Weretilneck quiere cortarle el agua a quienes se atrasen en el pago

El Gobernador envió a la Legislatura un proyecto de Ley para cortar el servicio de agua potable y cloacas a quien no abone el servicio, aún cuando ese servicio esencial está garantizado por convenciones internacionales.

25/11/2018
Río Negro
Carolina González

(foto Prensa Provincia)

El agua potable es un “elemento esencial del derecho a la salud de todo ser humano”, así consagrado por Convenciones Internacionales y protegido por fallos de la Corte Suprema de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Sin embargo el Gobierno de la Provincia quiere implementar el corte del servicio para quienes se demoren más de 15 días en pagar el servicio.

Un proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo -que se podría aprobar antes de fin de año si así lo decide el oficialismo-, modifica el marco regulatorio para la prestación de los servicios de agua potable, desagües cloacales, riego y drenaje en la Provincia (Ley 3183).

En la carta de elevación de la iniciativa, que lleva la firma del Gobernador Alberto Weretilneck, pero no así de sus ministros (por lo cual el tratamiento legislativo es de dos vueltas), asegura que el objeto de esta modificación es “dotar a la empresa concesionaria del servicio de agua potable y desagües cloacales de mayores herramientas, con el objeto de prestar un servicio de calidad, con eficacia, eficiencia y economicidad”.

Para ello, propone “acotar los plazos para reducir el caudal o cortar el suministro de agua de aquellos usuarios residenciales que no tengan voluntad de pago, de aquellos que hayan suscripto un convenio de pago y no lo cumplan (...) todo ello con el único y loable objetivo de lograr que abonen los servicios prestados oportunamente”.

 

De aprobarse estas modificaciones, el concesionario del servicio de agua potable y cloacas, estará facultado para reducir el servicio “mediante la colocación de limitadores de caudal o de presión” una vez que haya enviada una notificación simple, por correo, teléfono o mail; mientras que en la actualidad, se necesita una notificación fehaciente.

Pero como si esa medida punitoria no fuera suficiente, el proyecto avanza hacia el corte del servicio, un punto que corre el riesgo de chocar con una serie de doctrinas jurídicas vigentes.

“Si el usuario no regulariza la deuda en un plazo de quince días desde la reducción del servicio, el concesionario queda facultado para proceder, sin más, al corte de los servicios”, dice el proyecto, sin tapujos.

La Corte Suprema de Justicia, en el 2014, falló a favor de un grupo de amparistas del partido de 9 De Julio, provincia de Buenos Aires, que realizó un reclamo contra Aguas Bonaerenses S.A. Sin bien la queja resuelta por los jueces en esa oportunidad tenía como núcleo un reclamo sobre la calidad del agua, sentaron jurisprudencia al determinar que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por -los jueces”, sentenciaron Juan Carlos Maqueda, Elena Higthon de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt.

En tanto, el Superior Tribunal de Justicia rionegrino tomó esa doctrina y a través del fallo Goytia, Alejandra Isabel c/Aguas Rionegrinas S.A. sobre amparo (Expte.Nº 27689/15-STJ) le dio la razón a la Defensora General, en ese momento Rita Custet , que antepuso un recurso por una familia de San Carlos de Bariloche, a quien le negaban el acceso al agua potable.

 

En ese fallo, se destaca nuevamente que el acceso al agua potable es un “derecho fundamental” y se resalta en ese sentido lo que establece el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en tanto exhorta a los Estados a que "velen porque todas las personas tengan acceso sin discriminación a recursos efectivos en caso de violación de sus obligaciones respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento”.

También se menciona a la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “en cuanto establece la obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio del derecho al agua sin discriminación alguna, y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”.

La empresa prestataria de servicio de agua potable y cloacas de mayor alcance en la Provincia es la estatal Aguas Rionegrinas S.A, que en este momento se encuentra intervenida.

En los últimos meses, ARSA y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) se mostraron preocupados por la falta de eficiencia en el cobro de los servicios y en este año el Gobierno promovió una reactualización cuatrimestral de la facturación y un aumento de la tarifa residencial del 95.7 por ciento.

Ahora además, quieren concentrarse en las intimaciones y el corte del servicio a quien no tenga dinero para pagar, independientemente de que haya sido consagrado como un derecho humano fundamental.