Ley de salud mental rionegrina,  un faro en la oscuridad provincial

La legislatura rionegrina modificó la Ley 2440 de Salud Mental, aprobada en 1991, que representó para la Provincia un ícono de progresismo en Derechos Humanos y le valió el reconocimiento de la comunidad médica internacional.

04/11/2018
Río Negro
Carolina González

Murga de Crearte, institución de Bariloche que trabaja con personas con discapacidad

Quienes trabajaron la reciente modificación a la norma, hablan de “armonización con la ley nacional” (Nº 26657), que fue aprobada en el año 2010 y que -vueltas de la vida- incluyó un componente importante de la norma rionegrina.

El enfoque sobre la salud mental y el tratamiento de los pacientes se fue modificando con el devenir de la historia, particularmente en Argentina y en Río Negro: el retorno de la democracia fue lo que marcó en la práctica un trato más humanitario que, entrada la década del ‘90, derivó en la  famosa Ley rionegrina y tuvo como puntos centrales terminar con métodos invasivos -como el electro shock o el shock insulínico- y el fin de la manicomialización, es decir el encierro como método de control.

Graciela Natella es psiquiatra, fue por muchos años Jefa de Servicio de Salud Mental en el Hospital Artémides Zatti de Viedma, y en la década del ‘80 y principios de los ‘90 trabajó intensamente junto a Hugo Cohen en la redacción de la ley. Ambos son eminencias en la temática a nivel continental.

Natella, durante la aprobación de la modificación de la ley

Natella dialogó con En Estos Días durante la sesión legislativa que aprobó la modificación de la norma; elogió la Ley a la que describió como “un faro” de la doctrina de salud y derechos humanos; y recordó que la formalización en una normativa jurídica sólo “legalizó lo que ya era legítimo en la práctica” y que se había iniciado en 1988 con el cierre del hospital neuropsiquiátrico de Allen. 

Pero ese faro que ilumina desde Río Negro no se extiende con el mismo criterio hacia todo el país, especialmente a algunos territorios que aun conservan prácticas crueles de mitad del siglo XIX, como la utilización del electroshock en pacientes con desórdenes mentales.

 

“En la realidad, en Argentina se continúa usando el electroshock”, dijo la especialista y contó que desde el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental al que pertenece, se realizó un relevamiento que arrojó como resultado que “la mayoría de las provincias” contestaron que a nivel público esa práctica degradante no se realizaba. “El mapa formal dice que a nivel público no se usa, pero sabemos que a nivel privado sí. En la provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma está vigente, se sigue aplicando”, informó.

Jorge Vallazza, legislador provincial e impulsor de la modificación -“armonización”- aprobada en la última sesión del Parlamento, aseguró que “logramos sostener en la Ley provincial avances como la prohibición del uso de métodos invasivos como electroshock y shock insulínico, por ejemplo, algo que la ley nacional no logró anular”.

La Ley establece que el encierro de una persona de manera involuntaria se hace sólo en casos extremos y en hospitales generales. Ahora, la decisión de esa internación está en manos de un equipo interdisciplinario en el que por lo menos debe haber un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra; antes era decisión exclusiva de un juez.

“Lo que hacemos es crear un órgano de revisión que controle el funcionamiento del sistema y que la internación sea un abordaje interdisciplinario”, explicó el legislador y detalló que ese cuerpo estará integrado por el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, que será la autoridad de aplicación de la ley.

Jorge Vallaza

“Con esta norma y su actualización se pone a la persona en clave de derecho. El paciente de salud mental es una persona para que la sociedad se haga cargo, una persona con derecho a la inclusión”, concluyó Vallazza.