# ¿QUIÉN MATÓ A SERGIO CÁRDENAS Y NICOLÁS CARRASCO?

Por Cárdenas la querella pidió 8 de prisión para los que apretaron el gatillo y 6 para los jefes policiales

Natalia Araya y Julieta Blanco, abogadas de la familia Cárdenas, dieron por probado en sus alegatos que Sergio murió como consecuencia de las cargas de plomo disparadas por un grupo de policías, para quienes pidieron 8 años de prisión. Para los jefes policiales que no cumplieron con sus funciones, requirieron 6, más 12 de inhabilitación.

09/11/2018
Bariloche
Martín Medero

 

 

Durante su exposición, Araya y Blanco recordaron que Sergio Cárdenas era un observador pasivo de lo que estaba ocurriendo, circunstancia que aparece descrita en múltiples testimonios. Del mismo modo, derrumbaron la afirmación de los policías que dijeron haber visto armas no convencionales (“tumberas”) en poder de los manifestantes, con las que pudieron haberle disparado.

“Lo descartamos de plano”, sostuvieron, “aquellos pocos que dijeron haber visto este tipo de armas, aseguraron haberlas visto a la mañana, y Sergio Cárdenas murió a la tarde”. A las 17,38, precisó la pericia.

Natalia Araya dedicó largos minutos de su alegato a describir el contexto en el que se produjeron las muertes de Cárdenas y Carrasco. Descartó que el asesinato de Diego Bonefoi a manos del policía Sergio Colombil, que al cabo resultó el detonante de las protestas frente a la comisaría, fuese “un caso aislado de gatillo fácil”, y lo definió en cambio como “violencia institucional”.

“Porque esta es una práctica estructurada por parte de los funcionarios públicos que detentan el uso de la fuerza para con los ciudadanos”, describió la abogada, “violencia que ejercen despojándolos totalmente de sus derechos"; y señaló que, "hemos visto en este debate una estigmatización hacia el grupo de personas que vive en la zona del Alto, de parte no solo de los imputados, sino también de parte de todas las personas que han venido a deponer aquí. Les ponen un rótulo lombrosiano. Desde aquel entonces fue así y no ha cesado”.

 

Natalia Araya (Fotografía José Luis Zamora)

 

En buena medida, entendió Natalia Araya, la misma violencia institucional que llevó a la muerte a Sergio Cárdenas y a Nicolás Carrasco, es la que alentó las dilaciones en un proceso que a la justicia le insumió 8 años poder llevar a instancias definitorias.

Recordó las palabras del médico forense Leonardo Saccomanno, cuando dijo que “la ciudad tuvo suerte de que no hubiera habido más muertes”, y en el mismo sentido, “al menos una vez por semana hay una persona golpeada con detención ilegal en el cuerpo médico forense”; vale decir, que para Araya, las condiciones que hicieron posible la jornada del 17 de junio de 2010 aún están vigentes.

En referencias anteriores al caso, este medio recogió las palabras de la ex Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, cuando denunció que el accionar abusivo era intrínseco de la policía de la provincia: “La mala fama de la Policía de Río Negro viene de lejos”, dijo en aquel momento, y agregó: “en este marco, era previsible lo que sucedió en Bariloche”.  

En ese contexto Natalia Araya señaló: “Ha habido también provocaciones y ocultamiento de la información; los familiares solos, en forma aislada comenzaron con su pedido de justicia. Ha sido un proceso que ha tardado 8 años por la cantidad de dilaciones que ha tenido”. Aunque luego agregó: “Pero la verdad no se pudo ocultar, y esa verdad estuvo en este juicio; la pudimos escuchar de boca de los testigos”.

Sobre las conclusiones aportadas por los peritos durante las audiencias fundó la abogada la reconstrucción de los hechos de aquel día y sostuvo la imputación de “homicidio en riña agravado por el uso de armas” para los policías Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo, quienes en 2010 prestaban servicios en la comisaría 2°, y pedir su condena a prisión por 8 años más 16 de inhabilitación.

 

Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo (Fotografía José Luis Zamora)

 

 “Esa (la 28) era una comisaría de tortura; una comisaría a la que las madres tenían que ir a la madrugada para recuperar a sus hijos, y se los entregaban totalmente golpeados”, aseguró Araya.

En aquellos años no había un servicio de protección integral a los adolescentes, que eran “verdugueados, golpeados y detenidos”. Según explicó la abogada, solo el 10% de esos abusos eran denunciados, y una parte ínfima alcanzaba el curso de un proceso judicial. “Teníamos la muerte de este niño (diego Bonefoi, de 15 años) y toda una vivencia previa”, dijo, y se preguntó: “¿frente a eso, qué se podía hacer?”.

“Lo que hubo”, resumió, “fue un grupo de adolescentes (no más de 10 durante la mañana, según determinaron las pericias) que estaban pidiendo justicia por la muerte de su amigo, asesinado a sangre fría de un disparo en la nuca”, cuestión que desencadenó una reacción “excesiva y desorganizada” de parte de la Policía; un hecho que confronta los argumentos de los ex jefes policiales que en su defensa echaron mano a las ideas de “caos” y de “batalla campal”.

Araya apartó la función de la Brigada de Operaciones, Rescate y Anti tumultos (BORA) que “se encargaba de disuadir, de repeler”, del grupo de policías convencionales “que se encargaban de reprimir”.

“Por eso decimos que no hubo una protesta social aquella mañana (porque), la protesta social la generó la policía con su accionar represivo”, y se desencadenó a la tarde.

Durante las audiencias pudieron observarse imágenes en las que se veía como el personal de la BORA avanzaba y retrocedía manteniéndose a distancia de los manifestantes, en tanto el personal policial “respondía tirando piedras y disparando”, describió Natalia Araya; “el personal policial ni siquiera tenía visión de lo que estaba pasando afuera, abrían la puerta (de la comisaría)y salían disparando con las armas a 90 grados, en un descontrol total; eso generó más violencia, y que la gente se fuera acercando cada vez más”. En efecto, esas imágenes fueron captadas por Canal 6.

 

 

 

Del resumen de las declaraciones durante el debate, quedó claro que el recuerdo de las órdenes impartidas en el sentido de “disuadir a los manifestantes”, “proteger la unidad” o “no llevar munición de plomo”, forma parte del acervo único de los ex jefes policiales, solo hasta el nivel del ex comisario Jorge Carrizo, jefe de la 28. El personal subordinado que testificó, por el contrario, no tenía registro: “no sabían a dónde los mandaban”, es la presunción de Araya, “algunos, creo yo, ni sabían por qué estaban ahí”.

“Los mandaban a poner el cuerpo, porque no tenían cómo cubrirse; ni siquiera tenían escudos. No estaban preparados”. Y agregó la abogada “le daban la escopeta a cualquiera, supiera o no usarla, y todo eso es responsabilidad de los jefes”.

“Había personal que hacía y deshacía a su antojo, y (el ex comisario, Jorge) Carrizo ni sabía que estaban en el lugar: ¿qué control podía tener?”, se preguntó Araya, “la violencia y el descontrol eran tan grandes que representaban (los policías) un peligro, no solo para los manifestantes, sino también para ellos mismos”.

“A Cárdenas y a Carrasco las balas que les extrajeron eran de plomo, sobre eso no hay discusión; en esa represión del 17 de junio utilizaron plomo”, enfatizó.

Y luego, “Han dicho que las órdenes dadas fueron las correctas, y que las volverían a dar, ¿cómo puede ser?: hubo dos muertos; esas órdenes no pueden ser correctas, por el contrario, son abusivas, arbitrarias y contrarias a Derecho”.

 

Ex comisario Jorge Carrizo (Fotografía José Luis Zamora)

 

Al fundamentar los pedidos de condena para los ex comisarios Jorge Carrizo, titular de la comisaría 28; Jorge Villanova, ex jefe de la Policía de Río Negro; Argentino Hermosa, entonces jefe de la Regional III, y el ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, a quienes se les reprochan los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia en su acción, Natalia Araya los responsabilizó además por haber roto la cadena de mando.

“Jorge Villanova”, razonó, “autorizó a Hermosa a retirarse con él de la ciudad. Por el contrario debió haberle ordenado permanecer en el lugar, porque justamente (Víctor) Cufré, como secretario de Seguridad, el propio Villanova, como jefe de la policía, y Hermosa, como jefe de la Regional III, eran los competentes y preparados para conducir y controlar a los policías”.

Casi todos los jefes policiales destacaron durante sus testimonios la organización vertical de la institución; más aún, Argentino Hermosa llegó a decir: “Soy un hombre disciplinado y entiendo a la verticalidad policial como una forma de vida”.

 

Ex Jefe Regional III, Argentino Hermosa (Fotografía José Luis Zamora)

 

Sin embargo, ilustró la abogada, “Hermosa nunca le pasó el mando a Fidel Veroíza (su segundo jefe), no lo dejó en funciones. Veroíza se enteraba de muy poco y de revuelo, y ni siquiera por una línea (de comunicación) normal. Se le había dicho que vaya a hacer un trabajo administrativo".

Y agregó: "la Regional III quedó totalmente acéfala, y a Veroíza no se le pidió nunca que vaya a la comisaría 28. Hermosa tampoco le informó al ex ministro de Gobierno (Diego Larreguy) el estado en el que estaba todo, y que había menores involucrados”.

Según se comprende del alegato de Natalia Araya, el caos institucional se trasladó a las calles en torno a la comisaría 28 y resultó el ambiente propicio para que se cometieran los asesinatos.

En el caso del ex segundo jefe de la Regional, Fidel Veroíza, la querella resolvió no acusar.

Dijo Araya, “las víctimas no buscan la condena por la condena, lo que buscan es la verdad. No se está buscando revancha, se está buscando verdad y justicia”.

Sí en cambio cargó contra los ex jefes Carrizo, Villanova y Hermosa, y el ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, quienes viajaron cerca de las 14 hacia El Bolsón  a un encuentro con familiares del médico policial, Guillermo Neuman, asesinado tres meses antes.

“En el bolsón no había riesgo de conflicto ni de ninguna protesta. No corría riesgo la vida de ningún ciudadano. Era en Bariloche donde sí existía ese riesgo. Era donde los jefes debían estar y no estuvieron; y no estuvieron por elección. Decidieron irse de Bariloche y dejar hacer y deshacer”, aseguró Araya.

“Imagínense qué tan importante era la reunión a la que fueron y qué tan grande era la conmoción social que había en El Bolsón”, ironizó la abogada de la querella, “que el encuentro duró tan solo 50 minutos, y después, a las 12 de la noche, terminaron comiéndose una parrillada. Mientras tanto en Bariloche teníamos dos muertos y una enorme cantidad de lesionados. Esa es la importancia que le dieron a aquel 17 de junio y que le continúan dando”, concluyó.

Para todos ellos, Araya pidió 6 años de prisión efectiva y 12 años de inhabilitación.

 

Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas (Fotografía José Luis Zamora)

 

**

Sergio Cárdenas fue herido a las 17,38 y 40 segundos del 17 de junio de 2010.

El trayecto del plomo fue ligeramente hacia arriba, hacia adelante y a la derecha. Ingresó al tórax por el quinto espacio intercostal posterior, atravesó el lóbulo medio del pulmón izquierdo y siguió su trayecto atravesando el pulmón derecho, alojándose  en el espacio intercostal anterior al cuarto y quinto arco costal. Falleció por un shock hipovolémico producto de la hemorragia intertorácica provocada por la lesión del proyectil de un arma de fuego policial.