Pasó otro año y los cesanteados por la dictadura siguen esperando

La Ley de Reparación Económica demoró dos años en ser reglamentada. Durante el 2018 se les solicitó a los trabajadores más requisitos para poder ser compensados. Burocracia y falta de voluntad política dilatan los pagos de las indemnizaciones.

19/01/2019
Río Negro

Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro

Pasaron tres años y medio desde que la Legislatura creó el Registro Provincial de Reparación Histórica -a través de la ley 5240-, con la función de brindar una indemnización para aquellos trabajadores estatales rionegrinos que fueron despedidos, prescindidos o forzados a renunciar a sus puestos durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

Lo que en su momento fue un avance en materia de reconocimiento a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, nuevamente en Río Negro la práctica toma distancia de la normativa, y desde mayo de 2015 aproximadamente 300 rionegrinos que se anotaron para ser beneficiarios siguen esperando.

Mientras continúan las promesas de pago por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, a medida que pasa el tiempo se reduce considerablemente el dinero que el Gobierno provincial planea destinar a este tema.

En mayo de 2015 fue aprobada la iniciativa original del legislador (mandato cumplido) Alejandro Betelú, pero recién en junio de 2017 el Ejecutivo que conduce Alberto Weretilneck la reglamentó. La partida presupuestaria asignada en ese año era de 70 millones de pesos. En el año 2018 esa suma se redujo a 10 millones de pesos. Ninguna de las partidas fue ejecutada.

Aún no se sabe a cuánto ascenderá el monto del presupuesto para el 2019, ya que el proyecto que se aprueba todos los años en la Legislatura rionegrina no presenta discriminación por partidas.

Sin embargo, en el Boletín Oficial del jueves 18 de enero, se publicó el decreto a través del cuál se autoriza a la cartera de Economía a colocar bonos de deuda pública por un monto total de 1.500 millones de pesos para aplicarlos, entre otras cosas “a las obligaciones previsionales, de naturaleza salarial o derivadas de daños a la vida, la salud o la integridad física u obligaciones originadas en la Ley Provincial N° 5.042”, es decir, la reparación para los cesanteados durante la dictadura.

Otra de las grandes dudas que mantiene en vilo a los trabajadores, es quiénes serán finalmente beneficiarios de la Ley, ya que el listado original fue reducido considerablemente por un nuevo decreto que el Gobernador emitió a mediados del 2018, donde se solicitaba mayores requisitos y la revisión de todos y cada uno de los expedientes.

A ciencia cierta, no se sabe qué cantidad de rionegrinos están en condiciones de acceder a la reparación, ni en qué fechas el gobierno provincial comenzará con los pagos. El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, no brindó información a este medio, aunque a otros actores interesados les informó que por lo menos una veintena de expedientes fueron enviados al Ministerio de Hacienda para que se abonen.

Duilio Minieri

Mientras tanto, quienes perdieron su trabajo en el Estado por imposición del Gobierno de facto, siguen peregrinando para que se cumplan sus derechos.

 

La muerte no espera

 

“En estos tres años de espera, ya fallecieron cuatro compañeros”, repite Oscar Zapata, despedido, detenido, torturado y perseguido político durante la última dictadura cívico-militar. Asegura que piden celeridad porque “muchos ya tienen una edad avanzada y con sus problemas de salud, esta platita la necesitan”.

Zapata era trabajador del IPPV y ya en ese momento representaba sindicalmente a sus compañeros. Hoy es una de las cabeza de la Confederación General del Trabajo (CGT) Zona Atlántica.

Carlos Velázquez y Dionisio Sacco, también eran trabajadores de la construcción, contratado por el Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV). Fueron los primeros en motorizar el reclamo por el cumplimiento de la ley de reparación.

Aseguran que el Instituto fue el lugar donde más cesantías se registraron “porque hacíamos vivienda de bien social y eso molestaba a la patria contratista de ese momento. Éramos 800 personas en el Instituto distribuidos en toda la provincia, luego quedó apenas un grupito en Viedma que hacía el mantenimiento”.

Los trabajadores rescatan el diálogo permanente con las autoridades, especialmente con el Secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, pero no ven los resultados.

“Minieri asegura que los papeles están bien, pero hasta ahora nadie cobró, supuestamente hay un listado como de 30 personas, pero creo que son los que pertenecían a la Legislatura. A nosotros nos están buscando algún pero”, dice Sacco.

La reparación histórica representa un promedio de 30 salarios mínimos, vital y móvil por cada trabajador.

“Creemos simplemente que falta voluntad política para pagar”, concluye Zapata y ruega que el 2019 llegue con mejores noticias para los cesanteados.