Declaran “personas no gratas” a dos genocidas con domiciliaria en Bariloche

Se trata de Felipe Ayala y Ramón Ernesto Cooke, condenados a cadena perpetua y 16 años de prisión, respectivamente, por delitos aberrantes cometidos durante la dictadura.

07/09/2018
Bariloche

Concejal Ana Marks

 

El Concejo repudió en forma unánime la presencia en la ciudad de condenados por delitos de lesa humanidad beneficiados con prisión domiciliaria. La iniciativa de la Concejal Ana Marks fue impulsada por la Red de la Identidad de los Lagos del SUR, APDH e HIJOS.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el 17 de diciembre de 2013 impuso la pena de prisión perpetua, en cárcel común, a los coroneles retirados Carlos Andrés Stricker y Alejandro Osvaldo Marjanov y a los suboficiales retirados Felipe Ayala y Bernado Artemio Cabezón, por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra 89 víctimas y la apropiación de dos bebes nacidos en cautiverio en el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita".

Ayala fue imputado por su rol como guardia del centro clandestino de detención “La Escuelita”, demostrando la justicia la magnitud de las aberraciones llevadas a cabo, su acción planificada de exterminio y la vulneración reiterada, sistemática y masiva de los derechos humanos.

Sólo 4 días ante de esa sentencia, el Tribunal Oral Federal de la Capital Provincial de Tucumán condenó al militar Ramón Ernesto Cooke a 16 años de prisión por asociación ilícita agravada, violación de  domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravado, homicidio agravado por alevosía, delitos caratulados de lesa humanidad.

Sin embargo, los genocidas fueron beneficiados por la justicia y actualmente cumplen la condena en viviendas de Bariloche: Ayala en el Barrio Vuriloche IV y Cooke en Pájaro Azúl. “Estas prisiones domiciliarias esconden, bajo argumentos humanitarios, impunidades”, afirmó la concejal Ana Marks, impulsora del repudio. 

“Estos casos no son aislados, sino parte de un plan sistemática genocida de la dictadura cívico militar eclesiástica de la que aún hoy vivimos las consecuencias”, contextualizó la edil, definiendo que “no queremos genocidas en nuestra ciudad”.

En la sesión, Marks repasó cada víctima de los dos condenados. “Era necesario poner los nombres sobre la mesa y contribuir desde Bariloche a la construcción de memoria, verdad y justicia: Verdad que conocemos al juzgar los casos, de la que da cuenta cada foja de los expedientes; justicia que se obtiene cuando se condena a los responsables; y memoria que se cultiva cuando los genocidas están en prisión real, cuando no se permite impunidad”, reflexionó.