La ilusión de acceder a las escrituras, en riesgo por el valor fiscal de la tierra

El promocionado proceso de regularización dominial a través de la Ley Pierri, chocó contra el tope en el precio de la propiedad fijado por el Fondo Nacional del Vivienda. “Sólo ingresarían al beneficio un número muy pequeño de vecinos”, admitió el IMTVHS. Malestar en el Consejo Social de Tierras, que exige sesionar con la presencia de Gennuso.

30/11/2018
Bariloche

 

Un informe interno del Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social fechado el 16 de noviembre -al que accedió En Estos Días-, advierte las “problemáticas que resultan necesarias que se resuelvan con suma urgencia para poder avanzar con la implementación de la ‘Ley Pierri’”.

Luego de meses de trabajo, promoción mediática y territorial, y la recepción de carpetas de cientos de familias de bajos recursos de todo el ejido municipal, el municipio colisionó con escollos que extrañamente no detectó al principio del proceso: “Necesitamos en forma urgente que se dicte acto administrativo fijando el valor máximo de valuación fiscal” y que “quede claro si se va a tomar únicamente el valor del terreno o de lo edificado también”, requirió el equipo técnico.

Los altos valores de la tierra en Bariloche impedirían a las familias acceder a la escrituración de sus propiedades: “Si tomamos en cuenta las valuaciones fiscales de FONAVI, estaríamos hablando que sólo ingresarían al beneficio un número muy pequeño de vecinos, atento a que la valuación fiscal máxima fijada por la mencionada Institución sería de aproximadamente 130 mil pesos”, alertaron en el informe.

Requirieron que sea el IPPV, como autoridad de aplicación, quien defina el tope, aconsejando -en función de los expedientes en trámite- que no sea menor al 1,5 millones de pesos, en caso de considerar la superficie construida. Es decir, más de un 1.000 por ciento por encima de lo contemplado por el FONAVI.

 

Existe también una diferencia en la interpretación del decreto reglamentario de la Ley: el IMTVHS entiende que la fecha de corte es diciembre del 2006 y los escribanos, enero de ese año. En el medio, muchas de las 383 familias que presentaron sus legajos entre 2014 y 2015, y que ya entregaron el plano de mensura, requisito que implicó “un gasto importante para sus arcas familiares”. 

De primar la interpretación de los escribanos, quedaría fuera del proceso después de cuatro años de gestiones y recursos invertidos en el proceso. Consecuentemente, los técnicos del instituto solicitaron que el gobierno gestione la ampliación de los plazos ante la Legislatura de Río Negro. En el informe, destacaron su propio trabajo, pero advirtieron que “no se verá reflejado en el resultado final (Escrituras) hasta tanto no se resuelvan estas cuestiones”.

Este documento se presentó en una tensa reunión del Consejo Social de Tierra, este miércoles. "La gran mayoría de los expedientes, con estos topes, no son viables y volverían para atrás”, anticipó el concejal Daniel Natapof (FpV), integrante del espacio consultivo que debe sesionar en forma periódica,  “pero hace meses que la presidencia del IMTVHS no lo convocaba”.

Daniel Natapof

La situación de la Ley Pierri era uno de los tres temas incluidos en el orden del día de la sesión citada por el presidente de IMTVHS, José Mella, quien faltó al encuentro. Para las otras temáticas, no hubo funcionarios de áreas competentes. 

El desplante, la informalidad, urgencia y falta de promoción de la convocatoria a la reunión, ofuscó a las organizaciones integrantes del Consejo Social de Tierras, quienes presentaron un reclamo al Intendente, requiriéndole su presencia en un próximo encuentro.

Natapof cuestionó la “falta de responsabilidad del gobierno, que generó grandes expectativas en numerosas familias de bajos recursos, las empujó a gastar dinero para poder presentar toda la documentación necesaria, y ahora no puede avanzar con la regularización”.