El frente inquisidor de Weretilneck

Río Negro tiene una historia legislativa de ampliación de derechos que la ubicó por sobre la media nacional. Ahora, envalentonadas por el resultado de la votación en el Senado, un “frente de legisladoras medievales” pretende recorrer el camino inverso al que ya trazaron las masivas movilizaciones en todo el país. Un repaso de la historia rionegrina en relación al aborto no punible.

21/08/2018
Río Negro

Legisladoras rionegrinas pro aborto clandestino

Hace años, exactamente inmediatamente después del Fallo FAL (marzo de 2012), con el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó el alcance de los abortos no punibles, algunas mujeres de la Provincia contactaron a legisladoras y a la Comisión de Género de la Legislatura de Río Negro para impulsar rápidamente una ley que adhiriera al Protocolo de Interrupción Legal de Embarazos (Protocolo ILE). El objetivo: garantizar la práctica y evitar que se aplicara discrecionalmente en la órbita de los hospitales públicos. 

Esa ley que reclamaron mujeres que militan en favor de los derechos de las mujeres, se sancionó el 19 de octubre de 2012 bajo el número 4796, pero recién fue reglamentada en marzo de 2016, demora inaceptable del actual gobernador, seguramente influenciado por su ministro de Salud objetor, Norberto Delfino. Dicha Ley tomó como base la Guía de Atención Integral de los abortos no Punibles, aprobada por el Ministerio de Salud de Nación por Resolución 1184/2010 (el “Ministerio de Ginés”) y, desde entonces, regula la interrupción en establecimientos públicos, privados y de obras sociales. 

 

Algunas cosas interesantes ocurrieron después del Fallo FAL. En 2013 un Papa argentino llegó a Roma, por lo que se intuyó bien que se demoraría cualquier intento de legalizar el aborto en lo inmediato y que el Fallo FAL y la implementación de Guía y/o Protocolo ILE, serían claves para avanzar en el reconocimiento de un Derecho que se había negado hasta entonces bajo el pretexto de una coma en la redacción del Código Penal. 

Con enormes dificultades comenzó un trabajo articulado fundamentalmente desde quienes forman parte hace años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en Río Negro para difundir dichos instrumentos, y de ese modo garantizar que las mujeres puedan acceder a abortos cuando, pese a ellos, en el sector salud se resisten a hacerlos: Hay objetores/as en todo el servicio, o se interpreta caprichosamente que el fallo era “gris”, o hay temor, o bien insisten con que había que hacer denuncia policial previamente. En ese limbo inventado de resistencias, hubo médicas, sobre todo mujeres, que no tuvieron problemas en avanzar acorde al Fallo para atender la demanda que tenían diariamente en sus consultorios. Pero, ocurrió, que en esas dilaciones en los hospitales no había misoprostol disponible, por lo que -otra vez- fueron mujeres organizadas quienes tejieron una red solidaria para constituirse en socorristas que conseguían la droga para que pudiesen acceder a un aborto no punible. 

Silvia Paz y Tania Lastra

La Legislatura rionegrina votó por unanimidad la Ley que implementa el Protocolo ILE, Ley que Weretilneck dejó dormir cuatro años, demorando su reglamentación. Cabe aclarar que, durante todo este tiempo, el Ministerio de Salud provincial tampoco se expresó de modo claro y enfático en relación a este tema y recién hace pocos meses se aplica el protocolo, y sólo en algunos hospitales de la Provincia. Hace un año, en el 46 período legislativo, con fecha 24 de mayo de 2017, legisladores votaron por unanimidad un proyecto de Comunicación N°587/2016 al Congreso de la Nación según el cual “vería con agrado el tratamiento y aprobación al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo- IVE”. Claro está que la unanimidad implicó que las abanderadas de la cruzada medioeval, Silvia Paz, Tania Lastra, Norma Coronel y María Gemignani estamparan allí su firma. 

Estas mismas diputadas encabezan hoy un absurdo proyecto para que Río Negro sea declarada provincia “pro vida”, con aspectos claros de inconstitucionalidad, y un perfil que de aprobarse mandaría a la Provincia sin escalas al siglo XIX. Proyectos similares pasaron por los Concejos delirantes de Viedma y Cipolletti, inspirados por pastores evangélicos.

 

Se trata de un proyecto descabellado. No es viable. Sólo un retroceso inquisitorial o un Estado dictatorial podrían dar curso a tal empresa. Las legisladoras rionegrinas para quienes las mujeres son meras reproductoras de la especie, quienes contradictoriamente hace poco pidieron al Congreso que se apruebe el proyecto de la Campaña, deberían sentarse a estudiar, empezar sobre todo por las Convenciones de la CEDAW y de Belem do Pará, y después seguir por toda la normativa que consagra los derechos humanos de cada humana de esta tierra.

La cruzada que encarnan ya perdió en las calles, porque hay una sociedad movilizada para resistir semejante voluntad de retroceso, porque existe la no retroactividad de la Ley y porque, de intentarlo, el tema llegaría inevitablemente a la Justicia, que no tendrá otro camino que determinar su inconstitucionalidad. 

Esta semana murieron dos mujeres como consecuencia de haber tenido que recurrir a la clandestinidad ahora impuesta por legisladores antiderechos, que representan a un sector envalentonado después de la lamentable actuación del Senado, que no estuvo a la altura de la historia ni representó la voluntad de la mayoría de la población sino apenas la de una minoría de fanáticos religiosos que creen que pueden imponer sus dogmas al conjunto.

Miles marcharon en Bariloche contra el aborto clandestino (foto José Luis Zamora)