Riesgoso golpe a la división de poderes

El Jefe de Gabinete Marcos Barberis aprovechó la mayoría oficialista en el Concejo para iniciar un proceso que podría culminar en una sanción a la Presidenta del Tribunal de Contralor. Se ofendió por la investigación que constató serias irregularidades en la contratación de una empresa de seguridad fantasma, propiedad de un funcionario de Gennuso. Fuerte rechazo del FpV.

07/11/2018
Bariloche

Barberis y Gennuso

La difusión de la decisión del sumariante del Tribunal de Contralor de recomendar el inicio de un Juicio de Responsabilidad contra el Jefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis, originó un intercambio de cartas documento entre Marcos Barberis y la presidenta del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace. Pero la situación se llevó al extremo institucional este miércoles, cuando el Concejo avaló iniciar un proceso de investigación que podría terminar en una sanción a la única integrante de la oposición en el órgano de contralor.

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Wallace había informado que el sumario del Tribunal relacionado con el pago municipal a un empresa de seguridad creada por el subsecretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferraris, concluyó con la recomendación de iniciar un Juicio de Responsabilidad contra Barberis.

Lejos de aceptar esa opinión del instructor del sumario, los dos integrantes del oficialismo en el Contralor, Damián Fuentes y Maia Thiek, se negaron a resolver sobre el caso, postergando la investigación sobre esa irregularidad. Se trata de los dos mismos vocales que sistemáticamente bloquearon las investigaciones contra otros funcionarios del Ejecutivo que conduce Gustavo Gennuso.

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Por su parte, Barberis argumentó que se puso en duda su “honorabilidad y probidad personal”, por lo que exigió la retractación de Wallace. La presidenta del Contralor negó tal afectación y le recordó que “los funcionarios deben rendir cuentas de la actuación en el ejercicio de sus tareas públicas”.

Julieta Wallace

En su respuesta, Wallace repasó todas las irregularidades en la contratación de la empresa de seguridad fantasma -dadas a conocer por este medio y ratificadas por el inspector sumariante-, lo intimó a “cesar de inmediato” con las “conductas amenazantes” y a dejarla ejercer libremente la función de contralor que le compete.

Lejos de hacerlo, Barberis requirió al Concejo que realice una investigación sobre el posible incumplimiento de la ordenanza de ética pública, sólo motivada por la difusión de información sobre un sumario en curso, cuando aún no existía una Resolución del caso.

En la Comisión Legislativa de este miércoles, la mayoría oficialista (JSB y PRO) dio curso al insólito proceso. Argumentó a favor de pedir informes al Contralor la edil Julia Fernández.

El presidente del bloque Frente para la Victoria, Ramón Chiocconi, advirtió que Barberis “presiona a Wallace con una clara voluntad de disciplinamiento”, porque la investigación constató las “irregularidades flagrantes”.

Comprendió que el proceso iniciado es “poco serio e institucionalmente grave” y alertó que “se están borrando los límites de la democracia, de la división de poderes”. Luego, definió: “No la persiguen por hacer las cosas mal, sino por investigar, que es lo que debe hacer”.

Su compañero de bloque, Daniel Natapof, recordó que se detectaron pagos fragmentados a una empresa que no estaba registrada, a nombre de la pareja de un funcionario público (Juan Pablo Ferrari, subsecretario de Desarrollo Humano)y con sede en la casa donde éste vive. “Todo eso tiene como eje al actual Jefe de Gabinete”, apuntó.

El edil manifestó que se trata de “un mecanismo de coacción para que las investigaciones del Tribunal no se lleven a cabo, pese a las pruebas abrumadoras. En un golpe a la división de poderes”. Rememoró que Gustavo Gennuso ya pidió anteriormente la destitución de Wallace, acusándola de representar a la Asociación de Recicladores Bariloche. Y sentenció: “El Intendente debería estar hoy preocupado por la idoneidad moral de sus funcionarios y no avalando que su Jefe de Gabinete busque la destitución de la presidenta del Contralor”.

El Frente para la Victoria emitió por la tarde un comunicado, denunciando la ilegalidad del proceso. “Busca garantizar su impunidad frente a todas y cada una de las irregularidades y posibles delitos que Gennuso y parte de su gobierno cometieran,  muchos de ellos, materia de investigación en sede penal, como lo es falsificación de los aportantes del campaña”, asentaron.

Responsabilizaron al jefe comunal de pensar “como monarca de Bariloche”, y de querer “acallar las voces críticas”. Luego, interpelaron: “Debería explicarnos a todos, la estafa de la calle Mitre o las sospechosas irregularidades cometidas con el asfalto de la Costanera, o porqué quiere rematar el Cerro Catedral”.

Por su parte, el colectivo Mujeres Para la Victoria Bariloche también repudió el hecho y afirmó que Barberis pretende correr el foco, “que no es otro que dar explicaciones en relación a las irregularidades”. Coincidieron en que es una muestra de “autoritarismo y desprecio por las instituciones por parte de un funcionario con un perfil misógino, xenófogo, discriminador y racista”.

En la nota periodística que Barberis utilizó como excusa para atacar administrativamente a Wallace, la funcionaria informó sobre el avance de la investigación por la contratación irregular de la firma “Aguirre Natalia Alejandra” para el servicio de seguridad en eventos municipales: el instructor sumariante acreditó que la empresa no existía como tal y que se realizaron pagos por encima de los montos permitidos.

Marcos Barberis (foto José Luis Zamora)

Investigaban, además, el vínculo de Ferrari y la pérdida de actas de la Comisión de Festejos en las que se autorizaba la transacción; por lo que el sumariante impulsó el inicio de un juicio de responsabilidad contra Barberis, por su responsabilidad en la decisión de contratar a esa “empresa” y por los pagos realizados como Secretario de Turismo.

“Wallace explicó finalmente que el Tribunal debe definir el inicio del Juicio de Responsabilidad y abocarse ahora a determinar la responsabilidad de Barberis -mano derecha de Gennuso en el Ejecutivo- en los pagos irregulares, y que podría, al término de la investigación, aplicar una multa y girar las actuaciones a la Justicia Penal”, concluía el artículo periodístico.