Otra vez el oficialismo bloqueó una investigación a funcionario de Gennuso

La mayoría oficialista en el Tribunal de Contralor impidió el juicio de responsabilidad al subsecretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari, por el pago indebido de salarios. Es el mismo funcionario que montó una empresa de seguridad para facturarle al Municipio. Los antecedentes de un órgano de control adicto.

07/11/2018
Bariloche

Damián Fuentes, vocal oficialista del Tribunal de Contralor

El juicio había sido sugerido por el instructor sumariante, quien atribuyó a Ferrari su responsabilidad en que el Estado haya abonado salarios a Ángel Néstor Sacco, 6 meses después de haber renunciado- entre julio y diciembre de 2017-, por 143 mil pesos. Pero este martes se conoció la Resolución Nº 56-TC-18 que desestima la investigación.

Sacco continuó percibiendo su salario y luego aceptó la restitución en cuotas, en una mediación con el Ejecutivo; por lo que la presidenta del Tribunal de Contralor (TC), Julieta Wallace (FpV), pretendía una sanción pecuniaria contra Ferrari -entendiendo que actuó con negligencia, permitiendo la erogación irregular de fondos públicos- y liberar de sanciones a al ex funcionario, que ya admitió su culpa y concertó un plan de pagos.

Los vocales Maia Thieck y Damián Fuentes, integrantes de Juntos Somos Bariloche, avalaron un juicio a Secco, pero impusieron nuevamente su mayoría para evitar el avance de una investigación contra un funcionario del gabinete municipal, considerando que la argumentación del Instructor del sumario “no es suficiente para fundar un juicio de responsabilidad”.

Los oficialistas añadieron que “no parece razonable atribuir las consecuencias de un error u omisión en un trámite administrativo que no estaba a su cargo y en el cual no debía intervenir”. 

Estos mismos funcionarios, deben aún resolver la situación de Ferrari en la investigación por eventuales “ilegalidades” y el posible “perjuicio al erario público” por la contratación (por más de 400 mil pesos) de la empresa de seguridad que creó a nombre de su pareja, “Aguirre Natalia Alejandra”, y con domicilio legal que la casa donde conviven. Maniobra que reveló En Estos Días, y que incluyó el desdoblamiento de pagos para evitar concursos de precios y la contratación de la firma incluso antes de estar registrada en AFIP.

Juan Pablo Ferrari

El sumario correspondiente a ese caso, sugirió el inicio de un juicio de responsabilidad al Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, pero la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche en el Contralor aún no firmó la resolución correspondiente.

Sólo los antecedentes del comportamiento de quienes deben el documentado negociado, siembran incertidumbre sobre una posible sanción a Ferrari, que cuenta con el respaldo del jefe comunal.

Estos fueron otros polémicos casos en los que el órgano de control, salvó a los funcionarios:

Natacha Vázquez, Asesora Letrada: El TC resolvió no iniciarle un juicio de responsabilidad ante la denuncia por supuesto incumplimiento de la ordenanza de Ética Pública, debido a la incompatibilidad por ser Asesora Letrada y abogada de la empresa Powerlink, que mantiene una permanente y preferencial relación con el Municipio.

Beatriz Oñate, Defensora del Pueblo: designó a su cuñada, tuvo personal sin registrar e hizo firmar convenios de confidencialidad a los trabajadores. Pero el oficialismo impuso su mayoría para impedir el juicio de responsabilidad. El argumento: su cuñada y hermano, pese a tener hijos en común, no estaban formalmente casados.

Carlos Beros, ex Subsecretario de Medioambiente: Juntos Somos Bariloche  desestimó el juicio de responsabilidad por incompatibilidades entre el cargo que ocupaba y su tarea en el ámbito privado con la empresa Beha Ambiental S.R.L.

Diego Quintana, secretario de Hacienda: El TC comprobó doble percepción: integraba el equipo de Gennuso mientras era el responsable del sistema SUBE en la Municipalidad de Neuquén. Pero se rechazó el juicio de responsabilidad escudado en la modalidad de contratación con la que Intendente ocultó su función política.

Ana Martínez Infante, ex coordinadora de Discapacidad: El oficialismo desestimó la denuncia por violación a la ley de ética pública, al ser designada siendo la hermana del por entonces concejal y presidente del bloque JSB, Andrés Martínez Infante. El argumento para exculparla fue, nuevamente, el sistema de contratación por locación de servicios.

Etel Outeda, ex subsecretaria de Empleo y Pymes: rechazó el TC las denuncias de una quincena de trabajadores municipales, descartando violencia laboral. Advirtió, sin embargo, “trastornos de la personalidad” de la ex funcionaria.