Trepó a 50 millones la deuda del Municipio con AFIP

Los intereses por mora en la cancelación del Impuesto a las Ganancias que descontó a los trabajadores, suman 24,7 millones de pesos. Se suman a la deuda por el incumplimiento y obligan al Ejecutivo a negociar con la AFIP.

05/11/2018
Bariloche

Gustavo Gennuso

La Administración Federal de Ingresos brutos (AFIP) es uno de los principales acreedores del Municipio. La comuna, agente de retención del Impuesto a las Ganancias, le adeuda 24,9 millones de pesos de capital vencido, e intereses resarcitorios generados por esa mora, de 24,7 millones de pesos. En total, el rojo asciende a 49.629.127 pesos, según el estado de deuda actualizado al 1 de noviembre, al que accedió En Estos Días.

En marzo de este año, este medio informó que los retrasos con proveedores llegaban a los 240 millones de pesos, correspondiendo 50 millones a aportes sindicales retenidos indebidamente al SOYEM, y 25 millones a la AFIP, entre otros conceptos. Ocho meses más tarde, la deuda con el organismo nacional de recaudación se duplicó.

La deuda con AFIP era un dato que el gobierno mantenía bajo llave. El propio secretario de Hacienda, Diego Quitana, como si de información pública no se tratara, negó al diario Río Negro la cifra del rojo: “Dijo que no los haría públicos porque el municipio recibe un trato preferencial, que está negado a los privados en la misma condición”, publicó el matutino.

En la Audiencia Pública realizada el viernes pasado para debatir el Presupuesto Municipal de 2019, Quintana admitió que la deuda municipal aumentó un 20 por ciento este año, pero lo consideró un logro por tratarse de un porcentaje “muy por debajo de la pauta inflacionaria, lo que implica una reducción en términos nominales”. 

Destacó, además, el pago de haberes con recursos propios, condición que sólo pudo concretar en dos de los últimos 14 meses, ya que hasta julio se cayó en descubierto bancario para afrontar la masa salarial. Para conseguirlo, el Gobierno de Gustavo Gennuso aplicó un severo régimen de ajuste y restricción del gasto, que repercute en la baja ejecución presupuestaria en sensibles programas sociales y fuertes demoras (en ocasiones superiores al año), en la cancelación de facturas de proveedores, que cada vez están más reacios a prestar servicios a la comuna.