Trabajadores de la Salud protestaron frente al hospital Ramón Carrillo

En adhesión a la jornada nacional de lucha en defensa de la Salud Pública, este jueves trabajadores auto convocados de las distintas áreas del hospital zonal realizaron un acto y volanteada sobre la calle Moreno.

04/10/2018
Bariloche

 

 

 

Entre los reclamos los manifestantes exigieron la restitución al rango de ministerio de la actual secretaría de Salud; el pago de la deuda del PAMI, que asegure la cobertura de medicamentos a los jubilados; el rechazo a la Cobertura Única de Salud que impulsa el gobierno, a la que calificaron como mercantilista; también la baja de vacunas en el calendario nacional; el recorte de subsidios, en el marco del “proyecto de ajuste del Gobierno Nacional expresado en el Presupuesto 2019 que es en la práctica una política dictada por FMI”, señalaron.

“Lo que hace el Gobierno Nacional es vaciar a la Salud Pública y transferir fondos millonarios al sector privado”, explicó Santiago García, médico del hospital, “esto se hace con el programa CUS (Cobertura Única de Salud, implementado por decreto 908/2016), que implica la mercantilización, y el recorte del derecho de acceso universal a la salud”.

 

 

 

En términos generales, el CUS es un seguro que tendrá aquel que no pueda afrontar gastos en salud ni tenga una obra social.

“Es como que te dieran un carnet de pobre”, dijo García.

En lugar de aumentar el financiamiento de la Salud para abastecer a los hospitales públicos con personal, tecnología, insumos y medicamentos, lo que se hace a través del CUS es transferir dinero al sistema privado, precarizando al máximo la atención sanitaria.

Con esta cobertura, ya no cualquiera podrá tener acceso a un hospital, sino que debe estar registrado para poder hacerlo (por eso lo de “carnet de pobre”). Esto implica que aquel que necesite atención sanitaria tendrá un límite de “acceso”, lo cual es radicalmente opuesto a lo que se considera “universalidad” en términos de sistemas sanitarios. Y podrá utilizar solo la "canasta básica" que el Estado brinde.

En el caso de que las necesidades médicas estén por fuera de lo que el decreto dice que es responsabilidad del Estado, se deberá recurrir al sector privado.

“Por ejemplo, si te hiciste dos ecografías en el año, y necesitás un tercera, la tenés que pagar”, graficó García, “entonces el hospital pasa a ser también una ventanilla de cobro dentro de ese sistema; cada vez que lo que el paciente requiera esté por fuera de la canasta de prestaciones, el hospital le va a tener que cobrar. Es la privatización de la salud”, y la marginación de quien no pueda pagarla.

Con respecto a la caída de rango del ministerio de Salud a Secretaría, “lo que sucede es que se caen muchos de los programas que estaban vigentes. En principio esos programas deberían ser absorbidos por la provincia, con algunos lo viene haciendo, pero no está para nada claro cómo se las va a arreglar para seguir sosteniéndolos”, señaló Santiago García.

 

 

 

En cuanto a los insumos y medicamentos, García sostiene que la situación en el hospital zonal no es crítica: “hasta el momento la provincia está supliendo lo que Nación no cubre, por eso no se nota tanto la carencia, pero de nuevo: no sabemos hasta cuándo va a poder seguir haciéndolo”.

El grupo de profesionales en formación, los residentes del hospital, tiene una visión distinta. Quienes dialogaron con En Estos Días aseguraron que “siempre hay faltantes, van como tapando baches. Falta un medicamento y lo cubren, pero entonces falta otro. Lo mismo con los insumos, a veces no hay algo tan simple como jeringas de determinado diámetro”.

El problema que enfrentan los residentes es la precarización laboral. El salario que perciben es considerado una beca y por lo tanto no son trabajadores para el sistema. No cobran aguinaldo, no se les computa antigüedad ni se les hacen aportes previsionales. Los sueldos en muchos casos están en torno a los 18.000 pesos; es decir, por debajo de la línea de pobreza.

La salida para estos médicos en formación son las horas extra –cada vez más reducidas-, lo que les impone jornadas extenuantes, de muchas horas – con todo lo que esto implica- para poder compensar el magro salario.

El acto se desarrolló en la escalinata de acceso al hospital sobre la calle Moreno, con la intervención de los gremios estatales, UPCN, ATE, CTA, UNTER y distintas organizaciones sociales y políticas.

 

 

 

“Nosotras venimos a denunciar la feminización de la pobreza, que va de la mano con las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri y el FMI. No hay duda de que las mujeres somos las más golpeadas dentro de los sectores explotados”, señalaron las representantes de la Asamblea “Ni Una Menos”; algo que “se vio reflejado el 8 de agosto (día del tratamiento de la Ley de despenalización del aborto) cuando el gobierno nos privó del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo”.

“No nos sorprende el ajuste sobre la salud pública, algo que a nosotras nos afecta directamente”, dijeron, y denunciaron que “faltan insumos básicos como profilácticos y anticonceptivos, elementales para la salud reproductiva y no reproductiva”.

Fustigaron también la decisión del intendente Gustavo Gennuso de cerrar la línea 102 de asistencia ante casos de violencia de género, “porque está alineado a la política nacional”.

Por último, el secretario general de la CTA Zona Andina, Edgardo Straini, señaló que “a este ajuste lo vamos a frenar entre todos. Tenemos que crear una fuerza gremial, social y política. Rechazar el Presupuesto 2019 que es donde se plantea el ajuste para el país y echar a Mauricio Macri del gobierno”.