La Ley de Urbanización de Barrios Populares consagró la lucha de las organizaciones

El proyecto de urbanización de barrios informales podría cambiarle la vida a más de 32 mil rionegrinos. Sin embargo, aún no cuenta con presupuesto asignado y los Estados siguen desconociendo derechos. La experiencia en Viedma.

13/10/2018
Viedma

(Foto CTEP Viedma)

Las organizaciones sociales, encabezadas por la CTEP, lograron que el Senado de la Nación aprobara la Ley de Regularización de los 4446 barrios informales que existen en todo el país, lo que en los papeles significa la legitimación de los asentamientos en los que habitan más de 3 millones y medio de argentinos. 

En Río Negro, 10.880 familias, compuestas por más de 32 mil personas, viven en “tomas”, terrenos que estando vacíos fueron ocupados de manera organizada y en donde, a vista del Gobierno provincial y de los municipios, los habitantes no son sujetos de derechos y se les niega desde la conexión de servicios básicos hasta asistencia social.

En la localidad de Viedma, existen seis barrios informales, que se construyeron a la sombra de la precariedad extrema. En ellos habitan una 700 familias aproximadamente, 2250 personas, de las cuales, un porcentaje mayoritario son niños.

 

Con la nueva Ley, que no tiene asignada partida presupuestaria para el próximo año, se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de todos los barrios, se suspenden los desalojos por cuatro años, y se establece que el 25 por ciento de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo.

Sin embargo, “aún queda un camino de lucha para  las organizaciones. La aprobación de la ley nos abre las puertas a seguir luchando, nos sube el piso de la discusión”, afirmó Julián Arribas, militante de el Movimiento de Trabajadores Excluidos e investigador becario del Conicet en temáticas de conflicto de acceso a la tierra, por la Universidad Nacional de Río Negro.

“Sabemos que dentro del presupuesto 2019 no esté contemplada partida alguna para la urbanización. Entonces por un lado, el Gobierno (de Cambiemos) avanza en una legislación muy progresista pero por otro lado no está pensando en hacerlo realidad”, dijo el investigador que por otro lado reconoció que a partir de la sanción “ahora la legitimación de la lucha es otra”.

Por su parte, Lorena Alan,referente de la CTEP en la localidad de Viedma, contó en el programa Nada Personal -Radio Uno-, que “las ventajas son para los vecinos relevados que ahora son reconocidos en sus viviendas; (con la ley) se suspenden los desalojos y cada vecino de una toma puede sentirse seguro que no va a pasar una topadora a destruir lo que tiene”.

Lorena Alan (foto Facebook)

Lorena y Julián trabajaron en el relevamiento, casilla por casilla, barrio por barrio, para saber hoy cuantos rionegrinos están en esta situación de precariedad.

Toda esa información ahora figura en el Registro Nacional de Barrios Populares.

Una vez que las familias fueron encuestadas, se les otorgó el certificado de vivienda familiar, lo que representó un primer paso para ingresar a la formalidad del sistema y solicitar al Estado, por ejemplo, la conexión a servicios básicos. Pero en Viedma, las negativas por parte de la Municipalidad continuaron.

“El Municipio nunca colaboró mucho y el año pasado cuando los vecinos iban con el certificado de vivienda familiar, les decían que no servía de nada”, contó Alan.

Aunque la Ley hasta tanto no cuente con un presupuesto es un enunciado simbólico, para las organizaciones sociales que trabajan en el territorio es, en palabras de Arribas, “una espalda legal” para esa tarea.