Como el bono de “fin de año”, la caída de la cautelar por Catedral llegará en 2019

El Superior Tribunal de Justicia postergó hasta después de la feria su fallo con el que dará vía libre al acuerdo entre la empresa CAPSA y el Intendente Gennuso. En febrero o marzo, el Municipio podrá avanzar en la firma de la prórroga del contrato que eternizará a la empresa en el manejo del cerro.

27/12/2018
Bariloche

 

No será en diciembre como se preveía, sino después de la feria judicial de enero. Al igual que los estatales rionegrinos, quienes cobrarán su bono de "fin de año" durante los meses en 2019, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) harár caer la medida cautelar que frenó el acuerdo entre la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) y el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

Seguramente con voto dividido, la integración especial del STJ -Sandra Filipuzzi subroga al recusado Enrique Mansilla- cuestionará que ese acuerdo cuestionado con el amparo se vio superado por la aprobación de la ordenanza correspondiente (N° 2929/18) en el Concejo Municipal de Bariloche, y por lo tanto la medida resulta abstracta.

Ya en un mismo sentido se pronunció el Procurador General, Jorge Crespo, quien entendió que la medida cautelar otorgada por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Bariloche devía ser “revocada”

Así, hasta tanto una nueva medida pueda presentarse, el Intendente Gennuso tendrá vía libre para rubricar el contrato que le permitirá a la empresa concesionaria de los medios de elevación, extender su presencia en el cerro Catedral hasta 2056. Además, le autorizará la realización de un millonario emprendimiento inmobiliario en 70 hectáreas ubicadas en la base del cerro.

Fuentes del STJ confirmaron a En estos días que los integrantes del máximo órgano cuerpo judicial “están votando”, y aunque no pudo precisar fecha de presentación del fallo confió que sería “después de la feria”.

Integrantes del STJ

El Superior Tribunal avalará a posición de la Asesoría Letrada del Ejecutivo municipal, que en la apelación a la cautelar -presentada por el legislador del Frente para la Victoria (FpV), Alejandro Ramos Mejía, y adhirieron la legisladora Edith Garro y los concejal Daniel Natapof y Ana Marks- tildó la medida de abstracta, ya que el acta de intención firmada entre las partes había sido mejorada, desde el punto de vista institucional, por la ordenanza del Concejo.