Tierra sucia: Un negocio de 68,5 millones

El Gobierno de Gennuso, sin autorización legislativa, entregó tierras a una cooperativa, que vendió 135 lotes a 510 mil pesos cada uno. La maniobra no pasó por el Concejo Municipal, e incluyó la fijación arbitraria del valor del metro cuadrado por parte del Instituto de Tierras. El negocio se urdió sobre tierras originalmente destinadas al PROCREAR, y es violatorio de una ordenanza de 2014. La Cooperativa cobró a los compradores 50 mil pesos de “gastos administrativos” por cada terreno: ganó 6,7 millones de pesos sólo por la intermediación. Podrían impulsar una denuncia penal.

04/10/2018
Bariloche

Hernán Molina y Gustavo Gennuso

Un fabuloso negociado con tierras municipales concretó el Gobierno de Gustavo Gennuso, a través del Instituto de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS). Vía un convenio reservado, firmado el 20 de marzo de este año, otorgó a la Cooperativa 13 de Mayo un total de 135 lotes, ubicados en la zona sur del barrio Las Victorias.

A su vez, la Cooperativa, en el marco del proyecto inmobiliario "Los Abedules", vendió los terrenos en 510 mil pesos cada uno, lo cual conforma un negocio global de 68,5 millones de pesos.

Todo el proceso se realizó sin que el Concejo Municipal apruebe el convenio, y sin que ese mismo órgano legislativo establezca el valor del metro cuadrado de la tierra municipal a entregar. Ambos hechos conforman una irregularidad que podría ser pasible de una denuncia penal, motorizada por el legislador del Frente para la Victoria, Alejandro Ramos Mejía.

Pero además, el destino de la tierra, así como la forma de financiamiento de las obras de infraestructura básica para los 135 lotes, estaban determinados normativamente por una ordenanza del año 2014 -la 2586-, que aprobó el convenio con el privado Jorge Antonio Valero, propietario original de los terrenos.

Como se estila, la Municipalidad -en ese momento conducido por María Eugenia Martini- concretó por ordenanza la declaración de interés social del planteo urbanístico -es decir el otorgamiento de parámetros-, así como la autorización del fraccionamiento del terreno. De ese acto administrativo surgió la obtención de una fracción de tierras a favor del municipio, que, según aquella ordenanza, se destinarían al programa PROCREAR.

Las demoras administrativas del proceso y el posterior desguace del proyecto PROCREAR por parte de las autoridades nacionales de Cambiemos, asumidas en diciembre de 2015, hicieron imposible la continuidad del proyecto.

Gennuso y zannoni, titular del Instituto de Tierras

El Gobierno de Gennuso, lejos de revisar los términos de la ordenanza de 2014 y modificarla para dar un nuevo destino a los 135 lotes, avanzó en un convenio con un particular, a través del Instituto de Tierras, y cedió los terrenos a la Cooperativa 13 de Mayo -conducida por Hernán Molina, con contactos con el Gobierno provincial de Alberto Weretilneck-.

Tampoco destinó los lotes al listado de demanda, conformado por vecinos de sectores pobres de la ciudad, que no le hubiesen garantizado recaudación al Instituto.

El Instituto Municipal de Tierras, presidido por Laura Zannoni, fijó arbitrariamente el valor del metro cuadrado de la tierra, y estableció que por cada lote de unos 300 metros -sin infraestructura- la Cooperativa debía pagarle al Estado municipal 100 mil pesos.

Al momento de la firma del convenio con el Municipio -20 de marzo pasado-, la Cooperativa no tenía la cantidad de asociados o interesados suficientes para cubrir esa oferta, lo cual implica otra potencial irregularidad, ya que no se entregó al Instituto el listado de beneficiarios.

Así, la Cooperativa promocionó a través de clasificados y redes sociales la venta de los terrenos, oficiando como una inmobiliaria cualquiera, aunque con lotes “sociales”. Y a pesar del elevado precio que fijó, consiguió los compradores.

Referentes de la Cooperativa 13 de Mayo

Molina determinó que la cooperativa que preside ofrecería los lotes a 510 mil pesos cada uno, lo cual incluía la obra básica de red de luz, agua y gas; además de apertura de calles, entre otras obras.

El desglose de esos 510 mil pesos es el siguiente: 150 mil pesos para acceder a la compra -denominada “cuota Tierra”-, de los cuales 100 mil era para el Instituto, y 50 mil pesos para la propia cooperativa por “gastos administrativos”, es decir la intermediación en la compra. Tras el pago de los 150 mil, se estableció que la diferencia debía ser pagada en 36 cuotas de 10 mil pesos, destinados, teóricamente, al pago de la construcción de la infraestructura.

Convenio entre un comprador y la Cooperativa

Toda la maniobra -de la cual algunos aspectos anticipó el diario Río Negro- es violatoria de los términos de la ordenanza 2586 de 2014 -que además planteaba que la obra de infraestructura iba a ser asumida con el 50 por ciento del resultante de la venta de los lotes transferidos al PROCREAR, y no pagada de forma extra por los beneficiarios-, y contraría la normativa que obliga a que los convenios de este tipo sean aprobados por el Concejo Municipal, así como el establecimiento del valor del metro cuadrado de los lotes sociales en poder del municipio.

Otro dato: la persona contratada por la Cooperativa para la realización de la obra de infraestructura -por un monto aproximado de 48 millones de pesos- es Jorge Alberto Valero, el propietario original de los terrenos.

El vínculo de la Cooperativa 13 de Mayo y Gustavo Gennuso no es nuevo. En 2012, cuando el ahora Intendente era Presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, durante la gestión de Omar Goye como jefe comunal, le otorgó a esa entidad una fracción de las 26,5 hectáreas, en el barrio el Frutillar.

La Cooperativa ya habría finalizado con el pago de esa tierra, donde promovió la construcción de viviendas.

En este caso, hasta el momento el Estado municipal no informó cuánto dinero cobró por los 135 lotes que la Cooperativa dice ya haber vendido, ni a qué fines destinó ese dinero percibido.

La situación fue calificada por el legislador Ramos Mejía como “un escádalo”, que derivaría en la presentación de una denuncia penal. “El eje de este caso -explicó a En estos días- es que con tierra pública se hacen negocios para particulares”.

Legislador Ramos Mejía

“En realidad esos lotes tienen por destino que los vecinos que no tienen la posibilidad de acceder a un terreno, lo puedan hacer. Ello debe ser una política pública, pero acá la municipalidad una parte ínfima de lo que percibe la Cooperativa por la intermediación”.

“Los funcionarios tendrán que explicar en sede judicial porqué autorizaron que se cobren gastos administrativos por tareas que puede hacer el Estado”, agregó, y planteó que la gestión Gennuso pudo avanzar en la maniobra porque “escondieron el convenio, que además no tiene ningún valor sin el aval del Concejo”.

“Le están cobrando a la gente con papeles que no tienen ninguna clase de valor legal sin el consentimiento del Concejo”, amplió, y calificó el proceso como “ilegal y perjudicial para los vecinos y el Municipio”.