Denuncian “testigos truchos” y “causas armadas” contra la comunidad mapuche en Mascardi

La justicia citó esta semana a indagatoria a los 9 procesados por la ocupación de tierras en Villa Mascardi. Desde la Gremial de Abogados afirman que la fiscal de la causa, Silvia Little “provoca y amenaza abiertamente” a las familias. Temen que esto forme parte de un nuevo intento de desalojo.

06/11/2018
Bariloche

 

 

El juez Federal, Gustavo Villanueva citó a indagatoria esta semana a 9 integrantes de la comunidad Lafken Wuinkul Mapu –entre ellos una joven de 17 años- imputados en la causa que prosigue por presunta usurpación de tierras en Villa Mascardi.

Hasta el momento todos los convocados se negaron a declarar.

Los integrantes de la Asociación de Abogados, Eduardo Soares, Matías Alac y Laura Tafetani, representantes legales de la comunidad, denunciaron esta mañana en conferencia de Prensa “la persecución que lleva adelante la justicia Federal de Bariloche y en especial la fiscal Silvia Little”.

“La fiscal”, dijo Soares, quien además no descartó un pedido de recusación, “está permanentemente truchando pruebas y armando causas”.

El abogado explicó que los citados a declarar por el juez Villanueva son un grupo de personas sobre el cual no hay certeza de que estén ocupando las tierras en Mascardi.

 

Eduardo Soares, Asociación Gremial de Abogados (Fotografía José Luis Zamora)

 

Hay mujeres imputadas en la causa que son las mismas que resultaron detenidas en noviembre pasado cuando ocurrió el brutal allanamiento de las fuerzas federales, que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel a manos de Prefectura. Y hay hombres también imputados, cuyas identidades el juzgado obtuvo mediante el entrecruzamiento de llamadas y tareas ulteriores de inteligencia.

“La justicia todavía está diciendo a ojo quiénes creen que están en el lugar. No lo saben, y se guían por los datos que les dan los servicios de inteligencia. Nosotros estamos acompañando a los compañeros que están citados a declarar, lo que no quiere decir que sean ellos quienes están ahí”, afirmó Soares.

Luego explicó que “aquí de lo que se trata es de bajar el nivel de conflictividad, pero cada vez que nosotros lo planteamos surge una nueva provocación”.

Y en este sentido señaló a la fiscal Silvia Little quien, dijo “lo que está haciendo es provocar en varios niveles. En primer lugar con los niños; ayer (por el lunes) volvió a amenazar abiertamente con el tema: les mandó a decir a las madres de la comunidad que si concurrían con sus hijos al juzgado ella iba a hacer todo lo posible por quitárselos. Fue una amenaza abierta que generó una inmediata reacción”.

“Del mismo modo”, dijo Soares, “le hicimos saber al juez que están procediendo al armado de causas. Han truchado testigos, y han armado un escenario jurídico diciendo que los miembros de la comunidad que en este momento están en Winkul, han ocupado La Escondida y están intentando ocupar el hotel aledaño. Nosotros desmentimos totalmente esa afirmación”.

 

Son 9 los procesados por la ocupación de tierras en Mascardi (Fotografía José Luis Zamora)

 

Soares recordó que meses atrás hubo dos episodios que a su entender tienen que ver con este “montaje judicial” y con el incremento de la conflictividad en la zona para eventualmente justificar una acción de desalojo.

Mencionó el caso de dos presuntos turistas norteamericanos que ingresaron al hotel abandonado, vecino al territorio de la comunidad, que “fueron detenidos y resulta que después estaban los más tranquilos charlando con los policías en la comisaría. Nosotros no sabemos quiénes son, pero lo cierto es que están haciendo aparecer gente y después dicen que son miembros de la comunidad quienes están produciendo esos hechos”, afirmó.

El otro episodio al que refiere ocurrió el 19 de julio, cuando Fuerzas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpieron  en la comunidad mapuche bajo pretexto de realizar un operativo en el hotel y efectuaron una inusitada cantidad de disparos con armas largas, como consecuencia de los cuales hubo tres personas de la Pu Lof heridas por postas de goma.

Nota relacionada: Fuerzas federales nuevamente ingresaron a la comunidad mapuche en Villa Mascardi

 

“Esos testigos truchos que han utilizado, se nos han presentado después a nosotros para decirnos ´nosotros no dijimos eso´; y vamos a presentar las pruebas”, adelantó Soares.

Para el abogado, “lo que hubiera correspondido es que Parques Nacionales vaya ante la justicia civil y demuestre que tienen más derechos sobre las tierras que los que tiene una comunidad ancestral. No lo hicieron, y a consecuencia de eso, tenemos un muerto y niños que fueron detenidos, trasladados a una dependencia judicial, y que fueron gaseados junto a las familias cuando ocurrió la represión. Y ahora lo que están haciendo es elevar el nivel de conflictividad”.

 

 Eduardo Soares, Asociación Gremial de Abogados (Fotografía José Luis Zamora)

Soares tampoco descartó la posibilidad de un nuevo intento de desalojo. Según entiende, todo lo ocurrido tiene que ver con “preparar el terreno” para llevar a cabo una nueva acción violenta en el lugar. En tal sentido confirmó que el juez Gustavo Villanueva “ya le rechazó a (la fiscal, Silvia) Little un pedido de desalojo de las tierras y la detención de sus ocupantes”.

La ocupación pacífica de las tierras en Mascardi, consideradas ancestrales por el pueblo Mapuche, ocurrió en septiembre del año pasado, y dos meses más tarde, el 25 de noviembre, el juez Federal Gustavo Villanueva ordenó desalojar el predio, procedimiento que implicó el despliegue de centenares de efectivos de fuerzas federales y culminó con el asesinato de Rafael Nahuel.

El Cabo Primero de la Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, autor del disparo que mató al joven mapuche de 22 años, fue citado a indagatoria por el juez Gustavo Villanueva recién siete meses después de ocurrida la represión en Mascardi. Hasta el momento no hay ningún procesado por ese homicidio.