golpeados por el ajuste, que ya se cobró casi 300 despidos), o se auditan a sí mismas, en un “gris legal” que si bien procura condiciones elementales de seguridad de los usuarios, deja librado a criterios particulares el cómo y cuándo esos controles se realizan.

En Bariloche el único organismo del Estado abocado a fiscalizar los servicios de transporte de personas por cable es el Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (E.A.M.Ce.C); sin embargo, la jurisdicción específica que se le asigna por Ordenanza Municipal deja afuera a otras empresas que operan en la región, y no le impone un protocolo para la revisión ordinaria de materiales y funcionamiento de la estructura de medios.

 

 

 

En la Argentina hay en funcionamiento 170 sistemas de transporte de pasajeros en alta montaña, 38 de los cuales están en Río Negro, y la reglamentación es fragmentaria y difusa.

Una nueva normativa (cuestión que no desvela a los empresarios) debería abarcar además de los tradicionales sistemas de aerosillas, telecabinas, elevadores tipo “Poma” o T-bar, familiares para turistas y esquiadores, a otros medios no motorizados como el Canopy o Tirolesa, también populares en esta y otras regiones del país.