Gennuso dilata 50 años el transporte accesible para personas con discapacidad

Ante la sentencia que ordena garantizar la accesibilidad del servicio, el Intendente presentó un cronograma que llevará medio siglo y 12 intendencias implementar. Para las organizaciones la propuesta es indignante e irrespetuosa. Piden el rechazo y sanciones para los funcionarios.

17/09/2018
Bariloche

 

En julio de 2017, el Juez Emilio Riat hizo lugar al amparo presentado por las organizaciones de personas con discapacidad, otorgando un plazo de 10 meses al Municipio para comenzar a cumplir o hacer cumplir las condiciones y modalidades temporales establecidas en el pliego de licitación del servicio aprobado por la Ordenanza 2728-CM-16.

Gennuso recurrió la sentencia, pero ésta fue ratificada por ser “inapelable”, comenzando a correr los plazos para la adecuación del transporte en agosto del 2017. Vencidos los tiempos y sin avances en la materia, el Gobierno propuso un cronograma que iniciaría con la primera unidad en marzo de 2019 y un reemplazo gradual de un vehículo cada 6 meses.

“No sólo incluye la inclusión paulatina de unidades adaptadas, sino también la modificación de la infraestructura, la mejora de los paradores y la señalética de los mismos”, argumentó el Intendente, fijando que “la cuestión ha sido encarada con la mayor de las preocupaciones”.

Es decir que la propuesta de Gennuso es que recién dentro de 50 años -lo que equivale a 12 gestiones en la Intendencia municipal- las 100 unidades del transporte urbano serán accesibles.

Gennuso con el dueño de Mi Bus: "Tranquilo, pido 50 años"

Al momento de conceder, sin licitación, a la empresa Mi Bus el servicio de transporte urbano de pasajeros, las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discpacidad plantearon la necesidad de que el pliego de contrato exija la incorporación de micros con esa tecnología y facilidades. Sin embargo, el Ejecutivo prefirió enfrentarse públicamente con dichas organizaciones y sus referentes, y en cambio liberó a la empresa de todo compromiso.

Ahora, ante la intervención judicial, la gestión Gennuso promete una solución a 50 años.

La respuesta del amparista y referente de las organizaciones del sector, Luis Suero, fue contundente. Solicitó que se rechace la propuesta por tratarse “de un expediente meramente dilatorio que excede el tiempo de mandato de la actual gestión, lo que significa una falta total de compromiso y de seguridad de que efectivamente sea ejecutado”.

Cuestionó que la propuesta no fue consultada con el Consejo de Personas con Discapacidad, que vencidos los plazos no hubo “una sola acción concreta” para dar cumplimiento al fallo (ni siquiera se contempló la accesibilidad en paradores construidos recientemente) y que los plazos establecidos en el cronograma de implementación de paradores y unidades accesibles “implican un total de tiempo estimado para alcanzar el objetivo de 50 años”, hasta completar el centenar de unidades que actualmente presta el servicio.

Señaló que al finalizar la actual gestión sólo se habrá alcanzado el 2 por ciento del objetivo comprometido. Y puntualizó que Mi Bus debió iniciar su actividad con un 30 por ciento de su flota accesible, pero con el actual cronograma propuesto, al culminar el contrato en diez años “tendrá el 16 por ciento de su flota accesible”. Es decir, la mitad de la accesibilidad que debió garantizar desde un inicio.

“De no aumentar la flota en los próximos 50 años tendremos que esperar que las doce próximas gestiones municipales nos garanticen el ejercicio de este derecho”, cuantificó Suero, para luego cuestionar el accionar del Gobierno: “Causa indignación la irrespetuosidad hacia los amparistas, las personas con discapacidad y al resto de la comunidad” por la intención de “dilación y el tratamiento displicente al proponer que otros cumplan en los próximos 50 años una obligación legal y judicial que debe ser asumida por esta gestión de gobierno”.

Consecuentemente, requirió a la justicia el rechazo del cronograma propuesto, que se haga efectivo el apercibimiento y se dispongan multas pecuniarias a los funcionarios que correspondan, como así también exigir su responsabilidad penal civil administrativa. 

El amparo colectivo fue presentado por Juan Ojeda (ya fallecido), Marcela Saracho, Alicia Barría Barrientos, René Roa Flores y Luis Suero “para que se respetaran las normas vigentes sobre accesibilidad e igualdad en materia de transporte público para personas con discapacidad o movilidad reducida, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes”, entre otros.

Juan Ojeda (al frente de la marcha) falleció sin ver cumplido el fallo

El caso de Juan Ojeda es paradigmático: cuántas otras serán las personas con dficultades de movilidad que morirán antes que el Municipio cumpla, en los 50 años propuestos, con su obligación de garantizar el derecho a la circulación a través del transporte público.

En su fallo, Riat recordó que “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), establece en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que los Estados Partes deben adoptar medidas pertinentes para asegurar a las personas con discapacidad el acceso al transporte en igualdad de condiciones con las demás, tanto en zonas urbanas como rurales, para que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida”.