Ese oscuro objeto: La Policía

La justicia dará a conocer esta semana las sentencias en los juicios por los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, en 2010, y la muerte aún no esclarecida de Guillermo “Coco” Garrido, ocurrida en 2011 dentro de la comisaría 12 de El Bolsón. Por acción u omisión, ambos casos tienen como denominador común a la Policía de Río Negro.

03/12/2018
Bariloche

 

Durante el último año y medio las causas abiertas por abusos cometidos por la fuerza, roza el centenar. Es una constante: cuando ocurrió la muerte de Garrido (período 2011/ agosto de 2012) fueron 103, todas en la Tercera Circunscripción judicial, que abarca Bariloche, Dina Huapi, Comallo, Pilcaniyeu, Jacobacci, El Bolsón y Ñorquinco.

No todas las causas evidentemente son por homicidio, como en los casos de Cárdenas y Carrasco. Pocas las que llegan a juicio, y muchas menos las que terminan en condenas.

Por lo pronto, este año hubo siete sentencias a perpetua para los policías autores de la desaparición y muerte del joven salteño, Daniel Solano. La justicia demoró casi 7 años en definir el proceso. Para Cárdenas y Carrasco la espera fue de 8, y 7 años debieron esperar también los familiares de Guillermo “Coco” Garrido para llegar a esa instancia.

(foto José Luis Zamora)

Hechos gravísimos que involucran a la Policía de Río Negro acumulan fojas en voluminosos expedientes que no muestran actividad ni progreso.

Una pesquisa rápida a través de un buscador en internet arroja un resultado tan abrumador de referencias periodísticas a casos de vejaciones, apremios ilegales, abusos y muertes a manos de la policía provincial que en cualquier momento y lugar significarían un escándalo. Algo que debiera por lo menos llamar la atención a los habitantes de esta Provincia.

Si la búsqueda se sistematiza, aún emerge una constatación desoladora: siempre fue así. Y no es solo que el poder político en tiempos de democracia haya fracasado en el intento de ponerle freno a la violencia de Estado, ni siquiera existen señales ni atisbo de idea de ningún Gobierno para encarar una reforma seria.

El caso de un adolescente del barrio 2 de Abril, que perdió su ojo derecho y recibió múltiples heridas como consecuencia de un escopetazo con postas de goma, por causas que la propia policía aún no ha podido explicar, sumado a la medida cautelar dictada por la jueza de Familia, Marcela Pájaro, a comienzos de año, intentando acotar la brutalidad policial, son indicios de que nada ha cambiado.

Durante las jornadas de audiencia por los crímenes de Cárdenas y Carrasco, un jefe policial aseguró que la fuerza tenía “una formación humanista”, afirmación que los familiares de los jóvenes muertos y los espectadores recibieron con un murmullo indignado.

 

II

 

Estos procesos, que llegarán a sentencia, son los primeros que incluyen a una cúpula policial completa, y los primeros en los que la justicia convoca -aunque solo en calidad de testigos- a los responsables políticos de la fuerza de seguridad provincial. Nada de esto es evidencia de cambio.

(foto Alejandra Bartoliche)

El tiempo transcurrido, la elusión y el encubrimiento, imbricados en fuerzas judiciales ocultas, muy probablemente redunden en condenas livianas, sino acaso en nada. Servirá en todo caso para evidenciar -más que nunca- una trama de intereses políticos, económicos y enclaves de poder espurio de larguísima data en la provincia.

En los casos de Sergio Cárdenas, de 29 años, y de Nicolás Carrasco, de 16, están acusados el ex secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré; Jorge Villanova, jefe de la Policía; Argentino Hermosa, jefe de la Regional III; Fidel Veroíza, segundo jefe de la Regional; Jorge Carrizo, titular de la unidad 28, por haber actuado con negligencia, y los policías Víctor Darío Pil, Marcos Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo, señalados como responsables de los disparos que mataron a Cárdenas.

Para ellos la abogada querellante, Natalia Araya, pidió 8 años de prisión, y 6 para los jefes policiales (con exclusión de Fidel Veroíza).

En el caso de Nicolás Carrasco, la abogada de la familia, Marina Schifrin, dio por probado que fue el accionar negligente, la impericia y la falta a sus obligaciones como funcionarios públicos del ex secretario Víctor Cufré y los jefes policiales, lo que ocasionó la muerte del joven, y pidió para ellos la pena de 6 años de prisión efectiva, inmediata y preventiva, y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas (foto José Luis Zamora)

Ambos pedidos en disidencia con la Fiscalía, que solicitó al tribunal condenas de 4 años de prisión para los tres exjefes policiales y los tres policías involucrados, y excluyó al jefe policial, Fidel Veroíza, y al ex titular de la 28, Jorge Carrizo.

Este martes a las 10, los jueces Marcelo Barrutia (presidente), Emilio Riat y Juan Lagomarsino, darán a conocer la sentencia.

 

III

 

También durante el gobierno de Miguel Saiz, el 13 de enero de 2011, Guillermo “Coco” Garrido murió mientras estaba encerrado en la comisaría 12 de El Bolsón. Había sido detenido por conducir en estado de ebriedad, y pocas horas después apareció ahorcado con su cinturón. Basados en una autopsia -hoy cuestionada- la instrucción determinó que se trató de un suicidio.

La perito criminóloga Emma Creimer demostró durante las audiencias que concluyeron la semana pasada que se trató de un suicidio por mano de los policías que lo custodiaban. Según la especialista, a Garrido lo desmayaron de un golpe y luego lo colgaron.

”Coco” Garrido

El jefe de fiscales, Martín Lozada, fue el juez interviniente en los casos de Cárdenas y Carrasco, y también en el de Garrido. Lozada no tomó en cuenta a la perito que llegó a la audiencia convocada por la familia.

Los fiscales pidieron al tribunal, integrado por los jueces Sandro Gastón Martin, Gastón Pierroni y Gustavo Quelín, que condenen a los policías Laura Leiva y Emilio Oyarzún por el delito de homicidio culposo.

Pero la abogada de la familia, Marina Schifrin, contradijo la hipótesis de que Garrido se había suicidadoy basada en las conclusiones de la perito Emma Creimer, planteó que a Garrido lo mataron en el calabozo.

También el martes, a las 15, luego de la lectura de la sentencia por los casos de Cárdenas y Carrasco, el tribunal dará a conocer su resolución sobre el caso Garrido.

 

IV

 

Existe un trabajo del doctor en Historia e investigador, Rubén Suárez, titulado “La construcción del enemigo interno en la Policía de Río Negro”, cuya lectura es recomendable para discernir en parte, cómo se diseñó en el imaginario policial el objeto social de la fuerza, y cuáles sus efectos ulteriores.

Una estructura profunda de la policía provincial que no ha variado desde su creación.

Para el autor “la policía (de Río Negro es) una fuerza con trazos culturales militaristas e indeleble construcción corporativa”, y establece el origen de este fundamento durante el período democrático 1973-1975, con la designación del comandante de Gendarmería (R) Benigno Mario Ardanaz. La policía de Río Negro tuvo desde su creación en 1957, y hasta el inicio del período democrático en 1983, la tradición de nombrar al frente de la fuerza a oficiales del Ejército o de la Gendarmería Nacional en situación de retiro.

(Foto Alejandra Bartoliche)

Ya entonces se establece el carácter de “frontera” de una fuerza que actuó siempre en un territorio difuso, que se angosta o se ensancha, entre la preservación de las leyes y el Estado de Derecho y el accionar delictivo.

Ardanaz fue señalado como el “dueño” y organizador del juego clandestino en el Alto Valle; acusado incluso de perseguir a militantes políticos y miembros del gabinete del entonces gobernador Mario Franco. Entre sus actividades sospechadas figuran los atentados con explosivos a los domicilios del ministro de Gobierno, Jorge Frías; al secretario de Planeamiento, Remo Costanzo; al ministerio de Economía, y al edificio de LU 15, Radio Viedma, y la lista es larga.

Este antecedente y el formato adquirido durante la dictadura militar, consolidaron el espíritu que refleja la policía provincial en su accionar, como poder autónomo, que ningún gobierno ha intentado o logrado modificar.

En años más recientes, otro caso emblemático fue el del comisario Rubén Elosegui, forzado a abandonar la jefatura por su vínculo directo en el encubrimiento del triple crimen de Cipolletti en 1997. Protegido del gobernador Pablo Verani, Elosegui había sido Jefe de Operaciones de la fuerza durante los años de dictadura.

No es casual el vínculo de la policía de Río Negro con el Servicio de Inteligencia provincial, denominado “Plan Martillo”, desplegado durante el período de facto; por el contrario: hasta la renuncia de Elosegui, resultó el principal abrevadero de la fuerza.

 

Durante los últimos 20 años las causas (que incluyen múltiples homicidios) seguidas contra oficiales de la policía provincial no cesan de aumentar. Entre los de mayor impacto público, el caso Atahualpa Martínez Vinaya (2008), aún impune, contiene trazas que apuntan a la complicidad policial. La desaparición seguida de muerte de Daniel Solano (2011); los casos del agente Lucas Muñoz y de la joven Micaela Bravo (2016); los de Sergio Cárdenas y Nicolas Carrasco (2010), y el de Guillermo “Coco” Garrido (2011).

Estos últimos alcanzarán sentencia esta semana. De la decisión de los jueces dependerá en primer lugar que un tardío alivio de justicia llegue a los familiares, que muchas veces en soledad y durante años empujaron para llegar a esta instancia; pero además, de ellos dependerá adentrarse o no, en ese territorio de sombras inciertas, donde habita la policía rionegrina.